Por Guillermo Robles Ramírez

La vida me ha enseñado que toda aquella reforma fiscal cuando dice que no va a afectar en nada, o no son con fines de fiscalización, tarde o temprano terminan siéndolo. Todos aquellos mecanismos que “dizque”, para acabar con la delincuencia organizada o lavado de dinero procedente del narcotráfico es pura demagogia política.

El ejemplo más claro lo tenemos con nuestro sistema bancario, en donde las autoridades fiscales les dejaron la función a los bancos para avisar al SAT, de movimientos “inusuales”, para que sean confiscadas e investigadas, solo han causado problema a particulares. Quién no recuerda todas aquellas cuentahabientes; amas de casa, que les fueron notificadas ante Hacienda porque sus esposos e hijos depositaban dinero para los gastos de la casa.

Todas esas mujeres hogareñas o dedicadas exclusivamente a tender a su familia, tuvieron que hacer filas para presentarse a las instalaciones del SAT, para aclarar la procedencia del dinero. En un principio todo comenzó con el registro del RFC en las cuentas bancarias, bajo el argumento de que no pasaría nada, sino que se trataba de pura organización. Después las autoridades fiscales les dieron la autorización a los bancos de generar ellos mismos el RFC de sus clientes, sin consentimiento de los cuentahabientes, para el Servicio de Administración Tributaria, fiscalizando a las trabajadoras domésticas; pero no iba a pasar nada.

Las medidas anteriores solamente sirvieron para el cierre de miles de cuentas bancarias de amas de casa, entre ellas incluyo a mi mamá porque era por ese medio por la que le enviaba su respectiva mensualidad para su sostenimiento.

Pero las medidas de las autoridades fiscales no pararon ahí, sino que continuaron inventando reformas para acabar con el crimen organizado y la economía informal. Algo que desde mi perspectiva siempre lo he considerado absurdo que un narcotraficante abra una cuenta bancaria de ahorros o simplemente pague con cheques todos sus actos operativos ilícitos, es más, ni siquiera estas medidas han podido atrapar a los delincuentes de cuello blanco que dejen de ganar dinero.

En el 2019 se autorizó el congelamiento de toda cuenta bancaria, sin una orden judicial, un año después el mismo Senado faculta a las instituciones bancarias del país quienes notificaran a sus clientes por el bloqueo de las mismas, al observar movimientos “dizque” inusuales, aunque en la práctica nunca se hizo porque ya estaba sistematizado los depósitos o movimientos arriba de 100 mil pesos el sistema simplemente bloquea la cuenta, pero en el 2020 le quita responsabilidad de notificación a la Unidad de Inteligencia Financiera; y a partir del presente año los  Diputados federales avalan dicho cambio.

Si usted se preguntara en qué le afectará, lo más seguro que dicho bloqueo de sus cuentas, será de acuerdo al criterio de la banca y que serán ellos los primeros jueces, antes de querer arreglar o aclarar las cosas a las oficinas del SAT, así que tendrá que pasar el largo y burocratización sistema bancario para cada una de las veces que sea bloqueado una cuenta o terminal, aunque usted se encuentre actualizado en sus declaraciones fiscales.

Algo más que tiene que saber es que las instituciones bancarias no estarán obligadas a notificarles por escrito, y que están facultadas para violentar sus derechos como el establecido en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece, “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Así que moraleja, retiren a tiempo sus cuentas bancarias y a meterlos debajo del colchón, como solían hacerlo nuestras abuelas.

No hay que ser una eminencia en la economía para adelantarnos que dichas medidas de fiscalización van a desincentivar toda aquella actividad económica y fomentará aún más a la informalidad.

No existe en ninguna parte del mundo, en donde estas reformas puedan garantizar el combate contra la delincuencia organizada o los criminales de cuello blanco.

Tampoco la obligatoriedad de todos los jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad, tendrán que darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, para acabar con la informalidad del futuro, y repitiendo el mismo argumento engañoso de que no va a pasar nada; pero por el momento, ya que no te dicen nada en un futuro inmediato. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org