México (PL) El abstencionismo, pegado al 60 por ciento en los comicios locales del domingo 7 de julio en México, fue quizás lo más llamativo de estas elecciones pero pasó a último plano en las noticias de la nación. A esas elecciones debieron concurrir casi 30 millones de mexicanos (la tercera parte de los electores) en 15 de 32 estados del país para elegir más de mil 300 puestos entre diputados y alcaldes municipales. Datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares indican que en Baja California, único estado donde se eligió Gobernador, hubo un 39,4 por ciento de participación; mientras en Durango la asistencia fue del 57 por ciento. Algunas otras regiones reflejan también preocupantes tendencias: Zacatecas (43), Sinaloa (46), Quintana Roo (33) y Sonora (27). Para el presidente del Tribunal Electoral Federal, Alejandro Luna, el nivel de participación es «aceptable», aunque también dijo que «aún falta cultura cívica», según declaraciones reseñadas por el diario Reforma. A juicio del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el país necesita fortalecer su democracia, con instituciones que promuevan la participación ciudadana, garanticen la legalidad, imparcialidad, autonomía y certeza de los órganos electorales. Según ese organismo, el resultado de las elecciones, sobre todo la baja participación, obedecen a la «ausencia de campañas propositivas». En cambio el diario La Jornada, en su editorial del martes último, señaló que tal ejercicio electoral «fue el reflejo amplificado (…) de que las formas democráticas no parecen tener más objetivos que el reparto de cargos y posiciones de poder y el tránsito de sus integrantes de una a otra oficina pública y de un cargo de elección a otro». Democracia que más adelante el diario tildó de enferma, y definió a un electorado que no vio reflejado en las campañas sus principales problemas de desigualdad, pobreza, marginación, desempleo, crisis de los sistemas públicos de salud y educación, inseguridad y violencia, entre otros. LA VIOLENCIA COMO FACTOR DE RIESGO Colegios que abrieron tarde, una balacera contra la casa de una candidata municipal, quema de boletas, pintas en contra de determinados aspirantes, casillas movidas de lugar por protestantes, matizaron las elecciones mexicanas del domingo 7 de julio. Otras muchas causas pueden ser atribuidas al hecho de no ir a ejercer un derecho ciudadano, pero estas elecciones estuvieron antecedidas por actos de violencia contra candidatos, denuncias de fraudes, compra de votos y extorsiones. El izquierdista Partido Revolucionario Democrático (PRD), desde horas antes de las votaciones, denunció violencia al grado de alarma roja en ocho entidades: Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Sinaloa. Coparmex reclamó el propio domingo de votaciones a las autoridades mexicanas investigar y castigar a los responsables de los actos violentos e incluso de la muerte de una persona durante la jornada electoral. El organismo empresarial participó con más de 600 observadores electorales, en 12 de los 15 estados donde se realizaron elecciones, y a su juicio fueron preocupantes los hechos de violencia ocurridos en lugares como Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Puebla y Baja California. Es inaceptable que en un estado democrático, las elecciones estén marcadas por la violencia, señaló Coparmex en su exhortación a las autoridades mexicanas. Los procesos democráticos no pueden verse teñidos por hechos de tal gravedad. Aún nos queda un enorme camino por recorrer para asegurar la paz para todos nuestros ciudadanos, señaló el organismo en su texto ubicado en su página web. SHOW ELECCIONARIO Pasadas las votaciones, las diatribas entre panistas y priístas por el fronterizo estado de Baja California atraparon con más fuerza a todos los medios informativos de la nación, que comenzó cuando ambos partidos se adjudicaron al mismo tiempo la victoria. Al final ganó el Partido Acción Nacional (PAN), según organismos electorales, pero el Revolucionario Institucional (PRI) espera por el recuento oficial de votos -previsto del 10 al 14 de julio-, aunque la disputa de la victoria en algunos lugares podría llegar incluso a los tribunales. Por más que locales, estas elecciones de diputados y alcaldes municipales, desde un principio fueron marcadas como trascendentes por ser las primeras del período presidencial de Enrique Peña Nieto. También desde antes, durante y después de las votaciones, la supervivencia del llamado Pacto por México, firmado entre las principales fuerzas políticas de la nación en diciembre de 2012, ha estado condicionada al resultado de estos comicios y a la conducta de los partidos miembros de esa alianza en el proceso. La campaña electoral, sin ningún reparo en la obsesión de ganarla, ha llevado a la formación de alianzas de partidos, lo cual a algunos deja muy preocupados. Para La Jornada, surgieron en este proceso coaliciones que, «según sus principios declarados, resultan incompatibles», y citó en su artículo a la conformada por el PAN-PRD y Nueva Alianza en Baja California. Pasada la votación y previsiblemente ante los desencuentros entre partidos políticos, Peña Nieto convocó a todos los involucrados en el ejercicio electoral a acatar la decisión ciudadana expresada en las urnas. Coparmex por su parte, además de reclamar a los partidos políticos a actuar con transparencia, responsabilidad y legalidad, exigió que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investigue a fondo y sancione todas las denuncias por parte de la comunidad. La impunidad alienta la comisión del delito y México en un futuro necesita que sus servidores públicos, además de contar con el voto popular, respeten la ley, señaló ese ente. Comicios que fueron la crónica de una anunciada batalla por el poder, en una democracia con todo tipo de condimentos y picosa.