El impacto negativo que ha tenido sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero y la matanza de 22 de personas en Tlatlaya, estado de México no solo afectó a la mala imagen de México sino también sobre el fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto en donde una vez más fue motivo de crítica en la más reciente editorial del periódico estadounidense “The New York Times”, en la cual comparto un extracto de su editorial que a su letra dice:

“Los dos incidentes son “las peores atrocidades que hemos visto en México en años”, dijo José Miguel director de las Américas de Human Rights Watch Vivanco. Pero son parte de un patrón. Algunas 22.000 personas han desaparecido desde que una ola de violencia del narcotráfico se inició en 2006, y 100.000 personas han muerto desde 2007 en la violencia relacionada con el crimen organizado. A 2013 la investigación de Human Rights Watch encontró que en 149 de los 250 casos de desaparición, que no había “evidencia convincente” de que los agentes estatales estuvieron involucrados.

Hace dos años, cuando asumió el cargo, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a revisar el código penal, prestar más atención a las víctimas de delitos y se centran en el crecimiento económico de México como un medio para reducir la violencia relacionada con las drogas. ¿Qué se ha logrado un progreso limitado todavía no ha reparado un sistema de justicia penal no puede investigar adecuadamente los crímenes, acabar con la corrupción o detener los asesinatos.”

Esto es solo la punta del Iceberg de lo que se vive en México pero existen en más de una localidad atrocidades que ni siquiera ha tenido el mismo impacto como el caso de la desaparición de 400 personas ocurridos en Allende y Piedras Negras en donde de acuerdo a las autoridades existe una línea de investigación que a la fecha no hay explicación alguna o rastro de los desaparecidos sino solamente puras versiones de testigos anónimos que de voz en voz comentan lo sucedido pero nada en concreto que sirva como línea de investigación para aclarecer el caso Allende y Piedras Negras, mucho menos se ha realizado una búsqueda inicial ya ni hablar de alguna exhaustiva en donde por arte de magia desaparecieron 400 personas.

Pero cuál sería la opinión del director de Américas de Human Right Watch, José Miguel, si tuviera el conocimiento de ésta atrocidad a la que supera el número de muertes masivas registradas a luz púbica internacionalmente.

Hay quienes se pudieran cuestionarse el por qué no ha tenido tanto impacto el caso Allende y Piedras Negras como el de Iguala y Tlatlaya, si por sentido común nos lleva a pensar el comparar que son más las victimas en Coahuila que las de Guerrero y en nuestra entidad las cosas están en silencio y sin disturbios.

En ninguno de los casos presentados tanto en nuestra entidad como en Guerrero existe alguna diferencia ya que en ambos se trata la desaparición de vidas humanas actos realizados muy por encima de las autoridades y hasta en sus propias narices. Acaso hace falta que los coahuilenses también recurran a los disturbios por los 43 desaparecidos para que las autoridades Estatales y Federales volteen para que se percaten de que algo no anda nada bien.

Es difícil entender la posición en la que se encuentra los manifestantes que han perdido a un ser querido y mucho menos el tratar de ponerse en los zapatos del otro para poder dimensionar la pérdida de alguien cuando ésta es arrebatada no por una decisión de Dios, sino por la intervención de criminales dedicados al narcotráfico. Con esto tampoco se puede justificar con más violencia para presionar a las autoridades pero tampoco se les pude desaprobar ya que es el resultado de las mismas autoridades ante la impunidad, corrupción y carente de toda sensibilidad humana al no darle seguimiento a los casos o mucho menos contar una estructura de un sistema de justicia en donde no exista la desconfianza por parte de los mexicanos, porque de nada sirve la dizque cultura a la denuncia cuando la opacidad existe.

México se ha convertido en una especie de casino en donde todo mundo le apuesta y la casa siempre pierde, es decir, le apuestan a las reformas hacendarias, energéticas, telecomunicaciones, etc., pero nadie quiere apostarle a la seguridad, justicia y leyes.

Mientras no exista una tranquilidad en el rubro de la seguridad ninguna de las anteriores reformas servirán de nada ya que éste tema es determinante para reactivar los generadores de empleo y para que las inversiones extranjeras tengan esa tranquilidad de querer dejar su dinero en nuestro país porque de lo contrario no lo van hacer y se irán retirando como lo que está sucediendo en éstos momentos en el sector turístico con la cancelación de visitas en el estado de Guerrero situación que se repetirá en otras playas mexicanas rubro en el que también se le ha apostado en México para percibir nuevos ingresos.

Las diferentes cámaras de comercio y organizaciones del país podrán o no estar justificados en reclamar el cese de los disturbios o molestos por las violencias o paros en calles y vías de comunicación porque afecta sus intereses y ahora sí enfáticamente exigen que prevalezca la ley pero no es la manera insensible de pedir justicia sino es todo lo contrario lo que deberían de hacer. Solidarizarse con ese mismo ímpetu y coraje de exigirle a la mismas autoridades y presionar al Ejecutivo para hacer los cambios necesarios para que México recupere la seguridad y tome el control de lo que empieza en nuestro país destellos de ingobernabilidad en donde la ciudadanía trata de tomar el control de la situación en donde todo parece ser la tierra de nadie. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org