Por Guillermo Robles Ramírez

Son miles de millones de pesos los que se pagan de los impuestos de todos los mexicanos para sostener a los 32 Congresos Estatales existentes en el país, aunque los integrantes de esos organismos legislativos además de ser ineficientes, sus nulos resultados los hacen unas rémoras que sobreviven gracias a los magníficos privilegios económicos asignados.

            Al menos así lo da a saber el Instituto Mexicano para la Competitividad, en algunos de sus análisis del pasado en la que han señalado que los mexicanos pagamos anualmente para sostener y mantener el “arduo trabajo” de los poderes legislativos estatales la friolera cantidad de 18 mil 562 millones de pesos, al año anterior, para ser un total fiasco por el poco trabajo que realizan los 1,125 diputados locales que cobran en los 32 Congresos locales.  Solamente como observación hace más de 46 años atrás solamente se contaba con 365 diputados.

            Aunque no todos los estados reciben el mismo presupuesto como es el de Tamaulipas con 194 millones de pesos, Yucatán 135 millones de pesos y Colima con 115 mdp; son los congresos locales que menos dinero recibieron, es decir, Coahuila no figura entre los que menos presupuesto perciben, aunque tampoco, está dentro de los tres estados que reciben más. Se puede decir, que en promedio de recurso destinado del año anterior de los 32 congresos locales fue al rededor de unos 13 millones de pesos. Y en particular para el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, su presupuesto en el 2021, y de acuerdo a la fuente de Presupuesto de Egresos de la entidad federativa 2021, fue de 199 millones 806 mil 276 pesos, de los cuales.

            En su calificación el IMCO reprueba a los legisladores señalándolos como ineficientes, opacos y faltos de transparencia, ya que en la mayoría de esas instituciones no rinden cuentas de los dineros públicos que reciben anualmente.

            Este tema de transparencia es incongruente cuando los Congresos Estatales se encargan de exigir a los Municipios y administraciones estatales el cumplimiento de ese precepto y, en contra partida, no lo hacen ellos.

            Un ejemplo de ello, fue con el presupuesto aprobado del año 2020 en donde el Congreso del Estado de Coahuila que fue la misma partida del año pasado, destinaron el 38 por ciento de ese recurso a servicios personales, es decir, un poco más de 93 millones de pesos.

            Estos señores encargados de aprobar los puntos de acuerdo, reformas y creación de nuevas leyes en sus Entidades, junto con su personal administrativo tienen sin excepción altos salarios mensuales que absorben entre el 50 y 60 por ciento de su respectivo presupuesto.

            El resto de esos fondos se destina a gastos de representación, viajes al interior del país, sin faltar a naciones de otras partes del Mundo, dizque para cumplir con jornadas de trabajo que no son otra cosa que viajes turísticos y de placer. Evidentemente, no existe un informe oficial sobre este detallado porque sus conceptos siempre serán de manera general, o bajo la partida de gastos de suministros o materiales, entre otros.

            No hay que olvidar el costo tan alto del llamado grupo de asesores de cada uno de los grupos parlamentarios y que son nada menos los que sí trabajan, ya que son éstos los que se encargan de estudiar y revisar cada ponencia para hacer un resumen que se entrega al jefe de los diputados de cada partido político con representación dentro del Congreso.

            En este tipo de investigaciones en la política pública realizado en esta ocasión por el Instituto Mexicano para la Competitividad, pone en tela de juicio la “transparencia” y la corrupción, como deducción e interpretación de cada individuo, de la imperante en el interior de cada Congreso Estatal lo que impide el efectivo trabajo de los poderes legislativos y la función de contrapeso frente a los gobernadores. Aunque algunos diputados atenten contra la libertad de prensa y/o expresión con algún punto de acuerdo para callar a periodistas.

            Empero todo viene a resumirse a que los ciudadanos tenemos lo que queremos en cada área pública u gubernamental, por lo que no queda otro camino más que aguantarnos.

            Hasta ahora no se conoce de ningún grupo comunitario que se atreva a presentarse en alguno de los Congresos Legislativos de Estado y exigir cuentas claras, trabajo más eficiente y menos desperdicio y robadera de los dineros públicos.

            Hay mucho que decir del mínimo trabajo que rinden los diputados locales estatales, recibiendo un inmerecido salario, al igual que envidiables prestaciones que no les pagaría alguna empresa o comercio aún con todos los títulos profesionales alcanzados. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org