“Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle poder.” -Abraham Lincoln

Cuando el Presidente de la República José López Portillo publicó en el Diario Oficial de la Federación,  el 2 de abril de 1980, el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, nunca supo la bola de nieve que comenzó a lanzar cuesta abajo. Aunque la norma tiene el fin de dar  orden a los recursos que los padres de familia aportan a las escuelas, nunca se imaginó que también representó un endoso en blanco a la factura de las instituciones educativas.

En estos días, antes de que concluya el ciclo escolar, todos los comités de padres de familia realizan la asamblea general con el fin de rendir cuentas de los recursos ejercidos, la aprobación de la cuenta, la presentación de las necesidades de la escuela para el siguiente año y fijar la cuota de aportación de padres de familia para el siguiente ciclo escolar.

Parece sencillo ¿no?,  pero nadie podría opinar al respecto si no se ha enfrentado a 200, 300, 400 o más padres de familia que arriban llenos de problemas, frustraciones, emociones e intereses personales que pueden llegar a nublar la visión a futuro sobre la escuela a la que asisten sus hijos. También hay que ver el otro lado de la moneda, dicha desconfianza y aspereza no es de gratis pues todos conocemos al menos un caso donde el tesorero del comité se da a la fuga con el recurso de la escuela y en otros casos donde el personal de la escuela se presta a malos manejos.

Esto nos permite comprender porque es importante el pape de los padres de familia, además de llevar a sus hijos que son el centro del proceso educativo, también constituyen el soporte económico de la escuela. Durante muchos años un gobierno dedicado a tratar al maestro como un empleado más ha bombardeado masivamente a la sociedad con el mensaje de la escuela pública y ha desinformado al respecto cuando recalca la no obligatoriedad de estas cuotas. El gobierno aporta a las escuelas el salario del personal docente y de apoyo y esporádicamente, con beneficios de programas sociales (escuela digna, escuelas al 100, etc.), delega en las escuelas y en el manejo de los recursos de los padres de familia, la adquisición de la papelería, insumos de limpieza e higiene, botiquín escolar, el pago de suministro eléctrico, internet, teléfono, servicios de agua potable, mantenimiento de las instalaciones, adquisición y mantenimiento de equipo de computo, material didáctico, vigilancia, recursos para participación en eventos, ceremonias especiales, etc.

Por esto, si el padre de familia se niega a respaldar a la escuela a través del proyecto de necesidades, el castigo, en lugar de ser para la escuela, el director o los maestros, es en contra de sus hijos, quienes en lugar de explotar todo el potencial de la institución la limitan.

Cualquier padre de familia que lea esto podrá argumentar una infinidad de cosas: yo pago la escuela con mis impuestos, la ley me da el derecho, el gobierno nos ha prometido…, los maestros/miembros del comité se han enriquecido con las cuotas, la escuela sigue igual año con año, etc.; lo realmente necesario es un padre o madre de familia que sin ser invasivo se involucre con la escuela donde asisten sus hijos, que colaboren en la realización de un proyecto de necesidades que detone el crecimiento de la escuela, requiere de directores que desarrollen competencias en planeación y administración para que los recursos se ejerzan de forma eficiente, requiere de una sociedad que abrace a su escuela, requiere que le demos al maestro su justa importancia en el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes que son el presente y futuro de nuestro país.

«Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos sólo les dieron vida, éstos el arte de vivir bien.»  Aristoteles