México, 18 jul (PL) Las leyes secundarias de la reforma energética están más cerca hoy de representar una realidad para la sociedad mexicana, cuando ya el Senado aprobó en lo general el paquete de mayor importancia en la nueva legislación.
Esta madrugada el pleno de la Cámara alta avaló por 90 votos a favor y 28 en contra el primero de los cuatro dictámenes de las normativas complementarias, las cuales regularán los cambios al sector aprobados en diciembre de 2013.
La minuta, defendida por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza, contiene la Ley de Hidrocarburos y modifica diversas disposiciones de la Ley de Inversiones Extranjeras, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
Considerado la columna vertebral de la reforma, el paquete que rechazan los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) termina con la exclusividad de Petróleos Mexicanos sobre la industria energética mexicana, 76 años después de la nacionalización de ese ramo.
En la nueva Ley de Hidrocarburos se incluyen 80 reglas relacionadas con el pago de impuestos de los participantes extranjeros, y se establecen medidas de competencia que, según los favorables a la legislación, permitirán a las empresas del país crecer frente a las grandes transnacionales.
Al mismo tiempo, comprende la importación de gasolinas por parte de particulares a partir de 2017 y coloca incentivos para que las compañías internacionales realicen actividades de exploración y explotación, sobre todo en aguas profundas del golfo de México, entre otras disposiciones.
La senadora Sonia Mendoza, del conservador PAN, afirmó que con esta reforma la economía mexicana podría crecer hasta un dos por ciento adicional, con la generación de 100 mil empleos adicionales cada año y la posibilidad de disminuir el costo de la energía eléctrica.
A su vez, el priista David Penchyna expresó que mejorará la seguridad energética del país, aumentará la producción de petróleo y gas natural, y fortalecerá la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
Pero durante el debate en lo general, al menos en 43 ocasiones senadores del PRD y del PT tomaron la palabra para destacar lo que consideran cambios adversos a los intereses de la sociedad mexicana.
Este es un claro despojo petrolero. A pesar de la negativa explícita del artículo 27 constitucional para otorgar concesiones en la materia, las leyes de hidrocarburos las autorizan de facto a través de un complejo sistema de contratos y licencias, consideró la perredista Dolores Padierna.
De acuerdo con la parlamentaria de izquierda, esos permisos para explotar los recursos mexicanos no cuentan con mecanismos de protección a la población, al medio ambiente y a la propia industria nacional.
El también representante del PRD, Armando Ríos, demandó un eje de planeación estratégica para convertir al sector en una palanca de desarrollo, y no en un nuevo negocio en el que solo se involucren unos cuantos con capital, especialmente foráneo.
Otro de los puntos polémicos de las normas secundarias es la posibilidad de que terrenos con propietarios individuales o comunales sean empleados para explotar hidrocarburos a través de figuras como la servidumbre voluntaria, y la ocupación superficial o temporal.
De acuerdo con los partidos de izquierda y algunas organizaciones civiles, ese tema equivale a permitir expropiaciones a favor de los contratistas.
A su vez, varias agrupaciones campesinas denunciaron que las nuevas medidas afectarán los derechos territoriales del 60 por ciento de los 31 mil 941 ejidos y comunidades del país.
En tanto, conocedor de que la mayoría del PRI, PAN y PVEM dará luz verde a los proyectos legislativos tanto ahora en el Senado como después en la Cámara de Diputados, el PRD insiste en que la solución para revertir la reforma es una consulta popular el año próximo.
Según los perredistas Mario Delgado y Alejandro Encinas, ese ejercicio ciudadano será la mayor prueba del debate energético, cuando participe la población.
Para que proceda la consulta se requiere una petición realizada por el dos por ciento del electorado, equivalente a un millón 600 mil firmas, por lo cual el PRD se encuentra ahora en el proceso de conseguir las rúbricas necesarias.