Por Guillermo Robles Ramírez
Hay quienes consideran que un fraccionamiento bardeado es el lugar más seguro para vivir, y sobre todo en la actualidad es la creencia que se tiene, por toda la inseguridad que prevalece en el país.

Cada vez son mayores los proyectos que hacen muchas constructoras bajo este nuevo concepto para hacer sentir a los que habitan en estos fraccionamientos una seguridad total y si a eso le agregamos un poco de inversión con cámaras de vigilancia en su entrada, realmente da una sensación de un aislamiento total de todos los problemas de inseguridad, desde delitos comunes como el robo habitacional hasta los secuestros.

Sin embargo, los investigadores antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, antes conocida como Procuraría General de Justicia; figura sustituida desde el 13 de septiembre del 2017, piensan todo lo contrario.  El motivo es que consideran que son los lugares predilectos del crimen organizado para poder hacer las famosas “casas de seguridad”, centros de operación y hasta los lugares donde tienen encerrados a sus víctimas los secuestradores.

Este grupo élite de seguridad coahuilense, son gente preparada en la materia que cuentan con estudios de licenciatura, es decir, no se trata de gente hecha al vapor o de un grupo de personas improvisadas, sino son realmente profesionistas, quedando en el pasado el viejo esquema como estaba conformado el personal especializado para los antisecuestros y extorsión. En lo personal he llegado a conocer personas de la Fiscalía de Coahuila, quienes se han titulado con una profesión de Licenciatura de Derecho.

La principal causa por la que difieren del concepto comercial de que los fraccionamientos cerrados son considerados como seguros, es que cuentan porque para comenzar cuando el personal de vigilancia de la colonia no pertenece a la sociedad de colonos; sino de la inmobiliaria o un particular, ya que la mayoría de estas empresas privadas de seguridad no cuentan con el personal suficientemente capacitado o la verificación así como registro de las autoridades locales. Ni siquiera cuentan con alguna arma para enfrentar a un grupo del crimen organizado. Por lo general, las personas que son contratadas son gente de la tercera edad, o demasiado jóvenes, teniendo así una rotación de personal impresionante.

La falta de preparación de éstas mismas personas que trabajan en fraccionamientos privados, no cuenta con el criterio para saber a quién dejan entrar, y muchas de las veces no les permiten la entrada a las patrullas policíacas para hacer sus rondines. Pero también hay que afirmarlo, que muchos de estos policías que están obligados a entrar no lo hacen por pereza; porque en realidad no existe ningún impedimento legal, aunque muchos de ellos se justifican con ese argumento tan falso. Desde el momento cuando el municipio hace cobro de predial y demás impuestos, servicio de alumbrado, agua, parques y jardines, recolecto de basura, quiere decir que también el servicio de seguridad pública tiene que entrar, pero les puede más la flojera e irresponsabilidad de las patrullas de zona de cada una de las colonias.

Es falsa la seguridad que se “vende” a los compradores  de vivienda porque no tienen ni el mínimo personal  para cuidar dentro de la colonia y, además, carecen de toda capacidad, preparación y entrenamiento para dar seguridad a las familias de esos fraccionamientos. Solamente se trata de una propaganda o mercadotecnia, para vender casas en donde se asegura que cuentan con seguridad. Y solo porque existe una caseta y un par de plumas o portones de acceso que su única función es la de abrir y cerrar el acceso o salida de vehículos. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org