De todas las formas de engañar a los demás, 

 la pose de seriedad es la que hace más estragos 

Santiago Rusiñol i Prats

Por Julian Santiesteban 

Lo mismo desde Palacio Nacional que en las entidades federativas, lo mismo el presidente que los gobernadores. En México, el compromiso fundamental de no incidir en los procesos electorales se ha convertido en un juego de simulaciones, en parte eludiendo las normas e instituciones; y, en buena parte también, tolerada y hasta alentada por parte de las instancias comiciales. Tal vez por ello una de las frases favoritas por estos días es la consigna contestataria de “prohibido prohibir”… una tergiversación evidente del “deber ser.” 

El 25 de febrero del 2021, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mandó a los gobernadores una carta de invitación para firmar el llamado Pacto por la Democracia, documento en el cual se comprometerían los firmantes a no intervenir en los procesos electorales de sus respectivas entidades. Acudieron a firmar 30 de 32. En el acto, el mandatario federal dijo que, en 2019, el único gobernador que no intervino en las elecciones fue el de Quintana Roo: Carlos Joaquín González. 

Sin embargo, el convocante, ya había sido reconvenido por instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por opinar sobre los procesos desde sus conferencias matutinas. Se lo prohibieron por acuerdo y, luego, matizaron la decisión señalando que el presidente no podría –so pena de ser sancionado- atacar desde Palacio Nacional, a los actores políticos en competencia…lo cual sigue haciendo de manera constante. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la “tolerancia” será porque al presidente de esa instancia, José Luis Vargas, la UIF solicitó que se le congelaran cinco cuentas bancarias, pues la instancia ha investigado millonarios gastos, no acordes con los ingresos del funcionario? Nótese la simulación: El presidente llama a un pacto, pero interviene en los procesos prácticamente todos los días; mientras la autoridad lo regaña y luego le perdona, tolera y con ello alienta a que las conductas persistan. 

¿Y los gobernadores? Pues le tienen tomada la medida al presidente, han aprendido a seguirle en sus simulaciones, para su respectivo beneficio –of course-. Los del PAN fueron los primeros en tomarle la palabra y acudir a Palacio Nacional. Sí, los mismos que el presidente ha acusado de hacer “politiquerías” y de pretender explotar electoralmente la pandemia del Covid19. Apenas la semana anterior, el fiscal federal para delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, afirmó en entrevista que la “tendencia ancestral de burlar las elecciones” sigue latente en México. No le falta razón, lo que le falta es acción, hacia Presidencia o hacia las entidades. Que “tire sin apuntar”, denuncias hay por todos lados, evidencia de funcionarios públicos metidos en los procesos también.  

¿En verdad considera el lector que el cateo intimidatorio a un candidato en Puerto Morelos, el cambio de candidaturas bajo presión en la coalición Va Por Quintana Roo (para favorecer a familiares del mandatario), o el control policiaco en Tulum, Quintana Roo, tienen realmente que ver con una acción independiente del gobernante en turno, ajena al proceso electoral? Sería como asumir que el adelanto de pago de becas o pensiones para los adultos mayores, por parte del gobierno federal, no incide en el ánimo del electorado. 

Prohibido prohibir, la frase surgida en 1968, como respuesta a las represiones estudiantiles en Francia, encierra una contradicción en sí misma. Representa la visión de una generación que se opuso al establishment, a las costumbres y normas de la época. Fue, en suma, una respuesta de ruptura a la imposición social y normativa que tanto oprimía a los que pensaban y actuaban diferente. Es una expresión válida para los que, desde la sociedad civil, pretenden la transformación del entorno, pero no es –o debiera ser- una postura desde el poder, una expresión de gobierno, pues supondría superar a las instituciones y leyes que le dan basamento a un Estado. Si el gobierno pretende evitar las normas, sólo queda la anarquía, o la voluntad del gobernante… ahora tal vez quede claro el alcance de la llamada 4T… su definición es “la que usted quiera, presidente.” 

COMENTARIO MORBOSO 

Apenas la semana anterior, el escribiente le comentó que, para lograr vacunar a todos los habitantes actuales de Quintana Roo, al ritmo que actualmente se lleva, se requerirían ¡cinco años! Pero el redactor debe pedir perdón, porque, al momento en que se realiza esta colaboración, se han cumplido tres meses de aplicación de antígeno y el avance específico fue del 6.4 por ciento, no el 5, como se había proyectado. 

En ese tenor, no son cinco años los necesarios, sino 3.9; pero como en ese tiempo la población crecerá el 14 por ciento, la meta es igual de inalcanzable. El Plan Nacional de Vacunación no cumplirá sus metas, no en Quintana Roo… ¿y el gobierno local? En la queja permanente en privado o en la Conago, pero cuando de ir a Palacio Nacional, el alabo gustoso al presidencialismo; ahí también, la simulación es la constante. Lástima por los quintanarroenses, no nos merecemos los gobiernos que tenemos, en ninguno de los niveles; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.