La Habana (PL) Jack Warner está acorralado y en su desespero por librarse del mayor escándalo de corrupción de la FIFA arrastra consigo a exaltos funcionarios de esa entidad, pero también al gobierno de su país, Trinidad y Tobago.
El caribeño integró el Comité Ejecutivo de la Federación
Internacional de Fútbol (FIFA) de 1983 a 2011, y ahora enfrenta una orden de captura de Interpol por ser uno de los 14 acusados de lavado de dinero, soborno y extorsión dentro de la directiva del referido organismo.
Estados Unidos presentó cargos, solicitó la extradición y quiere procesarlos a todos por esos delitos, tras destapar el caso a fines de mayo pasado y arrestar en Suiza a siete de los inculpados.
La primera reacción de Warner fue negar las imputaciones desde Facebook y manifestar preocupación porque el escándalo explotó justo dos días antes de las elecciones en la FIFA.
Pero después que Estados Unidos formalizó el pedido de su
extradición, se entregó a las autoridades de Trinidad y Tobago, insistió en su inocencia y obtuvo la libertad bajo una fianza de 395 mil dólares.
La justicia también le quitó el pasaporte y le ordenó presentarse los lunes y viernes en una estación de policía hasta el próximo 9 de julio, cuando comenzará el juicio de la repatriación.
Sin embargo, como pasó casi 24 horas retenido y en espera de que un juez le certificara la fianza, amenazó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, con revelar información en su contra, por mantenerlo preso.
«Quiero decirle a Kamla que nos quitamos los guantes desde ahora. Divulgaré lo que sé. Estuve mucho tiempo callado, pero ya no guardaré sus secretos», dijo tras salir de la cárcel y calificar a la gobernante de mentirosa.
Según Warner en breve entregará a diferentes abogados cuatro vídeos, en los cuales confiesa todo sobre la mandataria, incluido sus donaciones a las campañas electorales de 2010 y 2013 que ella niega.
Indicó que hizo esas grabaciones porque «su vida peligra» tras explotar el escándalo de la FIFA y no tiene apoyo de Persad-Bissessar, cuyo gobierno colabora con Estados Unidos en el caso.
La Primera Ministra, por su parte, asegura que ni ella, ni la gobernante alianza Asociación del Pueblo (PP, por sus siglas en inglés) nunca recibieron ni un centavo del expresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).
«Tengo las manos limpias (…) lo niego todo y dejo el asunto a cargo de mis abogados», indicó la jefa de Gobierno, al anunciar una auditoría en las arcas de su partido sobre las contribuciones de individuos y compañías.
Warner cumplió con sus amenazas y primero mostró en las redes sociales copias de cinco cheques por un valor de 270 mil dólares que su compañía Jamad Ltd envió el 21 de abril de 2010 a la empresa Ross Advertising, encargada de la promoción electoral del PP.
Luego, confesó en una comparecencia televisiva que se benefició con dinero de la FIFA, también lo usó para financiar la contienda de la coalición y hacer donativos a Persad-Bissessar.
Incluso mencionó la existencia de vínculos entre el expresidente de la Federación, el suizo Sepp Blatter, y las elecciones de Trinidad y Tobago.
Añadió que sus abogados tienen los documentos y los cheques para corroborar esas y otras operaciones ante la justicia.
Ese último movimiento respondió a que su exmano derecha, Chuck Blazer, denunció en Estados Unidos el desvío 10 millones de dólares del presupuesto de la FIFA a cuentas de la Concacaf y Unión Caribeña de Fútbol controladas por Warner.
Los depósitos llegaron a seis bancos de Trinidad y Tobago, Islas Caimán y Bahamas, y se realizaron con el supuesto argumento de desarrollar el fútbol en el Caribe.
Aunque el gobierno trinitense desmintió las ayudas financieras, tomó distancia del tema y negó cualquier trasfondo político ante la cercanía de los comicios generales, el caso es que las denuncias de Warner podrían afectar las aspiraciones electorales de Persad-Bissessar.
La mandataria desea conseguir un nuevo mandato y marchaba como amplia favorita en los últimos sondeos de opinión para ganar el sufragio, el cual debe celebrarse en septiembre.
Poco antes de la polémica de la FIFA, Persad-Bissessar logró
sepultar y revertir a su favor el denominado escándalo Emailgate, desatado por el líder de la oposición, Keith Rowley, en mayo de 2013.
El político difundió ante el Parlamento 31 correos electrónicos de un remitente anónimo que acusaba a la gobernante y a su gabinete de armar un complot para perjudicar a un periodista, plantar un sistema de espionaje en la Fiscalía y aceptar dinero de una desconocida para liberar a los implicados en un caso de corrupción de 2012.
Como Rowley fracasó en comprobar la veracidad de los mensajes, el Parlamento lo suspendió a principios de mayo pasado de todas sus funciones dentro del legislativo y en su distrito electoral, hasta que se disuelva ese órgano.
Pero ahora analistas y medios de prensa alertan que la oposición usará el caso de Warner en contra de Persad-Bissessar durante la próxima contienda, pues él fue ministro de Seguridad Nacional en su propia administración.
El exvicepresidente de la FIFA renunció en 2013 a ese cargo cuando un comité de ética de la Concacaf lo acusó de enriquecerse por fraude mientras encabezó la entidad regional.
Después creó el Partido Liberal Independiente y desde entonces es diputado ante el Parlamento de un distrito de Puerto España, ubicado en la capital trinitense y donde sus electores lo consideran el Robin Hood de Trinidad y Tobago.   Austin Jack Warner tiene 72 años de edad y pasó de ser un simple profesor en su tierra natal a secretario general de la Federación Nacional de fútbol en 1973.
Se incorporó al Comité Ejecutivo de la FIFA en 1983, a la
vicepresidencia del organismo en 1997 y fue el presidente de la Concacaf entre 1990 y 2011, cuando renunció por casos de soborno en el Caribe.
A lo largo de su trayectoria dentro de la Federación, Warner estuvo bajo la lupa de la justicia por delitos de corrupción que él nunca admitió y siempre logró esquivar.
Incluso tiene dos hijos presos en Estados Unidos que aceptaron ser culpables de fraude electrónico, estructuración de las transacciones financieras y conspiración de lavado de dinero mientras eran funcionarios de la FIFA.
El proceso de su extradición ya está en curso, pero de acuerdo con las leyes de Trinidad y Tobago, el Departamento norteamericano de Justicia tiene 60 días para presentar la evidencia que sustente las imputaciones en su contra.
Si Warner decide apelar y llevar la causa al Consejo Privado de Londres -el máximo órgano judicial del país- entonces el trámite demoraría varios meses.
Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera revisa sus inversiones y propiedades en busca de movimientos sospechosos y más pruebas contra quien fuera uno de los hombres más poderosos en el fútbol mundial y el más influyente en el Caribe.