Lo que años atrás solamente veíamos como un problema para países desarrollados en donde el tiempo es la prioridad de todo emergieron negocios de comida rápida pero con alto contenido de carbohidratos, generando una población con serios problemas de obesidad.

Impensable que en nuestro país algún día pudiéramos llegar a tener el mismo problema, pero sin ser una potencia mundial o un país súper desarrollado justificando el uso de las comidas rápidas, fue creciendo la obesidad en México silenciosamente hasta el grado de convertirse parte de la agenda política en calidad de urgente.

Un proceso que no fue rápido en las primeras medidas de exigir a los proveedores de las cafeterías de las instituciones educativas tanto de gobierno como privadas la presentación de productos más chicas para la venta a menores de edad porque el problema llegó demasiado lejos teniendo una población de niños y niñas con extremo sobrepeso perjudicando seriamente la salud.

Con el ahora Presidente Enrique Peña Nieto, le da continuidad al combate de la obesidad, visto como un problema de salud en el país, ha hecho compromiso para poder abatir por todos los medios motivo por el cual su propuesta del impuesto a refrescos azucarados.

Aunque se les exhortó a los proveedores de tienditas del interior de las escuelas públicas y privadas a racionalizar la presentación de sus productos en cantidades pequeñas y la prohibición de la venta de comida chatarra quedó por ahí un eslabón perdido que no han podido regularlo no porque no exista una normativa sino porque las autoridades locales se hacen guajes con todos los comerciantes de comida chatarras en las afueras de las escuelas en donde venden a por mayor churritos, papas, palomitas, chamoy, elotes y toda la gama de alimentos chatarra habidas y por haber sin contar un verificación de salud o un permiso para establecerse en las afueras estorbando la vía pública de las diferentes instituciones educativas e inclusive otros han visto como clientes cautivos a los menores de edad y padres de familia que se han visto la venta de mercancía de dudosa procedencia como ropa, útiles escolares entre otros, y no faltando los promotores de conciertos locales cuya apariencia hace mucho dudar si están vendiendo boletos o drogas.

En éste combate contra la báscula realmente los directivos de las diferentes escuelas han hecho un intento para alejar a la venta de ambulantaje en las afueras de las escuelas y por otro lado también es cierto que la sociedad de padres de familias de cada institución educativa no solamente ha solapado sino también apoyan este tipo de prácticas comerciales porque muchos de ellos, es decir, la misma sociedad de padres de familias, forman parte del ambulantaje, sin embargo resulta inverosímil que las autoridades locales se vean imposibilitados en retirarlos después de haber visto los dispositivos tan fuertes realizados en la capital de Coahuila para cerrar casinos, yonkes y todo aquel negocio que no contara con el permiso de uso de suelo.

Mientras autoridades locales, estatales y federales en sus áreas que le corresponden están luchando para el combate a lo que al día de hoy se ha convertido no solo en un problema social sino también de salud, resulta quien está al frente de la Dirección de Servicios Concesionarios no quiera ponerse a chambear para cerrar definitivamente a los puesteros de comida chatarra que se instalan de manera informal en las afueras de las escuelas tanto públicas como privadas. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org