Por Guillermo Robles Ramírez

Durante años las concesiones de trasporte público han tenido una serie de anomalías que no salen a luz pública por obvias razones y tampoco serán exhibidas en una solicitud de transparencia porque muchas de ellas se sabe muy poco de cuáles fueron otorgadas por relaciones de compadrazgo o políticas, de amistad o de pago por favores o “cuotas”,  permitiendo  que solo un grupo de familias se enriquecieran de manera fácil sin ponerle atención a las necesidades y crecimiento de las ciudades, provocando nada más contaminación, accidentes, y caos.

Existe muy poca información de quiénes son los dueños de éstas concesiones, cuántas tienen por familia, durante cuánto tiempo han prevalecido con dichos permisos creando un caciquismo porque no se sabe hasta cuántas unidades están circulando en cada ciudad.

Tampoco se sabe con exactitud si se encuentran operando todas aquellas concesiones porque es muy común que algunos las renten o vendan hasta por internet no siendo extraño si algún día las vemos anunciadas en la página de internet “Mercado Libre”.

Para ellos, el transporte público nunca será un buen negocio, siendo imposible vivir cobrando trece pesos al día de hoy, pero lo mismo decían cuando cobraban seis pesos, hace diez años atrás, ahí sigue el mismo negocio y los mismos concesionarios.

Pero pensando racionalmente, negocio que no es negocio simplemente se cierra, no hay que ser caciques del transporte público para saberlo, pero tan obvio su rentabilidad que las rutas nunca son planeadas estratégicamente sino son creadas conforme van creciendo las necesidades de la población o como se les van ocurriendo a los concesionarios, es decir, todo se hace conforme a como se va moviendo la gente colateral a sus trabajos.

La duración de las concesiones tiene un tiempo de vigencia sin embargo se ha hecho de ellas vitalicias dejándolas hereditarias a la misma familia, sin hacer un ajuste o una revisión actualizando la información.

Aunque este medio de trasporte muy necesario para la gente, están obligado a muchas cosas, pero nadie los obliga a tener que uniformarse la pintura que los identifique con algún color; como también deben de tener a la vista la razón social; número de placas; símbolos decorativas que identifiquen la organización o concesionario a la que pertenecen.

También están obligados a poner a la vista tarifas y prohibiciones como el “no escupir”, no viajar en el estribo”, “no fumar”, así como los teléfonos y direcciones de atención o quejas para los usuarios.

Ni subiendo las tarifas o cambiando las unidades se va a mejorar el servicio de transporte público, porque también tenemos el problema de la actitud de los choferes, aunque existe un reglamento para ellos, pero nunca se lleva a cabo. Y sobre el mismo tema de los conductores, es muy común la contratación de personal que cuenta con antecedentes penales, que ni siquiera son investigados o mucho menos los Ayuntamientos no cuentan con padrón de identificación de quienes manejan las unidades de transporte público, siendo muy frecuente que cada vez que sucede algún accidente que lamentar, nadie sabe el paradero de conductor.

Este problema es de fondo, y estructural donde se requiere una logística comenzando con nuevas reformas de Reglamento de Tránsito, así como la depuración de las concesiones recogiendo todas aquellas que tienen familias que por años las han tenido y nunca han hecho algo para mejorar el servicio, pero sobre todo estar apegado a la ley y reglamentación de los municipios.

Se ha perdido la objetividad tanto por parte de autoridades, concesionarios y quienes hace uso del transporte público, en donde cada quien tiene un concepto diferente en donde las autoridades municipales perdieron el enfoque de brindar un servicio, mientras que los concesionarios lo ven como un negocio y los usuarios lo ven como un mal necesario en donde están olvidados y al margen de todos, pero son los que pagan los platos rotos de esta deficiencia que existe en cada cabecera municipal del país. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México)