Los programas asistencialistas han sido descalificados por diversos organismos, debido a que hasta el momento, ninguno ha posibilitado abatir la pobreza ni reducir las desigualdades sociales.

A pesar de estas consideraciones, durante la candidatura a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó un ambicioso proyecto asistencial en el que estaban consideradas las personas de la tercera edad ( de 68 años en adelante para la población en general y en las comunidades indígenas, de los 65 en adelante), las personas con una discapacidad en situación de vulnerabilidad, los estudiantes y las personas que no trabajan ni estudian de los 18 a 29 años de edad, para continuar sus estudios o bien, mientras reciben capacitación para el desempeño de alguna actividad productiva.

Pero, al margen de la postura de los organismos que rechazan los programas sociales bajo el argumento de que poco ayudan al desarrollo de la nación, es necesario señalar que para la población en condiciones de pobreza extrema, el apoyo ha llegado a resolver necesidades tan elementales como es el de la alimentación.

Es necesario aclarar, que el programa para los adultos mayores, se generalizó en el país después de que Obrador, lo diseñó y aplicó de manera exitosa en el entonces Distrito Federal, siendo Jefe de Gobierno. Ante las frecuentes descalificaciones sobre su proyecto asistencial, Andrés Manuel, aclaró en su momento que éste, iría acompañado de programas de desarrollo en el que el fomento al empleo, sería uno de los cimientos fundamentales de su gobierno.

Bajo estas circunstancias, su triunfo en las elecciones abrió la posibilidad de desarrollar el proyecto citado, para lo cual, se crearon brigadas de encuestadores voluntarios, a los que simbólicamente denominó servidores de la nación.

No obstante los buenos propósitos, y el sentido humanitario de los programas asistenciales y al margen de las notas adversas o positivas, que en torno a ellos se ha considerado, el manejo de los mismos siempre ha abierto las puertas a actos de corrupción, sobre todo cuando los responsables del mismo en sus respectivas regiones, se encuentra ante la posibilidad del registro de personas que no reúnen los requisitos pero son admitidos (as) o hasta la incorporación de personas ya fallecidas en las listas de beneficiarios y otras situaciones más.

Como puede inferirse, un programa de tales dimensiones va a enfrentarse a múltiples problemáticas. El éxito o fracaso no solo dependerá de la capacidad de los responsables regionales sino de su compromiso y lealtad al gobierno que se supone, representan.

En este sentido, en algunas regiones del país se han registrado ciertas irregularidades en el desarrollo del programa.

El desencuentro de gobiernos, producto de visiones opuestas, genera la dispersión de los esfuerzos y hasta el desinterés o desdén para su debida atención.

El caso de Jalisco es emblemático de lo que aquí señalo: al Estado llegó un gobernador de filias ultraderechistas. Los programas asistenciales o los que se inclinan al apoyo de la población marginada, simplemente están excluidos de su programa de gobierno. Es natural que el apoyo a un programa federal de carácter social, no tendrá cabida dentro de sus intereses gubernamentales. Sí a este hecho, sumamos la participación de Carlos Lomelí Bolaños como coordinador estatal, persona poco comprometida con el proyecto de los programas sociales implementados, se entiende el porqué se han presentado irregularidades, empezando por la prevaleciente desinformación.

Se tienen datos que en algunos lugares de Zapopan, se prioriza el número de los encuestados por encima de la fidelidad de los datos recabados.

Una de las últimas situaciones que generó el descontento de los servidores de la nación en esta región, fue el anuncio de la falta de sus incentivos, una cantidad mínima que recibían por el trabajo desempeñado y que tiene la intención de compensar el esfuerzo de los voluntarios, la exigencia de cubrir un horario ampliado a fines de semana y la inseguridad de incorporarlos como trabajadores de base, promesa con la cual fueron cooptados como voluntarios.

El caso de Jalisco, viene a replicar el de Nayarit, que ante la ausencia de un compromiso real de parte de los coordinadores, se descuida el sustento que posibilita la seguridad del programa social: los censos. Seguramente a lo largo del país se multiplican situaciones semejantes.

¿Tendrá el gobierno, la capacidad de detectarlos, atenderlos y corregirlos ?