Por Guillermo Robles Ramírez

“Una residencia digna”, es la bandera con la que más de 8 mil médicos realizaron su paro de actividades a la falta de pago, la derogación del abono sexenal y la falta de una ley que enaltezcan su trabajo.

No es nada fácil ser médico en este país cuando no se tiene el recurso económico para formar su propio consultorio, así como la acreditación ante pacientes o bien, el trabajar para un hospital privado.

Cuando se está en alguna institución de salud gubernamental sus condiciones siempre serán de exceso de trabajo como estos médicos del país que exigen el pago de sus tres quincenas que se les deben, después de haber trabajado muchos de ellos hasta más de 36 horas continuo, sin comer y sin bañarse.

Pero en realidad los problemas no paran ahí ya que existe muchas injusticias que estas mismas instituciones de salud gubernamental cometen, pero desde que son estudiantes o un poco antes de recibirse no son escuchados sus voces porque además están condicionados a que se les tramite su cedula profesional al no cumplir su servicio social, siendo en esta etapa de los futuros médicos cuando inician las injusticias y abusos por parte de nuestras autoridades.

Problema que lleva décadas repitiéndose y ninguna administración federal se dignan acabar con estos abusos porque se trata de algo que al final no le conviene al gobierno remediar.

            A través de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, los pasantes de medicina y enfermería son enviados a las comunidades rurales a cumplir con el único requisito para poder titularse que es el servicio social. Y para sumarse al mismo se les pinta un panorama color de rosa.

            Pero la realidad es otra porque el permanecer por cierto tiempo en un ejido asignado para ofrecer servicio médico a los habitantes, así como tener una vivienda digna en la que obviamente gozarían de todos los servicios básicos, como luz, gas, agua y por supuesto alimentación. Y una vez que están instalados en el área rural asignados no exista nada de lo prometido.

            En el séptimo semestre en cualquier facultad de medicina en el país incluyendo la de Coahuila, los estudiantes saben que les falta poco para graduarse y titularse, con ello el cumplir con el servicio social que la misma universidad marca por solamente no menos de 480 horas.

            Como únicas opciones los estudiantes tienen que escoger entre la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar su servicio y poner en práctica las actividades médicas.

            Se les asigna una comunidad rural para establecer una clínica en la que deberán atender a la población campesina de más escasos recursos.

            Un doctor y dos enfermeras en el mejor de los casos de este último, son enviados al ejido que se encuentra ubicado en los alrededores de las ciudades urbanas. Al llegar a la clínica encuentran que les hace falta la mayor parte de los medicamentos, además se percatan de que no cuentan con los servicios básicos que son luz, agua y gas para cocinar, bañarse o simplemente mantener limpio la estancia médica.

            De pronto se encuentran con una habitación dentro de la clínica de aproximadamente 2 x 2 con una litera en la que tendrán que dormir, una cocinita donde fue improvisada en uno de los pasillos de la estancia, además de que antes recibían un bono quincenal en el mejor de los casos de 700 pesos como compensación a su labor, pero ahora en esta nueva administración federal con Andrés Manuel López Obrador, ni eso recibirán.

            Estos jóvenes además de prestar un servicio que ayuda a la comunidad rural; hacen funciones que no les corresponden como el vacunar a un perro o cualquier otro animal, así como hacer el papel de un abogado e intervenir en problemas conyugales y realizar labores de un maestro, cosa que no les corresponde para nada a los galenos.

            Los futuros médicos se dan cuenta que la población está ávida de atenciones médicas. Pero se carece de los más elemental para sobrevivir en esas comunidades; saltando a simple vista el engaño de que fueron objeto, pero pesa más las amenazas de perderse todo, por reprochar a la Jurisdicción Sanitaria.

            Por otro lado, el gobierno federal hace creer al resto de la población que el servicio de salud llega hasta el último rincón de México, pero sin explicar la serie de irregularidades e injusticias que cometen a estos nóveles médicos que son condicionados como requisito de cumplir el servicio social a cambio de su título profesional. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) www.intersip.org