La desaparición de las delegaciones en México, propuesta hecha por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de caminar bajo una política de austeridad, eliminar la burocratización y ahorrar dinero destinado a esas dependencias gubernamentales es tema que no se puede tomar a la ligera, es decir, no solo para figurar como protagonista.

Si bien es cierto que existen delegaciones considerado como inoperables, como es el caso de la CONAGUA en el estado de Coahuila, así mismo en algunas otras entidades federativas, también lo es que existen aquellas que sí son operables como es el caso de la PROFECO.

Así como esta última mencionada existen otras que son nobles instituciones para la ciudadanía y cuyos recursos federales no se distinguen por ser ostentosos ya que la mayoría de las veces se tiene contemplado cierta cantidad de dinero para su funcionalidad, pero a los hechos que nunca llegan.

Los sueldos de personal que trabajan ahí no superan ni los 3 mil 500 pesos mensuales, siendo que muchos de ellos trabajan como parte de su servicio social e incluso por el gusto de servir a la gente en poder ayudarlos.

El traslado de notificaciones en su mayoría lo hacen en vehículos particulares, y hasta poniendo de su bolsillo para la gasolina, con tal de ayudar a los consumidores de tantos abusos que comenten prestadores de servicios, así como profesionistas.

Hay quienes consideran a la Procuraduría Federal del Consumidor como una institución gubernamental que nunca hace nada, pero contrario a lo que ciudadanos puedan pensar, es que dicha dependencia logra conciliar en su mayor parte aquellas quejas de quienes han sido víctimas de abusos comerciales o engaños.

Se ha perdido la óptica de su objetivo en donde existe un servicio por parte de PROFECO, que es gratuita, es decir, no tiene ningún costo para el consumidor. Además, que aquellos casos que no logran conciliar es un gran paso para poder proceder ante cualquier instancia legal, es decir, ante los tribunales ya que con sus oficios son válidos para juicios civiles o mercantiles ya que son fieles testimonios documentales que comprometen al prestador de servicio cuando el afectado no tiene con qué comprobar su afectación.

Dicho entre el argot de abogados, los oficios de PROFECO, son considerados como un “pagaré”, que ya de entrada va encaminado para cuando un consumidor hace valer sus derechos ante otras instancias, teniendo plena facultad cualquier juez estatal muy a pesar de que venga de una instancia federal.

Hay que reconocer en Coahuila, en cada una de sus administraciones estatales, cada Gobernador en turno ha apoyado económicamente en especial a la Procuraduría Federal del Consumidor, con alguna partida para que puedan desempeñar sus funciones, sin importar el color del partido al que pertenece el Gobierno Federal, en específico durante la administración de Vicente Fox Quesada, y Felipe Calderón Hinojosa.

Por lo pronto la delegación de Coahuila, se encuentra en estos momentos, lleno de cajas de archivo muerto, en donde están preparando toda la papelería de aquellos casos en las que hubo audiencias, para poder entregarlas a la próxima administración del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Sin ningún conocimiento por parte del poco personal que pertenece como trabajador de la federación, más que preocupados sobre qué destino futuro tendrá sus funciones, se encuentran más preocupados por lo que valla a suceder con los consumidores, es decir, ya no tendrán a donde acudir o bien a manera personal considero que será un retroceso a la burocratización al pretender centralizar nuevamente todo a la CDMX. ¿Estará usted dispuesto a viajar tan lejos para tramitar alguna documentación o solicitud de algún organismo de gobierno? (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria “Antonio Estrada Salazar 2018”) www.intersip.org