Por Jorge Octavio Ochoa

 Una frase fue suficiente para desatar la ira. Un inofensivo refrán podría convertirse en sentencia. “¡Ya Chole!” 

La protesta social encontró una llave de fuga para cuestionar, por igual, la política en materia de salud, seguridad pública y política social. 

A ello, se suma el hallazgo de que las obras presidenciales, son un mar no sólo de opacidad, sino de graves irregularidades.  

Explotación, jineteo de sueldos en nóminas, extorsión, doble pago por un mismo concepto en Dos Bocas y Santa Lucía. Esas son las nuevas denuncias. 

Además, ahora nos enteramos de que las ganancias del nuevo aeropuerto, serán para el Ejército, según dicho por ellos mismos. 

Arrellanado en la cómoda popularidad que le da ese fugaz 58% de aceptación, el presidente parece no entender lo grave del problema que encierra la cotidiana agresión a las mujeres… y la inseguridad pública, la inseguridad laboral, el desempleo, la pobreza…

Engolosinado con sus grandes obras, que según él generarán millones de empleos, López Obrador no parece ver la desgracia que se está gestando en el sector educativo, ni la desgracia en que empiezan a entrar más millones de niños. 

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim), estima que 2.5 millones de menores de edad estarían entrando en actividades laborales por la crisis derivada de la pandemia, sumándose a los 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes que ya están en esa situación.

Igualmente, el Coneval estima hasta 9.8 millones de nuevos pobres en medio de la pandemia. De los 40 millones en pobreza extrema, ahora a 50 millones ya no les alcanza su sueldo para la canasta básica. Tan sólo la pandemia se llevó 2.4 millones de empleos. 

Pero, desde lo más alto del poder, él vive en un Palacio que empieza a resultar ofensivo, porque la casta política de antes y ahora, permanece indolente mientras los humildes y menesterosos tocan a la puerta.  

De acuerdo con cifras oficiales, en México cada 18 segundos ocurre una violación contra mujeres y niñas”.

Lejos de los datos duros, el primer mandatario refuta con un brutal “¡Ya Chole!” que abofetea en el rostro. 

Del: “Ya me cansé”, tras la masacre y desaparición de 43 cuerpos de estudiantes, pasamos al: “Ya Chole”, dice el activista Jacobo Dayán.  

Dos expresiones que reflejan, por sí solas, la absoluta falta de empatía de los regímenes de antes y de ahora.

Sin embargo, ésta última, “Ya Chole”, lejos de ser una expresión coloquial, se convierte en una postura oficial.  

Ante las protestas feministas del 9 de marzo del 2020, el presidente respondió: “A las feministas les pido, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes”.  

En medio del debate sobre los derechos de la mujer, la postura oficial es adverso a éstas. López Obrador es, por ejemplo, el principal opositor del aborto. 

Hoy, trágicamente es cierto: “valen más las paredes de Palacio, que el dolor de una mujer”, como dijo el senador de Morena, Germán Martínez. 

Los defensores orgánicos del régimen han empezado a ensayar frases, igual de feroces que la emanada del Primer Mandatario del país: 

“Feministas de ocasión. Hipócritas de tiempo completo”, le dicen a quienes critican lo dicho por el Jefe del Ejecutivo. 

También preparan argumentos retóricos como: La 4T es el sexenio que más mujeres ha tenido en el gabinete. 

El problema es que, en los hechos, esas mujeres por momentos parecen sojuzgadas, con poca o nula capacidad, tanto de expresión, como de acción. 

Sólo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo una tibia reacción al “¡Ya Chole!” del Presidente.  

LA FRACTURA 

Así, lo que ya se ve en México a dos años de gobierno de la 4T, es una profunda fractura de la institucionalidad. Se evade la transparencia, se toman decisiones que pasan por alto la voluntad popular, como esa entrega ciega de las ganancias del aeropuerto. 

No es un hablar por hablar. En México, hay una extraña sensación de que los secretarios de Estado, ni siquiera se han instalado en sus oficinas. No se siente esa formalidad, de un titular que se pone al frente de cada dependencia. 

 Todo se informa por boca del presidente de la República. Desde Palacio Nacional se anuncia igual una protesta ante la ONU por el presunto reparto inequitativo de vacunas en el mundo, que la estrategia oficial contra los apagones. 

 Se ve, insistimos, un fuerte viraje de la institucionalidad hacia un presidencialismo, que decide todo, ordena todo. Nadie se mueve si no lo señala el Primer Mandatario de la Nación. 

No se han creado instituciones, sino conceptos ideológicos de toda una corriente, para un supuesto Estado benefactor, como en China, Rusia, Cuba, para combatir la pobreza y desigualdad. 

El Banco del Bienestar, el Instituto del Bienestar, las Universidades Benito Juárez, son proyectos inconclusos, oscuros, que permean las decisiones verticales del régimen, lejos de la horizontalidad que implica la práctica democrática. 

Las consultas son una entelequia, por no decir una absoluta farsa.  

VACUNACIÓN A CIEGAS 

Esto parece un tema baladí, pero enmarca la pérdida de Leyes, normas, reglas de operación en todo lo que se hace. Sólo está la carga de culpas “a los de antes” para justificar la pérdida de controles y el abuso del poder. 

Si antes con el PRI, PAN y PRD se permitieron las componendas corruptas e ilegales, ahora se consiente la destrucción de cuanto convenio, acuerdo o documento implique una posible rendición de cuentas. 

La prueba fehaciente de esta pérdida de institucionalidad, es el conflictivo arranque del programa de vacunación contra la pandemia. Se ha complicado porque se le dio la vuelta a las instituciones existentes. 

A principios de semana, no habían llegado al México ni la cuarta parte de vacunas que serán suministradas por los laboratorios, pero el gobierno federal ya tenía un desorden bien organizado, por la petición de copias del INE y del CURP. 

Se sustituyeron las estructuras del IMSS, desde las que se podía vacunar incluso a aquellos no vacunados, y se inventó un mecanismo desde el cual los “Siervos de la Nación” pudieron levantar un censo paralelo de control. 

Es decir, se suplantó la institución y se inventó un supra mecanismo, que quiere dar forma a un Instituto del Bienestar que, a dos años de creado, revela ya gravísimas fallas, que en el 2024 podrían motivar nuevas detenciones de políticos hoy encumbrados.  

De “La Estafa Maestra”, México podría pasar a la “negligencia criminal”. Así es como la clase política gobernante pretende llevar al país por los siglos de los siglos, en una danza impúdica de uso y abuso del poder. 

El problema es que antes, al menos se tenía documentación de los hechos. Hoy, a la luz del volumen de asuntos que ha reservado la 4T por un lustro para su divulgación, será difícil encontrar el hilo conductor de los documentos que fundamentaron las decisiones que se han tomado. 

En medio de la desgracia, hoy sabemos, por ejemplo, que la compra de vacunas no será de 24 mil ni 35 mil millones de pesos. La cifra será superior a los 47 mil millones de pesos, según los contratos firmados con Pfizer, CanSino, AstraZeneca. 

Ello, debido a la compra de las 64 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, y de 51.5 millones de vacunas al mecanismo Covax de las Naciones Unidas, ambas con un precio de 10 dólares por dosis. 

EL OSO INTERNACIONAL

 Todo esto lo señalan los contratos, que la agencia Latinus dio a conocer en el transcurso de la semana, y en los que se establece incluso la mecánica de las entregas, y en las que se advierte la posibilidad de retrasos debido a varios factores. 

Sin embargo, el gobierno de México decidió emprender el miércoles pasado, una andanada contra Estados Unidos, Unión Europea y laboratorios internacionales, por la inequitativa entrega de vacunas. Y lo hizo a nombre de América Latina, aunque ésta no lo nombró. 

La revista Proceso informó que la Auditoría Superior de la Federación ordenó aclarar el destino de más de 3 mil millones de pesos ejercidos en 2019 al Instituto del Bienestar, porque no se sabe cuáles son los criterios para pagar los sueldos de los Servidores de la Nación. 

La ASF advierte que hay una maraña de inconsistencias, omisiones e irregularidades en la contratación de este personal y en el pago de sus salarios, según revela un reportaje publicado por la revista Proceso. 

Hay graves distorsiones, que implican mal manejo de los recursos que se administran para entregar apoyos sociales a través del Banco del Bienestar y de las tarjetas habilitadas para ello. 

Según la ASF, hay evidencias del desastre técnico y financiero en el desarrollo de sistemas para integrar el Padrón Único de Bienestar (PUB), un instrumento que explícitamente la ley mandata para dar certeza al destino de los recursos. 

El manejo del PUB fue asignado a Infotec, empresa paraestatal que ya quebró sin cumplir con el diseño y la operación de la base de datos.  

“Aún peor, Infotec tuvo a su cargo la habilitación del “core bancario” (el cerebro de un banco), así como una aplicación para la operación de las Tarjetas del Bienestar. Pero ni uno ni otro: Banco del Bienestar y tarjetas no están funcionando”, advierte la revista Proceso. 

El PUB se supone que está basado en el Censo del Bienestar, una tarea asignada a los Servidores de la Nación que levantaron listas desde el periodo de transición, sin marco legal para hacerlo, cuya evaluación está por emitirse. 

Es sobre esta estructura, que el gobierno de la 4T pretende hacer descansar la logística para la distribución de vacunas, junto con los apoyos sociales a personas de la tercera edad y jóvenes emprendedores. 

Cuando la institucionalidad se pierde, entonces empieza a prevalecer el voluntarismo, las decisiones populistas y patriarcales, como el “regalar” lo que no le pertenece, como ocurrió con la condonación de deudas de electricidad al estado de Tabasco.   Y no es que falte empatía o solidaridad con los más necesitados, pero los gobiernos deben fundamentar sus decisiones en leyes e instituciones, para que la justicia sea pareja y se fortalezca la igualdad. 

Colaboración de quadratin.com.mx