La conciencia de cada vez más grupos sociales y asociaciones no gubernamentales, están teniendo una mayor preocupación por cuidar el medio ambiente, al igual que muchas constructoras de vivienda que están aprendiendo a tratar de convivir con la naturaleza de tal manera de integrar residencias en un hábitat con la naturaleza entre árboles y otras viviendas evidentemente de mayor costo en donde literalmente una parte de la naturaleza está dentro de la casa como pudiera ser el paso de un río, un árbol o bien un pedazo de un cerro o montaña.

Más no obstante el hecho de que la preocupación y el interés se ha puesto de moda a favor de la naturaleza o bien el cuidar nuestro medio ambiente, por desgracia el tema de la ecología en nuestro país solamente está en los discursos y en cuanto a las leyes continúa siendo materia que está en pañales, es decir, es un tema de pleito de jurisdicción; esto significa el poder que tiene una u otra autoridad para hacer cumplir las leyes y ejecutar las mismas sin que ninguna de éstas pueda invadir su área de competencia. .

Existiendo entre las diferentes instituciones un celo territorial en términos jurídicos que aun así viendo que se está cometiendo daño a la naturaleza nadie se mete hasta no asegurarse si le pertenece a Ecología Municipal, Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o de la “nueva” Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Todas sirven para lo mismo, en resumen cuidar del medio ambiente, sin embargo, al momento de actuar se hacen ”bolas” entre ellos y terminan por no hacer nada por lo complicado de la situación jurídica en lugar de unificarlos para que todos operen de la misma manera y no se vea en su mayoría como departamentos o instituciones recaudatoria en donde la reparación del daño o reposición de la misma siempre resulta ser una burla porque no es comparable la sustitución de un árbol que tiene un crecimiento de cincuenta o cien años con el reemplazo de uno por cinco años o el mínimo que marque la ley.

El chiste no es recaudar dinero ante la intransigencia de muchos empresarios llenando las arcas de cualquiera de las autoridades que están a cargo del cuidado del medio ambiente de nuestra entidad, pues la presunción de cualquiera de sus titulares o representantes de la ley de hacer alarde sobre la aplicación de multas por encima del millón y medio de pesos nunca será suficiente dinero para reparar el daño ecológico o regresar a la vida un acto de ecocidio de una zona o próximo a darse viendo el diagnóstico de lo que pudiera suceder ante denuncias ciudadanas que preocupadas por las pocas áreas verdes dentro de la ciudad, se conforme simplemente con una multa.

Cabe señalar que para la aplicación de una multa también entra el criterio de manera ventajosa como pudiera ser que un delito merecedor de castigo tiene que apegarse textualmente como lo marca el artículo asignado, pero eso sucede cuando no se tienen las ganas de aplicarlo o en ocasiones de conformarse con la sustitución y donación al vivero estatal o municipal.

Por lo general, quienes están al frente de nuestras autoridades aunque no todos pero sí en su mayoría, solamente hablan de dinero presupuestal o cantidades recaudadas por multas sin habla de logros como se pudo evitar un desastre ecológico o bien si se atendió con tiempo una denuncia ciudadana interpuesta por varios residentes de una colonia.

Para qué esperar una desgracia para actuar cuando se sabe perfectamente bien que cualquier tipo de infracción para los empresarios le resulta más económico pagarlo que hacer los cambios o modificaciones necesarias para evitar el daño a la naturaleza, porque las pérdidas millonarias por paro técnico de una inversión en construcción representa meterle la mano en los bolsillos de la utilidad de los dueños de las compañías.

Muchas veces la acción que le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila está atada de manos porque no puede hacer nada si la Procuraduría de Protección al Ambiente, no dictamina con claridad y a tiempo alguna sentencia o corrección, que para cuando se deciden hacerlo muchas de las veces ya es muy tarde para reparar el daño.

Pero no solamente la Secretaría del Medio Ambiente, a nivel estatal o federal, está sujeta a eso, sino también el departamento de Ecología Municipal se encuentra imposibilitada a tomar medidas drásticas cuando éstas son denunciadas públicamente o vía administrativa por la sencilla razón de que al declararse incompetentes y turnan los casos al Medio Ambiente del Estado, porque el municipio carece de carácter legal para poder sancionar económicamente fuerte a una empresa, repitiéndose el círculo vicioso de simple tema jurisdicción en donde la naturaleza no tiene quién la defienda contra su peor depredador: El hombre. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org