Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco
Jaume Perich

El problema de la inseguridad en México es estructural, pues las entidades federativas se esfuerzan en repeler a la delincuencia a partir de los diagnósticos nacionales, pero el gobierno federal, más allá de proponer medidas parciales de solución, se ha dedicado sólo a repartir culpas y brindar respuestas a medias, a año y medio de que concluya la sufrida administración de Enrique Peña Nieto.

A más de dos años de que el presidente de México presentara su “decálogo por la seguridad”, solamente dos de los puntos se han cumplido y de manera parcial, el que tiene que ver con el operativo en el estado de Guerrero y la puesta en marcha del número de emergencias 911, este último anunciado como un instrumento de alta tecnología y que permitiría incluso identificar las llamadas de alerta falsas, además de localizar a los responsables a partir de una georeferenciación, pero su inutilidad ha quedado de manifiesto en los últimos días en Quintana Roo, pues luego de la violencia desatada en la entidad, las amenazas falsas han ocasionado en tres ocasiones la evacuación masiva de personal de las oficinas gubernamentales.

Pero el decálogo no ha sido el único fracaso en el rubro de seguridad, pues aunque desde la campaña presidencial Peña Nieto prometió la creación de un cuerpo policial independiente con un régimen semi militar para retirar al ejército de las calles y el combate al narcotráfico, el resultado de tal promesa, la Gendarmería Nacional, terminó siendo una institución dependiente de la Policía Federal, sin resultados mejores que los que ya brindan las corporaciones existentes, y los cinco mil elementos que la componen  desde 2014 se distinguen básicamente por el uniforme y las unidades motrices, pero no por sus acciones y estrategias.

El decálogo por la seguridad fue básicamente un conjunto de aspiraciones nacionales, pero la mitad de los puntos requerían la intervención de la Cámara de Diputados,  pero ha sido evidente que las prioridades en el Legislativo no son las del presidente, pues aun cuando el presidente ha tenido mayoría, las propuestas presidenciales se han atorado en dos legislaturas, y ahora que las crisis económica y de gobernabilidad azota al país, no se percibe que la perspectiva vaya a ser diferente.

Y aquí estamos los mexicanos, sin posibilidad siquiera de distinguir cuando algún “bromista” pone en jaque a las instituciones estatales o municipales con sus “amenazas”, ni siquiera en ese aspecto los gobiernos han brindado tranquilidad a los ciudadanos. En Quintana Roo, el primer evento público del gobernador Carlos Joaquín González, una semana después de rendir protesta, fue la puesta en marcha del 911 (lo mismo ocurrió en 16 entidades y apenas el 09 de enero de 2017 en el resto del país). “Hago un llamado a la población para que utilice el servicio con responsabilidad y desde ya dejo en claro que habrá consecuencias para quienes hagan un mal uso del mismo”, dijo el mandatario, pero lo ocurrido en los últimos días en el norte quintanarroense deja en claro que no es así. Claro que luego de los asesinatos ocurridos en el polo turístico más importante del país no se puede escatimar en precauciones, pero los ciudadanos escuchamos en reiteradas ocasiones que los gobiernos, ahora sí, podrían saber cuándo una amenaza fuera real…

Así pues, queda claro que los diferentes gobiernos no son, ni serán, capaces de prevenir las masacres, ahora en Quintana Roo policías federales se pasean por las calles para amedrentar a los delincuentes ¿y cuando se vayan los gendarmes? El gobierno federal sigue haciendo diagnósticos y advirtiendo sobre las posibilidades de violencia en las entidades, en el caso de Quintana Roo identificó la operación de por los menos cinco cárteles del narcotráfico y señala a la entidad como la primera en el país en lavado de dinero; muy bien ¿y cuándo conoceremos las acciones para que ello no siga ocurriendo? Porque con el decálogo presidencial, ni unificación policial, ni leyes que protejan al ciudadano, bueno, ni 911 eficaz, es el colmo (aunque las campañas publicitarias ahí sigan).

Por lo pronto, este lunes llegará a Quintana Roo el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, para, según su dicho, expresar su solidaridad al gobierno estatal y analizar los hechos violentos ocurridos en los destinos turísticos de Quintana Roo, “una buena razón por la que el turismo prospera es porque la gente se siente segura por donde va. Entonces, cualquier incidente, y este no fue cualquier incidente, me preocupa, porque empezó en Playa del Carmen y luego en Cancún; es un incidente que obviamente me preocupa”; dijo, lo cual es bueno, ya les preocupa… ojalá algún día los ocupe, pero ya no será en esta administración federal; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.