En los últimos meses, han corrido ríos de tinta a través de los diversos rotativos nacionales y locales para tratar de justificar “las bondades” de una reforma. Los adalides del gobierno, vestidos de comunicadores, pergeñan en sus respectivos medios, brillantes exposiciones a fin de convencer hasta al más incrédulo de que la reforma educativa traerá beneficios múltiples a la niñez mexicana y por ende, a la población en general. Pero a pesar de esos esfuerzos retóricos y a la luz de un análisis profundo, las bondades no se asoman por ningún horizonte.
Y es que hasta ahora, la supuesta reforma educativa no ha contemplado la modificación del modelo educativo vigente- que en la práctica ha mostrado severas contradicciones- y se ha centrado plenamente en el desempeño del maestro, atribuyéndole a él, la responsabilidad plena del deterioro educativo. ¿Qué los docentes tienen responsabilidad? Claro que la tienen. Pero ésta, debe ser atribuida en su justa dimensión. Las deficiencias educativas no gozan de una paternidad única como suele pensarse de manera simplista.
En este mea culpa expiatoria, debe incluirse al gobierno que ha destinado magros recursos, insuficientes para que la niñez mexicana, cuente con instalaciones dignas, a las autoridades educativas, al equipo responsable de la implementación del modelo vigente, a los responsables de los libros de texto, a los padres de familia que atendiendo sus necesidades laborales, abandonan al cuidado de la televisión o de cualquier otro entretenimiento electrónico a los niños y por supuesto a los maestros.
Enfocar las diatribas en contra de los docentes para corregir el desempeño, es tan burdo como pretender que un padre irresponsable, se corrija por el simple hecho de hablar mal de él en familia y de obligarlo a responder un examen en el que se ponderen las virtudes de un buen padre. Las reformas en materia fiscal, se han impulsado, porque el gasto público es mayor a lo que se recauda. En ningún momento he escuchado, que para llevar a cabo esta reforma, se vitupere a los recaudadores de impuestos tachándolos de mediocres o de ignorantes, porque lo que recaudan, no alcanza.
Las acciones que han emprendido los medios de comunicación y el grupo denominado Vamos México, encabezado por prominentes empresarios, para crear una opinión adversa a los docentes del país, solo confirman la verdadera pretensión de la reforma: la privatización de la educación.
Con los trabajadores de LYFC, se siguió el mismo guion. Las descalificaciones a los trabajadores de esta empresa fueron el preámbulo para el golpe privatizador. Generar una opinión adversa a un sector, parece ser la condición necesaria para evitar resistencias del pueblo. Muchos se preguntarán porqué, si el gobierno pretende la privatización de la educación, no actúa con la misma presteza con la que desapareció a LYFC. Las razones son simples. El gremio de los electricistas era relativamente pequeño. Indemnizar a 40 000 trabajadores no implicaba un desgaste considerable. No resulta lo mismo con el gremio magisterial, pues en conjunto constituimos más de 1 400 000 profesores. Los fondos para su liquidación, pondrían en jaque al sistema financiero mexicano. Es por ello que, perversamente, se planteó la aplicación de un examen en el que, con una mano en el bolsillo se separé de su empleo a cuanto maestro sea posible, con el argumento de que no cubre el perfil que la reforma requiere. Y lo mejor de todo, sin que haya derecho a una liquidación conforme a los años que ha laborado. ¡Brillante!.