La Habana, (PL) El cese bilateral del fuego constituye condicionamiento esencial para alcanzar un acuerdo humanitario que suavice los impactos del conflicto armado en Colombia entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos.

Así lo ratificaron en esta capital durante el pasado XX ciclo de diálogos de paz las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército del Pueblo (FARC-EP), las cuales reafirmaron su disposición de llegar a un acuerdo humanitario, que incorpore temas propuestos por sectores sociales y políticos como la cuestión del paramilitarismo.

Hasta la fecha, las conversaciones iniciadas el 19 de noviembre del 2012, han estado respaldadas por dos treguas que de forma unilateral impulsó la guerrilla.

La primera de ellas tuvo lugar del 20 de noviembre de 2012 al 20 de enero de 2013, en tanto la segunda se extendió desde el 15 de diciembre de 2013 hasta el 15 de enero de 2014, en ambas ocasiones como muestra de la voluntad de la insurgencia de avanzar hacia la paz.

POR UN ACUERDO HUMANITARIO

Durante la última ronda de conversaciones, la disposición al pacto humanitario se hizo patente cuando la delegación de paz de las FARC-EP respondió afirmativamente -pese a considerarlo limitado- al acuerdo sobre mínimos humanitarios propuesto por el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón.

Valoramos esta propuesta positivamente y desde ya, estamos dispuestos a concertar con el gobierno su implementación inmediata, señaló la guerrilla en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, sede permanente de las conversaciones.

Hemos manifestado de manera pública y reiterada nuestra absoluta disposición para concertar y firmar de manera inmediata un Tratado de Regularización de la Guerra, o un cese bilateral de hostilidades entre las partes, subrayó la insurgencia.

Según enfatizaron las FARC-EP, ese acuerdo posibilitaría encontrar con mayor rapidez ambientes de seguridad y confianza entre las comisiones de diálogo de las partes, y sobre todo, «para aliviar las tragedias y la zozobra que afectan a millones de colombianos, inmersos en la vorágine de esta guerra», de más de medio siglo de duración.

Para ello, el catálogo de obligaciones del gobierno deberá incluir entre otros, el desmonte de sus bandas afines y mafias del narcotráfico, mal denominadas Bacrim, que son apenas las siglas del paramilitarismo que nunca ha dejado de existir ni de contar con el respaldo del Ejército y la Policía, consideró la guerrilla.

Asimismo, las FARC-EP denunciaron además que es el Gobierno, quien sistemáticamente se opone a alcanzar el acuerdo humanitario.

Al respecto, la insurgencia recordó a Garzón que desde el comienzo de las pláticas, la guerrilla propuso la firma de un cese bilateral al fuego como parte de un acuerdo humanitario, con obligaciones de las partes en aras de garantizar un ambiente de tranquilidad en Colombia.

Sobre ese punto, las FARC-EP expresaron que tal iniciativa ha sido rechazada por altos voceros civiles y militares que en cambio avivan la confrontación armada, a la vez que incrementan la violencia contra los luchadores sociales y populares de la nación suramericana.

UN CESE BILATERAL AL FUEGO

Ante la proximidad de los comicios legislativos colombianos del 9 de marzo, las FARC-EP descartaron declarar otra tregua unilateral por la campaña electoral y reiteraron en su lugar la solicitud de un cese bilateral de las hostilidades para el avance del proceso de paz.

No está previsto un cese el fuego unilateral con motivo de la campaña electoral, afirmó Andrés Paris, de la delegación insurgente.

En su lugar, estamos listos a discutir un cese bilateral, como se reafirmó en el mensaje al vicepresidente colombiano, de suscribir un acuerdo humanitario que permita suavizar los impactos del conflicto, fundamentalmente en la población civil, dijo.

De acuerdo con Paris, la real amenaza para el proceso electoral son el fenómeno de la mermelada (como los colombianos llaman a la corrupción) y los escándalos como el supuesto caso de espionaje a negociadores del actual proceso de paz, sacado a la luz pública por la revista Semana. Según develó la publicación, sectores del Ejército, al parecer sin conocimiento del Ejecutivo, instalaron desde 2012 una oficina en Bogotá, para interceptar ilegalmente comunicaciones de diversas personalidades de Colombia, que incluyó a miembros del equipo gubernamental participante en los diálogos de paz en La Habana.