México (PL) Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma energética mexicana dejó de ser una polémica propuesta gubernamental para convertirse en un hecho que, según sus promotores, dará importantes frutos al país.

La oposición legislativa de la izquierda y las protestas de varios sectores sociales en contra de la medida fueron insuficientes para frenar su aprobación, con la cual por primera vez en 75 años se abre el sector de los hidrocarburos nacionales al capital privado.

Desde agosto pasado el presidente Enrique Peña Nieto había presentado su proyecto energético encaminado a revertir la situación de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ante una disminución en sus niveles de productividad.

Según los argumentos del Ejecutivo, y de los propios directivos de la compañía, si México quiere alcanzar el máximo potencial petrolero necesita emplear aproximadamente 60 mil millones de dólares anuales, cifra superior a la que se destina en el presente, y de ahí la necesidad de atraer mayor inversión.

CAMINO LEGISLATIVO

A pocos meses de iniciar la actual administración, tanto el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el conservador Partido Acción Nacional (PAN) realizaron propuestas de cambio constitucionales en el sector energético para permitir la participación de particulares en la industria nacional de hidrocarburos.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), la principal fuerza opositora de izquierda, también presentó una iniciativa que buscaba consolidar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas con mayor autonomía, pero sin realizar modificaciones a la Carta Magna.

Al anunciar su proyecto, el mandatario mexicano explicó que permitiría al Gobierno realizar contratos de utilidad compartida con el sector privado, pero no de producción de ese tipo, pues su propuesta garantizaba mantener el control absoluto sobre el petróleo.

En noviembre pasado, días antes de que el Senado comenzara a debatir el tema energético, la prensa local se hizo eco de reportes de medios extranjeros, al decir de los cuales priistas y panistas habían iniciado negociaciones en secreto para aprobar la reforma con un alcance más amplio del planteado por el Gobierno.

Después de esas revelaciones, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, comunicó la retirada de su formación del Pacto por México, al denunciar esas aludidas conversaciones secretas en torno a una medida que consideran lesiva para el país.

Tanto los perredistas como los miembros del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano, manifestaron en el Congreso su rechazo al dictamen finalmente presentado por el PAN y el PRI, pues señalaron que equivalía a entregar los recursos al capital foráneo.

Sin embargo, la mayoría parlamentaria de estas dos últimos fuerzas fue suficiente para dar curso a la determinación, y el 11 de diciembre pasado la Cámara alta le dio su aval después de que su sede hubiera estado varios días sometida a un cerco de contrarios a la reforma.

La iniciativa quedó diseñada para atraer a inversores privados a operar de forma independiente en el país o asociarse con Pemex mediante contratos de servicios, de ganancias y de producción compartida, así como a través de licencias.

Con el objetivo de que México asuma pactos con particulares nacionales y extranjeros para la producción de hidrocarburos, la reforma modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y finalmente resultó una apertura mayor que la comprendida en la primera propuesta de Peña Nieto.

Al mismo tiempo, representó un cambio radical con respecto a la legislación vigente desde 1938, cuando el expresidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria energética y estableció que esa actividad sería exclusiva del Estado.

Mientras los legisladores debatieron el tema, en las afueras del Senado se mantuvieron por una semana las protestas de los miembros del Movimiento de Regeneración Nacional, quienes estuvieron acompañados de otras organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Al día siguiente de la anuencia de los senadores, la Cámara de Diputados siguió el mismo camino y ratificó la ley, que junto con los cambios a la Carta Magna estableció 21 artículos transitorios para adecuar el marco jurídico sobre el tema.

Poco después la reforma energética se convirtió en la iniciativa constitucional de la actual legislatura que más rápido fue avalada por 17 de 32 legislativos locales, cifra requerida para pasar al Ejecutivo, lo cual consiguió en solo 83 horas.

De ese modo, el 18 de diciembre la Comisión Permanente del Congreso decretó la constitucionalidad de la medida -que finalmente fue aprobada por 24 entidades- y la turnó al jefe del Gobierno Federal para su promulgación y publicación.

El sábado 21 de diciembre se produjo entonces la entrada en vigor de la reforma energética, una ambición de administraciones anteriores que Peña Nieto por fin pudo concretar, rodeado de numerosos vítores y muestras de rechazo.

ENTRE PROMESAS Y TEMORES

En declaraciones a Prensa Latina, el presidente del PRD señaló que los cambios constitucionales y los artículos transitorios aprobados por el PRI y el PAN trastocan las bases mismas de la Carta Magna mexicana.

La reforma equivale a entregar la renta petrolera a manos privadas, lo cual representará un daño enorme para el país y la pérdida de la propiedad del Estado sobre la riqueza energética, apuntó.

Sin embargo, al promulgar la iniciativa, Peña Nieto señaló que con ella se garantizará la propiedad de la nación sobre Pemex, la CFE, los hidrocarburos y la renta petrolera.

Con la energética se abre una nueva etapa para el desarrollo, expresó el gobernante, tras señalar que se trata de una medida histórica y fundamental para el futuro de los ciudadanos.

Según el mandatario, a través de ella el sector se convertirá en una auténtica fuente de ingresos económicos y ayudará a México a enfrentar con éxito los retos del siglo XXI.

Aunque a juicio del líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, con la reforma energética se llevará al país a un retroceso político, social y económico.

El hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, artífice de la nacionalización del sector hace 75 años, recordó, junto a otros miembros de la izquierda y organizaciones sociales, las consecuencias negativas para México de proyectos privatizadores anteriores.

Rosío Vargas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que la reforma establece una privatización total de la cadena de producción, al quitarle la prerrogativa estratégica al Estado.

En medio de esas posturas, y a pesar de la puesta en marcha del proyecto energético, el PRD ratificó su determinación de revertirlo, y mantiene la lucha por realizar una consulta popular en 2015 con ese objetivo, por lo que ya entregó al Senado cerca de un millón 700 mil firmas necesarias para iniciar el proceso.

Ahora, los mexicanos están a la espera de las leyes secundarias de la nueva legislación, anunciadas por Peña Nieto para presentarse en breve, con las cuales quedará definido el futuro energético de una nación que tiene en el petróleo uno de sus pilares fundamentales.