Lamentable, por vergonzosa, ha sido la actuación de los seiscientos veintiocho individuos que cobran altísimos sueldos por aparentar que representan la voluntad popular en la redacción de nuestras leyes. Los legisladores han tenido que abandonar sus palaciegas oficinas y, escondidos detrás de impresionantes cercos militares, alquilar recintos bancarios para mostrar su servil sometimiento ante las cámaras y los micrófonos de la televisión comercial.

Mientras en las calles de muchas ciudades se manifiesta la creciente repulsa social por sus decisiones, algunos senadores y diputados, erigidos en voceros de los demás y olvidando las mentirosas promesas y los ampulosos discursos de las campañas electoreras, chillan ante los medios de comunicación solicitando protección y exigiendo una represión violenta para acallar las críticas y reclamaciones de sus representados.

Por su parte, un numeroso coro alquilado de noticieros y comentadores ejecuta el linchamiento mediático tratando de exacerbar el ánimo público por las incomodidades y alteraciones en el intenso tráfico citadino. Las imágenes, editadas a la medida del cliente, muestran acciones de los conocidos provocadores para desprestigiar y denostar a quienes defienden sus derechos y, agotados los canales institucionales por la cerrazón e intransigencia de los responsables, tratan de hacerse escuchar.

La situación debe cambiar. El lamentable estado en que se encuentran la economía y la seguridad es un reflejo de todo lo que se ha hecho mal hasta hoy. Ya no se puede ocultar. Y, haciendo a un lado la falsa retórica y la mercadotecnia política, es claro que la mayor parte de culpa le corresponde, precisamente, a los miembros del Poder Legislativo por su falta de patriotismo y de pundonor.

Atentos solo a sus intereses económicos y a su trayectoria política personal, diputados y senadores provenientes de todos los ámbitos y sectores de la sociedad han abandonado la defensa de las convicciones humanistas, progresistas y liberales que dieron origen a nuestro país. Muy lejos se encuentran de los valores enarbolados por sus antecesores durante los trabajos constituyentes de 1824, 1857 y 1917.

En el caso de los cambios relacionados con la educación, con cinismo inaceptable, a toro pasado, después de elaborar y modificar leyes fundamentales para el futuro de la nación, pretenden simular una consulta popular sobre las leyes secundarias.

Aceptando los propios argumentos legislativos sobre la necesidad y beneficios de una evaluación periódica para que los maestros ejerzan su profesión, es indispensable que los legisladores también sean sometidos a un proceso de verificación que garantice su capacidad en el desempeño de sus importantes labores.