El anuncio del presidente, Enrique Peña Nieto, el cual se trata de un paquete de 10 propuestas, que presentará el lunes e impulsará en el próximo periodo legislativo de sesiones, en el que se incluye una reforma para abatir la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, así como acciones y reformas para hacer efectivo el acceso a la justicia. Coincidió con la propuesta del senador guerrerense Armando Ríos Piter, ambos plantearon la peligrosidad que representa la infiltración del narco en la esfera pública; la óptica del mandatario de la nación está en enfocada en Guerrero y la del senador igualmente. La corrupción se vive desde Coyoacán con el caso del asambleísta panista hasta los más recónditos territorios nacionales.
Ríos Piter, tiene más de tres años, desde que fue diputado en denunciar que la infiltración del crimen organizado en la administración pública se ha convertido en la peor amenaza para la democracia.
Se deben cerrar filas, y todos, hombro con hombro trabajar por un México mejor, sin colores partidistas, ¡todos un solo México! De norte a sur y de oriente a poniente.
Y lo más claro está cristalizado en los recurrentes escándalos y nexos de políticos en actividades del crimen organizado, mismas que minan las capacidades del Estado en todo el país y la integridad de los ciudadanos.
La clase política en su conjunto padece una crisis de credibilidad, resultado de un sistema de incentivos que permiten a funcionarios públicos utilizar la administración pública para su beneficio, y a últimas fechas, a esta corrupción política, se suman evidencias de financiamiento del crimen organizado a campañas electorales, a cambio de protección, los casos son innumerables y no solo de una fracción partidista.
Armando Ríos Piter, presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General Combate a la Corrupción Política que tiene por objeto establecer los mecanismos del Estado mexicano para blindar al servicio público de la infiltración del crimen organizado, esta misma de coadyuvar con las iniciativas del gobierno federal nos darían como resultado la limpieza total del ejercicio público.
Si la corrupción es un fenómeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones democráticas, y se estima que alrededor del 9% del Producto Interno Bruto es el costo de la corrupción del crimen organizado, esto puede significar el fin de los avances democráticos de nuestro país.
Todos estamos cansados de corruptelas y de impunidad, el caso de Ayotzinapa aunado a Michoacán, la ley bala y más que se viven en el entorno nacional, son la muestra viva de la necesidad de un cambio radical, se requiere de líderes forjados con hierro, que no les tiemble la mano, jóvenes que creen en su país, mismos que exhorten al gobierno a caminar en un mismo sentido y brindar así la paz y desarrollo social que tanta falta nos hace.