Leyes hay, lo que falta es justicia

Ernesto Mallo

Un año se cumplirá este 27 de noviembre, desde que el presidente Enrique Peña Nieto presentó su decálogo por la seguridad y nada ocurrió. No se crearon las policías estatales únicas, ni se aprobó la ley contra la infiltración del crimen; vaya, ni siquiera se creó el “911” nacional. Y mientras su administración entra en la recta final, la desesperanza nacional es la misma.

La violencia en el país sigue igual, en el sexenio de Peña Nieto se han presentado más de 48 mil muertes dolosas en el país, y poco más de 25 mil de ellas están relacionadas directamente con el crimen organizado, de acuerdo con datos de la Consultora Lantia, hasta el mes de septiembre pasado. Las cifras son verdaderamente de espanto.

Tan sólo el recuerdo ha quedado de aquel mensaje de casi 40 minutos pronunciado por el mandatario federal desde Palacio Nacional, a propósito de la desaparición de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en la que dijo compartir el dolor como padre y la exigencia de justicia. El evento parece tan lejano y ha pasado tan solo un año; y mientras los padres de los normalistas siguen exigiendo justicia, las promesas de un país más seguro, de normas más efectivas y corporaciones profesionales y sin involucramiento del crimen siguen siendo una aspiración nacional.

Se crearon las zonas económicas especiales para impulsar el desarrollo en las regiones con más rezagadas, pero nada tangible existe; y se prometió mayor apertura del gobierno, pero no ha pasado más allá de exonerar al presidente del supuesto conflicto de intereses en la adquisición –por parte de su esposa- de la llamada “Casa Blanca”, entregada por contratistas favorecidos con obras en el presente sexenio.

El presidente propuso desaparecer las mil 800 corporaciones policiales municipales, para crear en su lugar 32 corporaciones fortalecidas y con capacidad suficiente para combatir la criminalidad; pero en los hechos tan sólo se propuso para el presupuesto 2016 la fusión del Subsidio en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal (Subsemun); y el Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial (SPA); para crear en su lugar el llamado Subsidio para la Seguridad Pública, con una asignación de cinco mil 952 millones de pesos; y que por primera vez desde 2011 representó un recorte de poco más de mil 700 millones de pesos. Ándale pues, vamos mejorando.

En septiembre del 2015 inició labores la 62 Legislatura federal, pero no se observa que en su agenda, o en la del Senado, esté la creación de la ley para evitar la infiltración del crimen organizado, aquella en la que el gobierno federal podría incluso desaparecer ayuntamientos si se detectaba tal intrusión criminal; es más, actualmente aún se discute si será aprobada la normatividad relativa a las desapariciones forzadas. Nada pues se ha logrado, un año ha transcurrido y le quedan sólo dos a Enrique Peña Nieto para cumplir lo comprometido.

Bueno para no ponerse muy exigentes, ni siquiera el “911” nacional se ha instrumentado. Un funcionario del estado de Quintana Roo, principal destino de México, comentó a este columnista que en este estado ese servicio de emergencias ya opera, pues cuando los turistas que visitan el país marcan 911, inmediatamente los remite al número local “066” y con las autoridades locales para reportar cualquier delito o situación emergente. De remiendos está llena la administración pública nacional.

DE PROYECTOS FALLIDOS Y OSCURANTISMO LOCAL…

En el sexenio federal anterior, Felipe Calderón Hinojosa destinó unos dos mil 300 millones de pesos para crear la Cédula Única de Identidad, documento que sustituiría, entre otros a la credencial para votar o la CURP, pero al final el proyecto naufragó, quedando en el olvido los recursos aplicados.

Esta determinación generó que los datos personales y registro del iris de más de 5.5 millones de niños que completaron su inscripción queden en el limbo, aunque la actual administración federal actual asegura que estarán bajo el resguardo del Registro Nacional de Población.

La Secretaría de Gobernación confirmó que no retomará el proyecto de la cédula de identidad ciudadana y que su prioridad es la creación de la clave única, propuesta también que hace un año hiciera el presidente Peña Nieto  y que, se supone, se aprobará en este periodo ordinario de sesiones del Congreso federal, aunque nomás no se observa avance alguno tampoco en este tema.

Para el caso del sureste del país, fue El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) el responsable de aplicar el programa trunco de Calderón Hinojosa, y desde inicios de 2015 A Tiro de Piedra ha intentado acceder, vía transparencia, a la información para conocer los avances alcanzados y la aplicación efectiva de recursos, pero el organismo se ha negado sistemáticamente a entregar la información.

Finalmente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó el 23 de septiembre pasado que la información del expediente RDA4246/15 debe ser entregada al escribiente. Ya le contaremos entonces el destino de tantos millones de pesos.

COLOFÓN

Así, entre opacidad y olvido, la seguridad al país no llega, las estrategias siguen siendo las mismas: apostar al olvido y hacer como que nada pasa; aunque todo siga ocurriendo y a todos nos afecte; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.

P.D. En breve iniciaremos en radio, por el 99.7 FM, desde el norte de Belice y para el sureste de México, el programa Zona Libre, encabezado por el colega Javier Chávez Ataxca, con la participación de un servidor y Juan Juárez Maus, esperamos sea de su agrado.