La Habana (PL) Una decisión del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos en Nueva Orleans contra los alivios migratorios dictados por el presidente Barack Obama, puede tener un sabor amargo para los republicanos en 2016.
Los expertos creen que el caso finalmente acabará ante el Tribunal Supremo, que podría pronunciarse en junio de 2016, cuando estará en pleno apogeo la campaña presidencial, en la cual los republicanos buscan atraer el voto de la comunidad latina, ahora rehén de la decisión que tome el panel.
A largo plazo, los republicanos van a ser los grandes perdedores si el fallo es negativo, estimó David Leopold, ex presidente de la American Immigration Lawyers Asociación, al comentar sobre la decisión que está en mano de tres jueces, quienes no dieron un fallo el viernes 10 de julio.
La Casa Blanca está encontrando obstáculos legales a la inmigración después de dos recientes victorias de la Corte Suprema sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la salud, lo que le dio al presidente un impulso al final de su segundo mandato.
La decisión encuentra un escenario caldeado con la reciente muerte a tiros de una mujer de California, supuestamente por un indocumentado, y en medio de la lluvia de declaraciones incendiarias sobre la inmigración del aspirante presidencial republicano Donald Trump, hechos que enturbian aún más el debate nacional.
El fallo del panel de los jueces sobre la demanda de 26 estados liderados por Texas, con el argumento de que los movimientos sobrepasaron la autoridad ejecutiva de Obama, puede reflejar las previsiones de grupos defensores de los derechos de los que viven en la sombra y abriría la posibilidad de que sea el Supremo quien decida.
La Casa Blanca mantiene firmemente que el presidente actuó dentro de la ley mediante el uso de «discreción procesal» para eximir de la deportación a los inmigrantes no criminales. También dicen que los estados ignoran los beneficios económicos, tales como el ingreso fiscal agregado.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, anunció que los grupos defensores de ese segmento tienen la intención de castigar a los republicanos de producirse una decisión contraria a la Casa Blanca.
La acción del panel integrado por los magistrados Jennifer Walker Elrod y Jerry Smith, conservadores, y la liberal Carolyn Dineen King, se mantiene aún en reserva tras escuchar los argumentos de la Administración Obama y de la coalición opositora.
Ben Monterroso, director ejecutivo de la organización Mi Familia Vota, destacó que el alivio vendrá de una u otra forma: con un dictamen apropiado de los tribunales de que las decisiones del presidente están del lado de la ley o a través de las urnas de votación en 2016, cuando los votantes latinos detendrán a los republicanos si mantienen su bloqueo al proceso migratorio.
Por otra parte, el dictamen de Nueva Orleans puede tener una
afectación directa para unos 5.5 millones de niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados que ahora se enfrentan a un futuro de ansiedad, pobreza y problemas sociales y académicos, según grupos defensores de los sin papeles.
Mientras los jueces no den a conocer su decisión, cinco millones de indocumentados se mantienen a la expectativa sobre qué pasará con la iniciativa presidencial de noviembre bloqueada el pasado 16 de febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen.
Hasta ahora los magistrados de Nueva Orleans no dieron pistas sobre la fecha en la que emitirán su decisión, luego de escuchar el viernes 10 de julio a los abogados del gobierno y a los oponentes.
Los defensores dicen que la Constitución ampara las medidas que Obama pretende impulsar, mientras sus oponentes, una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos y opuestos a la regularización de indocumentados, pidió a los jueces que mantengan la suspensión dictada por Hanen, lo que forzaría el traslado del caso al Tribunal Supremo, si el gobierno apela.
El Tribunal de Quinto Circuito de Apelaciones con sede en Nueva Orleans y con jurisdicción sobre Texas, Louisiana y Arkansas, está considerado como uno de los más conservadores del país.
Con un fallo favorable, la Administración Obama aspira a implementar la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un programa de 2012 que desde entonces ya evitó la deportación de más de medio millón de jóvenes.
También el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretendía amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI) cifra en 5.2 millones el número total de beneficiados: 3.7 millones elegibles para la DAPA y 1.2 millones para la DACA, de los que 300 mil serían nuevos candidatos tras la ampliación del programa.
Si los magistrados mantienen la suspensión, como esperan expertos basándose en la composición del tribunal y los precedentes, el caso iría a la Corte Suprema, que no escuchará argumentos hasta la próxima primavera y no fallará hasta el verano, en plena campaña para las elecciones presidenciales.
En ese contexto, el aparente éxito de los republicanos puede tener un sabor amargo atendiendo a que las organizaciones de inmigrantes trabajan para aumentar la fuerza del voto hispano en las elecciones de 2016, el cual históricamente se inclinó por los demócratas.