Tradicionalmente, los analistas y medios de información, enfocan sus miradas al desempeño que tiene un gobierno entrante, durante los primeros 100 días de ejercicio. Y se hace de esa forma, porque es el periodo en el que, de una u otra forma, se llegan a percibir los efectos de las primeras acciones.

En este caso, trataré de romper con ese esquema de observación, debido a que el número de acciones del gobierno en tránsito, ha suscitado una serie de reacciones dignas de ser expuestas y analizadas:

El primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, atendiendo al mandato constitucional, toma posesión en el palacio legislativo.

La toma de posesión, está rodeada de una serie de acciones, simbólicas en su conjunto, ya que rompe con esa serie de protocolos que recordaban la asunción de una monarquía.

Sin un esquema de seguridad en torno suyo, llega el aún presidente electo, al lugar donde se llevarían a cabo las acciones necesarias para juramentar ante el congreso legislativo, como presidente de México.

Durante su primera alocución como presidente constitucional, reitera que impulsará un gobierno austero y que combatirá frontalmente la corrupción. Hago énfasis en el discurso porque a manera de preámbulo, sus palabras anticiparon lo que en unos días estaría tomando como acciones inmediatas.

El anuncio de la derogación de la reforma educativa y la convocatoria a foros de consulta para la construcción de un nuevo proyecto educativo, fueron el inicio de las acciones formales de su ejercicio.

La problemática que rodea al ámbito educativo, sin embargo, no ha sido abordado de manera profunda ya que, producto de la imposición de la reforma Peñista, el sistema quedó en condiciones críticas.

El aspecto digno de resaltar en la atención al ámbito educativo es la de reinsertar a las escuelas normales como el eje motor en la formación de los docentes y la simbólica reapertura de la Normal Luis Villarreal, mejor conocida como el Mexe.

Otra de las acciones que en pocos días causaron revuelo, fue el de proponer la entrada en vigor del decreto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, normativa que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución, en la que buscó sustentar la exigencia de que ningún servidor público, ganara más que el presidente de la república y la suspensión de las pensiones a los expresidentes.

La respuesta de la cúpula del poder judicial en su conjunto, manifestó su desacuerdo a lo que llamaron invasión del ámbito de los poderes e inmediatamente se ampararon, suspendiendo temporalmente la aplicación de la iniciativa.

La propuesta, aun cuando no pudo llevarse a cabo por el amparo interpuesto, creó una imagen pública bastante negativa para el poder judicial quienes buscando reducir los daños, terminaron por aceptar días después, una reducción voluntaria en sus salarios, del veinticinco por ciento.

Aunque el proyecto de reducción de salarios, contemplado en el programa de austeridad republicana no se llevó a cabo tal y como lo tenía articulado, es un hecho que el ejecutivo se vio beneficiado pues la trama y el conflicto con el poder judicial por esta diferencia, le dio una credibilidad inesperada.

La acción última, encuadrada en el programa del combate a la corrupción, se concentró en el combate al robo de hidrocarburos.

Como medida drástica, optó por ordenar el cierre de los ductos ya que, según la información recabada hasta el momento, se tenía registro de cientos de tomas clandestinas a lo largo de los ductos y al interior de las refinerías.

Aunado a esta decisión, tomó la determinación de distribuir el combustible a través de pipas, lo que inmediatamente generó un desabasto en por lo menos seis estados del centro del país.

Después de dos semanas de haber tomado dicha decisión, las acciones, para suministrar los hidrocarburos han sido ineficientes, provocando la agudización del problema y generando una molestia popular que amenaza con derribar la credibilidad del gobierno, pues las fuerzas opositoras han aprovechado la situación para montar campañas de descrédito que han encontrado tierra fértil, generadas por la molestia popular. 

Sólo un golpe certero, que pudiese estar centrado en la confiscación de bienes y encarcelamiento de los principales huachicoleros, de funcionarios involucrados o del líder sindical Romero Deschamps sobre el que pesan sospechas de estar involucrado en el robo de combustible, podrá derribar la visión negativa que en pocos días se ha edificado en torno al desempeño del polémico López Obrador…