Asunción (PL) Una vez más, Paraguay se acaba de estremecer con algunas noticias, las cuales no por ser repetidas dejan de golpear a una sociedad que tiene en el campesinado uno de sus sectores más vulnerables.
Es mucho lo que se ha escrito sobre la realidad del campo paraguayo, donde el 80 por ciento de las tierras cultivables está en poder del uno por ciento de los más pudientes miembros de la población o sencillamente en manos de grandes firmas agroexportadoras nacionales y extranjeras.
De ninguna forma es nuevo decir que grandes latifundios, con la práctica de la agricultura extensiva y muchas veces mecanizada, prácticamente liquidaron los sembradíos familiares, las cooperativas de pequeños y hasta medianos agricultores y el uso de las semillas nacionales a la hora de realizar las siembras.
Tampoco es nuevo aquí, aunque pueda asombrar a algunos en el exterior del país, que los pobres resultados de un catastro incompleto ya arrojan un nivel de voracidad de los geófagos capaz de tener bajo títulos de empresas o titulares privados una extensión de terreno total mucho mayor a la real del país.
Durante interminables décadas la apropiación de terrenos en forma ilegal utilizando para ello títulos falsos o decisiones de funcionarios judiciales y fiscales venales, según las denuncias de las organizaciones campesinas, legisladores y partidos políticos, fueron llevando a la situación señalada y agravaron el nivel de pobreza extrema en las zonas rurales paraguayas.
Resultado visible de ese aprovechamiento de los grandes grupos económicos nacionales y foráneos así como de las tradicionales y familias latifundistas que dieron carácter hereditario a las propiedades alcanzadas en tales condiciones, es la expulsión de los campesinos más humildes hacia bolsones de pobreza alrededor de muchas ciudades, incluyendo la capital de la República.
Aunque todos los bien intencionados coinciden en que únicamente una reforma agraria integral puede solucionar esa ecuación negativa en el campo paraguayo, el drama ocurrido últimamente en un asentamiento campesino trajo nuevamente a la actualidad otra de las consecuencias del injusto modelo de tenencia de la tierra en el país guaraní.
Escenario del último incidente de esa característica fue la muerte de dos niñas campesinas y la afectación de otras 33 personas, entre ellas 15 infantes o adolescentes más, por lo que la Federación Nacional Campesina (FNC) denunció  como resultado de la fumigación, también extensiva, con productos agrotóxicos suministrados casi siempre por empresas extranjeras.
Todo ocurrió en el asentamiento de Huber Duré, en el norteño departamento de Canindeyú, poco después de que se registrara, según los datos facilitados por la FNC, la fumigación de campos de soja y maíz cercanos al lugar.
Es importante señalar que, en primer lugar, en numerosas ocasiones este tipo de fumigaciones para grandes sembradíos se realizan desde el aire y los vientos llevan los peligrosos tóxicos a todos los alrededores poblados y, en otros casos, las siembras acapararon las tierras cercanas a los asentamientos.
Para tratar de evitar las dificultades señaladas existen reglamentaciones y leyes que establecen una distancia mínima entre sembrados y poblaciones y hasta entre sembrados y caminos o carreteras, precisamente con el fin de minimizar riesgos de diseminar los productos tóxicos.
Lo que sucede es que, en Paraguay, de acuerdo con las múltiples denuncias y la difusión de los problemas causados, esas disposiciones sencillamente no se cumplen en una cantidad importante de casos.
Las dos niñas fallecidas de Huber Duré por complicaciones respiratorias precedieron, horas después, a otros 33 habitantes del lugar, 15 adultos y 18 menores de edad, quienes debieron ser atendidos por el mismo tipo de complicaciones y algunos de ellos  hospitalizados por el peligro que corrían sus vidas.
El hecho se trató de minimizar inmediatamente por los voceros de los latifundios cercanos e incluso por medios de difusión que repetían lo supuestamente inocuo de los agrotóxicos y hasta trataban de politizar lo ocurrido.
Pero más allá de todos esos esfuerzos, noticias publicadas inmediatamente después subrayaron lo delicado de una situación generalizada en el país y que muchos catalogan como resultado de la política permisiva oficial hacia los poderosos intereses de los agroexportadores y sus aliados de las empresas transnacionales.
Así se conoció que más de 25 millones de litros de glifosato incluidos en el herbicida Round Up y  vendidos por la multinacional Monsanto fueron fumigados en territorio paraguayo, reportándose numerosas personas enfermas a causa de ello.
El objetivo fue sostener los cultivos de semillas transgénicas también comercializadas en el país por Monsanto, que entró en Paraguay de la mano del gobierno de Federico Franco, quien asumió el poder tras la destitución en 2012 del presidente constitucional Fernando Lugo.
Según el portal Eâ€Öa dicho producto contamina agua, aire, tierra y personas y de acuerdo con los cálculos de la propia Cámara Paraguaya de Exportaciones y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas y los demás gremios de la soja, en ese cultivo se derramaron 25 millones 600 mil litros del agrotóxicos.
Una noticia adicional, nada agradable, es que la semilla de soja del tipo RR producida por Monsanto sólo puede ser tratada con el glifosato producido por la propia transnacional.
Un estudio publicado por científicos en Argentina en 2013 tras 15 años de investigación mostró, según Damián Verzeñassi, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, un aumento de cáncer, pérdidas de embarazo y malformaciones  congénitas, así como enfermedades neurológicas, hipotiroidismo, asma y alergias, en las víctimas de la fumigación.
En Paraguay se detectó aumento de abortos, alergias y problemas respiratorios, entre otros resultados indeseados, en los departamentos de Canindeyú y San Pedro, en la  castigada, económica y socialmente, zona del norte del país, a veces con resultados fatales como los que se acaban de experimentar con las dos niñas de Huber Duré.