Nicolás Maquiavelo, el genial político dijo: «Todos los Estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al pueblo al descontento”.

No creo que el presidente Peña Nieto haya leído a Maquiavelo (en realidad tengo severas dudas sobre si él, ha leído algo) estoy seguro que la frase del florentino encierra una realidad que este gobierno no quiere ver; se está generando un descontento en la sociedad y en la clase empresarial en particular, que amenaza la estabilidad del país.

Esta administración ha caído en el error de creer que con cambiar el marco normativo, al promover la creación y reforma de un gran número de leyes se podría cambiar la realidad de la situación nacional, pero increíblemente -y en el colmo del absurdo- ha optado por ignorar a la ley y hacer de esto una política de gobierno.

El discurso romántico de que se busca privilegiar la paz social en detrimento de la aplicación de la ley puede sonar conciliador, pero en realidad está muy lejos de ser una solución. Por el contrario, esta actitud puede ser el detonante de más disturbios ocasionados por grupos que hoy ven que violando la ley se obtiene más beneficios que al cumplirla, con lo que se corre el riesgo de que el orden social se destruya.

La apuesta estúpida que ha hecho el gobierno, de ceder ante los actos delictivos de grupos de presión, rehusándose a la aplicación de la ley, está destinada a perderse, pues es una amenaza al orden constitucional e institucional del país; amenaza que proviene de la incapacidad política y la debilidad operativa del gobierno, que en su mirada estrecha no percibió la verdadera dimensión del problema de la disidencia magisterial y el riesgo que su actuar representaba.

Dicen por ahí que en la política el mensaje es el mensajero, en el momento en que el presidente de la Republica decidió que el conflicto magisterial se buscaría resolver desde la secretaría de gobernación, Enrique Peña Nieto tiró la toalla en cuanto a la implementación de la reforma educativa y abdico al ejercicio de la fuerza legítima, poniendo el primer clavo en el ataúd del Estado de Derecho. Al buscar la solución política por encima de la aplicación de la ley, esta administración ha incumplido con aquello que el presidente protestó, primero que todos, aquel uno de diciembre del no tan lejano 2012; cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

La más elemental teoría del Estado nos indica que éste sólo puede subsistir, cuando las leyes que rigen la convivencia social son respetadas, aplicadas y su transgresión es sancionada. Los grupos humanos requieren, necesariamente de normas que regulen sus relaciones. El escritor norteamericano Zig Ziglar lo describía con inteligente sencillez: «Si Dios hubiera querido una sociedad permisiva, nos habría dado diez sugerencias, en lugar de diez mandamientos».

El hecho de que la autoridad siga permitiendo la comisión de delitos y de actos ilegales por parte de la CNTE es sólo la muestra de que el Estado está en riesgo, pues el gobierno está permitiendo los perjuicios sociales que estos actos generan, implantando en los hechos un sistema perverso en el que la ley vale lo que quiere el gobernante, pues igual se aplica a quien éste decide, que se deja de aplicar cuando el mismo lo quiere. Al volver a pagar los salarios a los maestros que no trabajan, sino que participan en las movilizaciones, el ejecutivo auspicia los bloqueos, mantienen holgazanes e incentiva las movilizaciones. Enrique Peña Nieto ya mató a su primera gran reforma.

Las acciones de los empresarios anunciadas la semana anterior representan el que puede ser el último llamado por la vía constitucional para que el gobierno cumpla con sus responsabilidades legales. La promoción del juicio de garantías busca que el gobierno actúe como debe y no como cree que se necesita. Sin embargo, el hecho de anunciar que se realizarían acciones que tendrían como objetivo el no cumplir con sus pagos de impuestos, es la medida desesperada del empresariado que sigue la ruta de la ilegalidad que ya dió resultados al magisterio inconforme. Esto es la consecuencia más grave de la timidez del ejecutivo: el precedente.

El principal problema de la debilidad institucional que se vive en el país, es que se ha conjugado con una situación económica muy difícil, en el que se han tomado decisiones gubernamentales que realmente la han complicado más y que se pretenden ocultar bajo la confusión y el maquillaje de cifras.

No son únicamente los incrementos a las tarifas de electricidad y a los precios de los combustibles lo que está presionando la economía, aunque a la larga representarán un incremento de los índices inflacionarios, dado el consumo industrial y el transporte de mercancías, sino que la macroeconomía, esa que tanto presume el gobierno, está transitando por una etapa de fragilidad. La deuda pública, medida en su indicador más amplio, alcanzó al cierre de junio de este año los 8 billones 850 mil 90 millones de pesos, 11 pro ciento más que al finalizar junio de 2015 y 46.9 por ciento del producto interno bruto. De acuerdo a un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en los últimos tres años la deuda pública ha tenido incrementos, en términos reales, cinco veces superiores al crecimiento de la actividad económica del país.

PEMEX, en particular es un riesgo económico para la nación, pues tiene una enorme importancia fiscal y económica. La empresa productiva (es un decir) del Estado, reporto pérdidas por 83,466 millones de pesos en el segundo trimestre de este año. En el mismo periodo, pagó 33,837 millones de pesos por intereses de su deuda, 90 por ciento más que en el segundo trimestre de 2015. Aunque al cierre de junio debía a sus proveedores 23.4 por ciento menos que un año antes, estos pasivos alcanzaron los 128 mil 214 millones de pesos, lo cual, sin duda afecta a la industria que es proveedora de la petrolera. Inquietante es, también, que en un año su deuda de corto plazo se incrementa en 35.4 por ciento hasta los 261 mil millones de pesos.

El gasto del gobierno sigue siendo elevado, pero no es correctamente aplicado, lejos de ser un soporte del crecimiento económico y detonador de la actividad económica, se utiliza para pagar los gastos de una burocracia insensible.

En el periodo enero-junio de 2016, el gasto programable aprobado por la cámara de diputados fue de un billón 827,945 millones de pesos, pero el gobierno ejerció un billón 844,659 millones de pesos, es decir 17,659 millones de pesos más de lo que se aprobó y a pesar de los recortes anunciados.

Sin embargo, el gasto está mal orientado. La inversión pública, como proporción del PIB, al cierre de 2015 fue de 3.7 por ciento, mientras que a marzo de este año el nivel era sólo de 3 por ciento, el más bajo en décadas. En el primer semestre del año, el gasto en inversión fue de 349,972 millones de pesos, 16.6 por ciento menos que en igual periodo de 2015.

El gobierno federal busca sustituir la inversión pública a través de Asociaciones Público Privadas, lo que será muy difícil, pues el sector privado necesita financiamiento para invertir y en un entorno en el que las tasas de interés son cada vez más altas, el riesgo aumenta, la rentabilidad disminuye y el atractivo del proyecto se esfuma.

La desaceleración económica del país es un riesgo para lo que queda del bienestar social, la falta de oportunidades es una amenaza latente que conjugada con la debilidad institucional le da armas a los populistas radicales para contagiar sus rancias ideas.

Nadie puede creer que los grandes cambios sucedan de un día para otro. Está claro que todo viaje inicia con un primer paso, pero este debe de ser hacia un destino claro y en la dirección correcta. Enrique Peña Nieto da los pasos, pero no sabe hacia dónde y por ello equivoca el camino en el último tramo de su administración, quizá deba de buscar ya no alcanzar lo que no puede, pero sí reinstaurar el estado de derecho, frenar la catástrofe y levantar sus escombros.

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