“Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación.”

Simón Bolívar

En el censo escolar realizado por el INEGI en el periodo del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013 en planteles de educación básica, la información final resalta que, de 23 millones 562 mil 183 niños, niñas y jóvenes, 9 de cada 10 asisten a instituciones de sostenimiento publico y 18 de cada 100 maestros laboran en escuelas privadas.

De 207 mil 682 escuelas el 86.4% son públicas mientras que el restante 13.6% son privadas. En contraste, el censo tambien da datos alarmantes, el 48.8% carece de drenaje, 31% no tienen agua directa, 11.2% no cuentan con energía eléctrica y 12.8% no tienen baños.

La información que estos datos nos ofrecen del sistema educativo mexicano al que asiste el grueso de la juventud mexicana, ya sea por confianza, por conveniencia o porque simplemente no le queda de otra; cada año, el estudiante, se inscribe con la esperanza de incrementar sus oportunidades a futuro, de obtener un documento que les permita trabajar o continuar sus estudios en la educación media superior y, tal vez, en la educación superior, todo esto garantizado en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos a través del Articulo 3º que a la letra dicta: “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

La mayoría de los padres de familia tiene la percepción (y la opinión) de que la educación privada es mejor que la pública, sin embargo, hay grandes diferencias que la mayoría no toma en cuenta al elegir la institución a la que ingresarán sus hijos.

La primer gran diferencia es el sostenimiento. Una institución pública o de gobierno se sostiene de los impuestos que los contribuyentes aportan al erario público, según la OCDE, durante 2019 en México se destinó el 17% del gasto público al rubro educativo.

De este porcentaje, el 85% se destina al pago de nómina y el resto se reparte en evaluación, infraestructura, becas, etc.

La aportación extraordinaria que obtienen las escuelas son las que se generan a través de las asociaciones de padres de familia, de este ingreso se paga el servicio de energía eléctrica, materiales de aseo, internet, papelería, seguro escolar, mantenimiento del mobiliario y reparaciones, etc.

Una institución privada se sostiene de las inscripciones y de las colegiaturas mensuales a las que se compromete el padre de familia a través de un contrato (a este tipo de relaciones las regula la PROFECO) y que representan un ingreso más estable y regular.

La segunda diferencia la representa el número de alumnos, pues si encontramos escuelas de gobierno donde en un salón de clases podemos encontrar hacinados hasta 70 alumnos, una escuela particular puede darse el lujo de tener 10 alumnos en un salón de clase (ofrece una atención personalizada a un costo de colegiatura mas alto en la mayoría).

Entre la primera y la segunda diferencia, el punto al que quiero centrar su atención, es el estado en que se encuentra el Sistema Educativo Mexicano.

Se requiere de una mejora significativa en la planeación estrategica de los recursos que pueda tener a la mano el sistema educativo, tanto los recursos financieros como humanos como la infraestructura.

La transformación que nuestro país necesita, parte de una legislación que fortalezca la escuela pública, que haga posible la congruencia del discurso con la realidad para dar un paso hacia la dignificación de la profesión docente, del desarrollo deseado de los estudiantes en el aula y de la satisfacción de los padres y sociedad en general.

Nuestra escuela pública es un caballo flaco  al que le exigimos un esfuerzo mayor cada año, y que como sociedad debemos de tener cuidado que no termine por desfallecer, pues es en estas aulas donde se esta gestando el futuro de nuestro país.

«Lo que se les de a los niños, los niños darán a la sociedad»

Karl A. Menninger

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