La Habana (PL) Medio siglo después del inolvidable discurso de Martin Luther King, el racismo persevera en ser una asignatura pendiente para Estados Unidos, donde están activas leyes discriminatorias tanto en el ámbito federal como en las jurisdicciones estaduales.

El más famoso de los líderes negros norteamericanos pronunció sus célebres cuatro palabras («I have a dream») el 28 de agosto de 1963 ante un auditorio de 250 mil compatriotas que se reunieron en el Lincoln Memorial al final de la Marcha por el Trabajo y la Libertad.

Fue una alocución cargada de fuerza emocional y política, dirigida a una comunidad afroamericana que ya casi había perdido la esperanza y a un siglo desde el final de la esclavitud, continuaba viviendo bajo indignas variantes de ese flagelo.

Luther King lideró aquella demostración histórica pocas semanas después que chocantes escenas de atropello fueron registradas en Birmingham, Alabama, donde policías bajo las órdenes del alguacil Theophilus Connor agredieron con perros a manifestantes negros.

Fue el mismo verano en que el presidente John F. Kennedy, quien no podía evitar el racismo en su propia tierra, pronunció su también famoso discurso de Berlín. Habló en alemán y exhortó «a garantizar la libertad individual de las personas» tras la llamada Cortina de Hierro.

La March on Washington for Jobs and Freedom fue sobre todo una manifestación de pacifismo cívico, una de las principales pautas programáticas de King, y aunque estuvo monitoreada siempre por 19 mil policías, solo cuatro manifestantes (todos blancos) fueron arrestados.

Desde el boicot contra el transporte de Montgomery iniciado por Rosa Parks en diciembre de 1955, en la orientación ideológica de la comunidad negra también tuvieron impacto otros líderes políticos como Malcom X, Stokely Carmichael, H. Rap Brown, Eldridge Cleaver y Bobby Seale.

Sin embargo, 50 años después de aquellas luchas sociales, los sueños de Luther King se han cumplido solo a medias, pese a que el primer presidente afroamericano, Barack Obama, planea homenajear la fecha el próximo miércoles 28 de agosto.

Junto al escenario actual de un Jefe de Estado negro en la Casa Blanca, persisten en el norteño país leyes racialmente intrusivas y localmente discriminatorias en estados sureños como las dos Carolinas, Arkansas, Texas y Florida.

Una organización no gubernamental de Syracuse, Nueva York, anunció que estará con Obama el día 28 en Washington para rememorar a Luther King y, al mismo tiempo, denunciar la situación de pobreza, insalubridad, desempleo y bajos estándares sociales en que viven muchos negros estadounidenses hoy día.

Walt Dixie, vocero del grupo National Action Network, apuntó que la frase «I Have a Dream» (tengo un sueño) choca con leyes vigentes como Stand Your Ground (dispara primero, en Florida) o la reciente modificación de la Voting Rights Act (sobre derechos del votante).

Dixie recordó que voceros de la sociedad ultraconservadora como Rush Limbaugh, Michael Savage o Bill Bollom transmiten programas de radio o boletines periódicos donde difunden los conceptos más racistas que se les ocurren, algunos solapados, otros no.

En julio último organizaciones comunitarias, celebridades, foros civiles y representantes de la esfera política estadounidense propusieron boicotear al estado de Florida debido al fallo judicial a favor de George Zimmerman.

Un tribunal en el sureño departamento halló no culpable de asesinato al vigilante privado, pese a varias evidencias que lo imputaban por la muerte a sangre fría del joven afroamericano Trayvon Martin.

De concretarse el aislamiento, la operación sería similar a la aplicada en 2010 contra el estado de Arizona, que perdió 141 millones de dólares cuando numerosos grupos suspendieron convenciones que tenían programada en ese territorio.

La principal crítica contra Arizona era la ley S.B. 1070, la cual criminalizaba a la inmigración ilegal; en el caso de Florida los demandantes exigen la invalidación de la polémica legislación «dispara primero».

Esta normativa, usada como argumento de la defensa en el juicio contra Zimmerman, establece que los ciudadanos pueden abrir fuego contra sujetos sospechosos que invadan sus propiedades sin que medie una alerta previa.

El Centro para el Progreso Americano, el cantante Stevie Wonder, el líder político Martin Luther King III, varios gremios de abogados, sindicalistas y activistas comunitarios exhortaron al resto del país a no comprar artículos comerciales floridanos.

Otra normativa en vigor y subrepticiamente discriminatoria es el Acta de Sentencias de 2010, que impone el mismo tiempo de prisión por la tenencia de cinco gramos de crack (consumido mayormente por afroamericanos) que por 500 gramos de polvo de cocaína, usado por muchos adictos blancos.

Un nuevo ejemplo de retroceso legal fue el veredicto en junio de la Corte Suprema, que inhabilitó un artículo del Acta de Derechos del Votante (ADV) relacionado con el chequeo judicial para evitar eventuales procedimientos racistas en comicios generales.

Con una votación de cinco contra cuatro, el máximo tribunal norteamericano desactivó un acápite de la legislación, según el cual el Departamento de Justicia estaba obligado a identificar los estados que requieren una mayor supervisión federal.

La ADV o Voting Rights Act fue sancionada en 1965, entre otras razones, para contrarrestar las prácticas discriminatorias contra la comunidad afroamericana, muy extendidas por aquella época.

Sin embargo, en los últimos cinco años territorios tradicionalmente conservadores como Alabama, Arizona o Texas han tratado de impugnar la normativa al considerar que algunos preceptos interfieren con la soberanía de los estados.

El magistrado jefe John Roberts aclaró que la decisión no significa una invalidación total del acta, sino que el Congreso federal deberá buscar nuevas fórmulas para juzgar a los sistemas electorales departamentales.

Grupos defensores de los derechos humanos como el Pew Charitable Trusts recordaron que, pese a la vigencia de la ADV, Carolina del Sur y Georgia han implementado sutiles procedimientos segregacionistas basados en el requerimiento de identificación para electores.