Madrid, 25 oct (PL) El gobierno español de la época y la dictadura del general argentino Jorge Videla (1976-1983) tejieron lazos que apuntalaron económica y diplomáticamente al régimen de terror del país suramericano, según documentos revelados aquí.
La tenebrosa vinculación fue difundida esta semana por el diario digital español Público que, entre sus conclusiones, considera que la actuación del gobierno presidido por Adolfo Suárez contó con la aprobación del rey Juan Carlos.
Los descubrimientos salpican igualmente al actual monarca Felipe VI, quien -de acuerdo con documentos exhibidos por Público- recibió la distinción de Guardiamarina Honoris Causa entregada por la Armada Argentina, participante de los crímenes.
Los reportes dejan de manifiesto que las autoridades españolas conocieron y silenciaron denuncias de desaparecidos, una práctica de la dictadura argentina que afectó a unos 700 españoles.
De acuerdo con la investigación realizada por el periodista Danilo Albín las denuncias recibidas por la representación española en Argentina fueron tramitadas de forma secreta y se realizaron gestiones diplomáticas discretas para intentar salvar a algunos nacionales.
Albín muestra pruebas de que el gobierno de Suárez conocía la existencia del centro de exterminio del regimiento militar de Campo de Mayo, lo cual fue reportado por el cónsul José Luis Pérez en junio de 1976 en un documento confidencial.
Pérez aclara que dio carácter confidencial a su reporte por referirse a la detención de uno de los desaparecidos en Campo de Mayo, cuya utilización para dichos fines negaban las autoridades argentinas, secreto mantenido por el gobierno español.
De acuerdo con los documentos, la Embajada de España en Buenos Aires acudió también a la práctica de pagar a agentes policiales argentinos para obtener información sobre ciudadanos suyos desaparecidos, cuyo paradero -no obstante- sigue sin conocerse.
Paralelamente el gobierno de Suárez autorizó a utilizar armas a funcionarios argentinos en España, quienes montaron un servicio de espionaje con sede en la embajada de Madrid y sucursales en consulados de Barcelona, Bilbao y Cádiz.
En esa red participaron funcionarios y militares enviados con la excusa de realizar cursos de formación en instalaciones del ejército y la marina española.
De acuerdo con los listados suministrados, 33 militares argentinos se entrenaron aquí de 1976 a 1983, mientras se enviaron 14 militares españoles a Buenos Aires para realizar distintos estudios en dependencias del Ejército y la Marina.
La colaboración, que permaneció mayormente oculta a la opinión pública, incluyó acuerdos económicos y comerciales que apuntalaron financieramente a la Junta Militar.
Una de las minutas divulgadas describe un encuentro de diplomáticos argentinos con el rey Juan Carlos en julio de 1976, en el cual el monarca garantizó el respaldo de banqueros, inversores y empresarios.
El primer resultado fue un acuerdo de exportación de carne por millones de dólares, para terminar con una paralización de seis años, a lo cual siguió un programa mediante el cual el Banco Exterior de España otorgó una línea especial para compras argentinas.
A cambio, la Junta Militar restituyó dos sucursales expropiadas al Banco Santander por el gobierno peronista.
Los documentos muestran la existencia de un sistema de cooperación internacional, iniciado en julio de 1976, cuando España invitó a Argentina a ocupar una vicepresidencia en el congreso del Consejo Internacional de Economías Regionales.
Suárez también apoyó al régimen argentino para entrar en el consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), a cambio del respaldo a la reelección de España en ese organismo.
La condecoración del actual monarca Felipe VI por la Armada argentina fue correspondida con la entrega al general Videla en 1978 de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica por el rey Juan Carlos.
Albín, el periodista que realizó la investigación, también participó en la realización de un documental sobre el caso de Noemí Gianotti, una argentina secuestrada en Perú y asesinada por agentes de la dictadura argentina en Madrid.
Esta madre argentina había denunciado ante Naciones Unidas la desaparición de su hija, pero las huellas obtenidas por la Policía española en el lugar del crimen fueron archivadas y permanecen sin procesar en un juzgado de Madrid.