Por Arturo Ríos Ruiz

* Cobra vigencia el caso de los 43

*  Se suma el caso Yanqui Kothan

Ayotzinapa fue una hacienda de Sebastián de Viguri; en 1813; tras que José María Morelos y Pavón proclamó los Sentimientos de la Nación, impresionó hondamente al dueño, en especial, en la que llamaba a que “se aumentara el jornal del pobre, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

El 16 de septiembre de 1818, Viguri, repartió a campesinos sin propiedad, parte de las tierras de la hacienda para trabajarlas, y reservó el casco para que, con los productos y ventas de las cosechas, se apoyara económicamente a los ancianos, enfermos e inválidos.

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Más tarde, los terrenos pasaron al Ayuntamiento de Tixtla, hasta que en 1931 los profesores Rodolfo A. Bonilla y Raúl Isidro Burgos los solicitaron para establecer la Escuela Normal que accedió y destinó los terrenos a la construcción para la Escuela Normal Rural. Breve reseña para entrar al tema de hoy.

Atotzinapa se convirtió en un semillero de luchadores sociales. Son 88 las generaciones de maestros egresados. Ahí estudiaron Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez, que se elevaron a estatura de la guerrilla en los años 60 entre otros más.

Los jóvenes de esta Normal, comenzaron a intervenir en eventos de tipo político e incluso a nivel estatal, fueron parte de la lucha contra un gobernado, Raúl Caballero Aburto que se logró derrocarlo. Hoy, ya tienen alcance nacional.

El 26 de septiembre de 2014, la muerte de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, hizo emerger un movimiento en solidaridad con los familiares de las víctimas, cuya principal consigna es la presentación con vida de éstos. Reclamo vigente hasta hoy.

Las nuevas acciones se iniciaron cuando un grupo de compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos hace casi 10 años en la ciudad de Iguala, derribaron una de las puertas del Palacio Nacional, residencia del presidente y el centro simbólico del Ejecutivo.

Uno de los participantes en esa acción fue Yanqui Kothan Gómez Peralta, quien, poco después fue abatido a balazos en un retén en Tixtla por agentes federales y, por lo pronto, el mandatario afirmó que el normalista murió por abuso de autoridad de policías en Chilpancingo: “El joven no disparó”.

Por ello, están en un predicamento los gobiernos federal y estatal, que deberán reflejar acciones de justicia real ante la terrible realidad que Guerrero, es un estado fallido, como gran parte del país, tema tan reiterado a fuerza de tantos casos en los que el narco se exhibe como el asesino principal de la nación.

La impunidad existente es exhibida en las redes sociales en las que aprecian crueles golpizas torturando a choferes que tienen que pagar con puntualidad, asimismo otros mercaderes en las calles para subsistir, que, en lugar de actuar, niega la realidad.

Otro elemento, la autoridad está enfrascada para asegurar la potestad en el siguiente proceso de elección; los problemas que se padecen no cuentan, únicamente conservar el país para avanzar en la imposición.

Lamentablemente, padecemos de un gobierno en la opacidad que refrenda la frase “Abrazos no balazos”, que se transmite como una sociedad. Ahí está la clave del porqué vivimos en la total inseguridad.

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