El padre del racionalismo, René Descartes, decía que “es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez».

Sin duda, bien haríamos los mexicanos en hacer caso a lo mencionado por el filósofo y matemático francés y tomar con reservas las optimistas declaraciones hechas por el Presidente Peña Nieto y por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en su reciente gira por el Medio Oriente y Davós, respecto a la situación económica mundial y la que se vive en nuestro país.

Muy lejos están sus comentarios de la postura que deben mantener como autoridad, pues reflejan la escasa idea que tienen de la dimensión del problema o, en su caso, su poca capacidad para desarrollar e instrumentar las políticas que logren que salgamos, si no avantes, no  tan dañados de este vendaval económico.

La depreciación que ha tenido nuestra moneda, que se refleja en el alto costo del dólar, que llegó ya a moverse en la frontera de los 19 pesos, no es benéfica para el conjunto de la economía mexicana; los planteamientos hechos por el Presidente y su secretario de Hacienda parten de premisas falsas o equívocamente utilizadas.

El dólar caro afecta a las finanzas públicas, pues nuestro país tiene un gran porcentaje de su deuda en dólares. Esta deuda tiene un costo financiero, como en todo crédito, hay intereses que pagar y estos deben de solventarse en dólares. La devaluación de la moneda mexicana implica un aumento automático del valor real de la deuda y conlleva a que se destinen más recursos para el pago de las amortizaciones y de los intereses. Si en el presupuesto se consideró que cada dólar costaría 15 pesos y hoy se tienen que comprar esos dólares en 19 pesos, esos cuatro pesos de diferencia, o salen de más ingresos –lo que implica presionar al contribuyente o aumentar los impuestos– o salen de más deuda contratada en pesos, que a su vez tendrá su propio costo financiero, es decir, se tapa un hoyo abriendo otro. La otra opción es un recorte en el gasto para redirigir los recursos destinados a otros fines como al pago del servicio de la deuda, lo cual tiene otras consecuencias, pues ya de por sí la pésima distribución presupuestal que se hizo de los recursos impide que los efectos de la crisis se puedan compensar con gasto público.

El alto valor del dólar implica también que la deuda de las empresas aumente, sobre todo en aquellas en las que se presenta el efecto de descalce, es decir, que tienen sus adeudos mayoritariamente en dólares y sus ingresos, principalmente en pesos.

Pero la fortaleza del dólar tiene también otro efecto sobre el sector industrial y es que los capitales se están refugiando en otros países y han abandonado a los llamados «emergentes». Un estudio del Bank of America Merrill Lynch indica que la tasa de interés de bonos de compañías no financieras de mercados emergentes subió en los últimos seis meses de  5.5 a  7.2 por ciento.

Estas cifras ponen en duda lo señalado por el gobierno respecto a los supuestos beneficios que tiene el país al ver devaluada su moneda.

Otros datos muestran lo equivocado del discurso, como el hecho de que, efectivamente, el sector turístico sí ve una mejoría en sus cifras con un peso barato que estimula al turista extranjero a visitar el país, sin embargo no hemos desarrollado una industria paralela que diversifique los atractivos al turista. El gasto promedio del turista en el periodo enero-noviembre de 2015 fue de 814.8 dólares, 42.5 dólares menor a igual periodo del año previo.

El sector exportador, al que el Ejecutivo dice que le favorece la moneda depreciada, ve que su producto se ha hecho más atractivo en el extranjero, sin embargo el porcentaje de materia prima extranjera que se utiliza en las manufacturas de exportación es muy alto. Como ejemplo el sector automotriz, que tiene su propia cadena de provenduría para el 60 por ciento de las autopartes y por ello los beneficios del peso barato se ven diluidos al importar –y pagar con dólares caros– la mayor parte de sus insumos.

Además, un amplio porcentaje de empresas exportadoras son filiales de transnacionales que, al repatriar sus ganancias, hacen salir del país las divisas que se captaron exportando.

La depreciación de la moneda de ninguna manera puede considerarse como benéfica y la alta volatilidad ha hecho al peso atractivo a los grandes especuladores, los mismos que periódicamente desestabilizan países para obtener ganancias rápidas.

Debe quedar claro que el problema de la depreciación no es responsabilidad del gobierno del Presidente Peña Nieto, en realidad, la mayor parte de las monedas se han depreciado por la fortaleza que los fundamentales económicos le dan al dólar estadounidense y la caída de los precios del petróleo, sin embargo, es responsabilidad del gobierno tomar medidas para mitigar los efectos de los fenómenos internacionales en la economía nacional y en eso este gobierno ha fallado.

El dólar caro ya se comienza a reflejar en el índice inflacionario que, aunque en la primera quincena de enero reportó una tasa anual de 2.48 por ciento, mantiene una tendencia a la alza  con un aumento en los  precios de mercancías de 2.81 por ciento  y en productos agropecuarios de 4.61. Este último sector, si bien es muy volátil, debe su incremento al hecho de que cuatro de cada cinco semillas de hortaliza utilizadas son importadas y que, la mayor parte del alimento y las medicinas del ganado, se compran en el extranjero.

Si bien es cierto que un gran número de directivos de empresas reunidos en el Foro Económico Mundial piensa que México es uno de los países con mayor potencial para crecer en este año, no menos verdadero es que el Fondo Monetario Internacional bajó el pronóstico de crecimiento del país a 2.6 por ciento  para 2016 y 2.9 para 2017.

La diferencia entre el potencial de crecimiento del que hablan los empresarios y el pronóstico de crecimiento del que habla el Fondo Monetario sí es responsabilidad del gobierno,  pues quiere decir que teniendo los medios no se llega a la meta.

Los factores son: la deuda que representa ya 193.3 por ciento como proporción de los ingresos del gobierno y 44.9 por ciento del Producto Interno Bruto la que en esta administración aumentó su importe en 37.1 por ciento respecto al saldo recibido del gobierno de Felipe Calderón, además del  sistema fiscal que, mientras exprime al empresario y al trabajador formal permite que más de la mitad de los mexicanos se desarrolle en la informalidad, hace  un país muy inequitativo y al sistema fiscal perverso.

Pero el principal obstáculo para el pleno crecimiento del país  es la inseguridad y la injusticia. Hace diez años, en un artículo publicado en el suplemento “Enfoque” del periódico Reforma, el doctor Miguel Carbonell y el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, decían que «la situación actual de la justicia en México es inaceptable (…) la justicia tiene dos caras; por un lado el ciudadano no confía en las autoridades que lo protegen de ser la víctima de un delito; por el otro, lamentablemente tampoco confía en las autoridades que procuran e imparten justicia cuando ya se ha convertido en víctima». El problema no se resolvió y en este sexenio se ha acrecentado al punto en que la desconfianza en la autoridad se convirtió en miedo en la misma.

La detención de un capo no soluciona nada, cuando todos los días vemos noticias que hablan de cientos de robos, homicidios, secuestros, levantones y tiroteos.

Hablar de la baja del petróleo tiene importancia, pero no tanta si consideramos que nuestro país ya es un importador neto de petrolíferos, es decir, compramos más de los que vendemos; hace falta en el país que se vuelvan temas importantes la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la seguridad pública y la honestidad en el servicio público. Solo esto podría hacer crecer al país  y lo haría verdaderamente atractivo a las grandes inversiones. Salustio, el gran historiador romano dijo que «mediante  el trabajo decidido y el comportamiento justo fue como se fortaleció el poder del Estado en Roma».

El caso de la detención de Humberto Moreira en España estaba condenado al fracaso, pues no existían pruebas de ilícitos cometidos en la Madre Patria; la vergüenza es que en nuestro país, donde sí es factible obtener esas pruebas, no se haga nada y la denuncia presentada por el gobierno de Felipe Calderón por los desfalcos y falsificaciones del exgobernador de Coahuila siga durmiendo el sueño de los justos.

El gobierno del Presidente Peña Nieto atiende solo a sus intereses de grupo, pero no a los de los mexicanos que hoy sabemos bien  que dónde vamos en retroceso.

La ausencia de un proyecto de nación es evidente y las políticas actuales solo van rellenando los baches que se encuentran en el camino.

Santo Tomás de Aquino decía que «si el gobierno no se subordina al bien común de la mayoría sino al interés particular del que gobierna, será injusto y perverso». Aquí, un gobierno así ha condicionado la existencia no de un Estado fallido, pero hasta ahora, de un Estado remendón..

Autotraffic

Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a Alfonso y a Jaime, éste último fue uno de los mejores amigos que haya tenido, al que hoy le debo una disculpa y muchas explicaciones y a quien le tengo un gran aprecio personal, así como una profunda admiración empresarial.

Ellos son los hombres que crearon Autotraffic S.A. de C.V., una empresa que ha traído a México la tecnología y la ha puesto al servicio de la seguridad.

Sus instrumentos permiten, entre otras cosas, que se pueda detectar desde una patrulla por la matrícula o si  un  vehículo que está circulando tiene algún reporte de robo; también operan el sistema de las llamadas «fotomultas».

Por este último, en los últimos días se han visto involucrados en comentarios de populistas retrógrados por haber obtenido un contrato con el gobierno de la Ciudad de México.

Quienes critican la implementación de este programa en la capital del país dejan de lado que es un sistema moderno, incorruptible y preciso para sancionar a quien comete una infracción vehicular, pero principalmente que es un programa que va a llevar a respetar los límites de velocidad, lo que implica salvar vidas.

El sistema es costoso, tanto en sus equipos como sus insumos, refacciones y operación, los que principalmente se pagan en dólares. Por ello, no me parece excesivo el monto del contrato y ya se verá en el futuro las vidas que se salvaron con esos recursos que no saldrán del presupuesto, sino de las sanciones pagadas por los infractores.

La modernización del país se ve también en la adopción de tecnologías que contribuyan a la seguridad de los mexicanos, por ello, bueno sería llevar estos sistemas a las entidades federativas donde aún no llegan.

Por cierto Jaime es abogado; recuerdo una frase suya que es toda una ley de la ingeniería: «Mientras los centros cuadren, aunque los extremos sobren».

¡Ahí nomás!

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