Por Luis Alberto González

Cada vez que inicia un año entre amigos, familiares, conocidos y compañeros es muy común escuchar “Feliz Año Nuevo”.

Sin embargo, de todos es bien sabido que el inicio del año es conocido como la cuesta de enero y de verdad lo es, porque además de los incrementos que hay en los productos de consumo básico para la alimentación llegan carretadas de pagos que hay que realizar como impuestos, productos y aprovechamientos que cobran el gobierno federal, estatales y municipales.

Pero para los poblanos no sólo tienen que lidiar con los pagos de predial, agua potable, drenaje y alcantarillado, también tienen que lidiar con el hostigamiento y los abusos del gobierno estatal y municipales.

Vamos por partes a explicar que pasa:

Con la puesta en marcha, los últimos 3 meses del año pasado, de la verificación vehicular hoy se pueden encontrar en las calles de la zona metropolitana de Puebla y en las autopistas poblanas retenes de una nueva policía que detendrá a los automotores que no hayan realizado su verificación e inicialmente los conminarán a realizar ese trámite obligatorio, ya que quien no cumpla con la verificación podrá recibir una multa de 1 mil 924 pesos y tienen un mes para pasar la revisión, pero en caso de no hacerlo deberán pagar otra vez la multa.

Y dice el gobernador que eso no es recaudatorio.

¡Claro que lo es!

El costo para verificar un automotor es este 2023 de 628 pesos. Si esto lo multiplicamos por el parque vehicular que es de 1 millón 209 mil 348 unidades el gobierno se embolsará 759 millones 470 mil 544 pesos, más lo que se acumule en las multas que apliquen.

El estado de Puebla tiene, según el INEGI el siguiente parque vehicular: 792 mil, 65.5 por ciento, son automóviles; mientras que 281 mil 214, 23.25 por ciento, son camiones de carga; y 125 mil 790, 10.4 por ciento, son motocicletas.

Por eso el hostigamiento de la autoridad y poner retenes para “invitar” a los dueños de automotores a verificar su emisión de gases.

Pero además el gobierno del estado exige a quienes tienen autos con placas de otras entidades a verificar “voluntariamente” o serán detenidos y sancionados

multas que van de las 20 a las 30 Umas, es decir entre 1 mil 924 pesos hasta 2 mil 886 pesos.

Es importante decirles que aquellos que no hicieron el cambio de placas azules por las de MORENA, para poder realizar la verificación deberán hacer forzosamente el canje de placas con un costo 1 mil 105 pesos, más 605 del control vehicular, más 650 de la tarjeta de circulación y 135 pesos por la baja de las placas azules. Es decir deberá pagar 2 mil 495 pesos.

¿Eso no es recaudatorio?

También sin haberlo pensado muy bien y aunque no cobrarán a turistas el famoso “pase turístico”, lo que generará el gobierno es que menos visitantes estén interesados en venir a Puebla, por las exigencias de portar ese documento.

Y la pregunta obligada: ¿Así quieren que nos visten con reglas violatorias a la libertad de tránsito que consagra la Constitución Mexicana?

Y bueno para definir otros cobros estatales están las fotomultas, así como el pago del control vehicular.

PUEBLA CAPITAL

En la capital del estado también se cuecen habas.

Además del pago de Predial, Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, refrendos y otros impuestos más, hoy estacionarse en las calles del centro histórico tienen un costo por los parquímetros, donde además se han cometido abusos en la aplicación de multas.

Hoy también colocan inmovilizadores conocidos como “arañas” para obligar a quienes incumplan pagar de inmediato las multas para liberar sus autos.

Otra vez la pregunta: ¿Esto no es recaudatorio?

También el ayuntamiento volvió a subir el tema de usar cinemómetros, que nos es otra cosa que aparatos para medir la velocidad y aplicar multas, pero tal parece que ante la medida tan impopular el alcalde ha dicho que no.

Pero que tal y otra de las ocurrencias recaudatorias del municipio de Puebla, la posibilidad de otorgar permisos especiales, con costo por supuesto, para los negocios que quieran tener muy alta la música en la calle, cuando existe un reglamento y está perfectamente establecido el máximo de decibeles que debe haber en cada negocio, incluidos bares, cantinas, centros nocturnos y lugares de baile.

Eso sólo fomentaría la corrupción y cobrar más dinero.

Pareciera que las autoridades estatal y municipal no tienen llenadera y que el pueblo al que se deben les vale un soberano cacahuate.

Tratan de exprimirlo al máximo, sacarle los pocos pesos que le quedan en el bolsillo.

Pero bueno, estas actitudes de los gobiernos le abren los ojos al ciudadano, además de generarle molestias, enojo, malestar y ganas de no volver a votar por estos partidos políticos que sólo buscan llenar sus bolsillos y ver que se llevan.

¡Los excesos de los gobiernos contra el pueblo lo pagarán en las urnas en el 2024!

¿Usted que opina?

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