Decía el maestro Juan José Arreola, “La historia es un gigantesco recetario para cometer disparates”.

Estoy convencido de que la anterior frase encierra mucha verdad, como estoy convencido de que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto está empecinado en acudir a ese recetario para buscar soluciones a todos los problemas que están rebasando su capacidad.

Hoy vemos que el Estado Mexicano se enfrenta a uno de sus peores momentos, pues la nación está ofreciendo a la comunidad internacional, un verdadero espectáculo de terror e impunidad, que quizá ya no sorprende a los mexicanos, que hoy estamos más resignados que temerosos.

El gobierno acude, ante esta situación, a los viejos remedios del pasado, al manual de la historia priista del manejo de crisis, con viejos discursos y aprovechamiento político de la situación.

Los casos de Tlatlaya y de Iguala, muestran las entrañas de una nación que está nadando en sangre, pero sobre todo, son las manifestaciones más visibles de la incapacidad del Estado para combatir al crimen, para prevenir la violencia y para sancionar al delincuente, pero lo más preocupante, es que el Estado fue incapaz de proteger sus estructuras gubernamentales del acoso de la mafia, que terminó incrustándose, hasta tener a la autoridad, bajo su autoridad.

El gobierno falló, porque nunca pudo hacer pasar su famosa “nueva estrategia anticrimen”, más allá del discurso, tal vez pensó el Presidente, que sacando la violencia de las noticias, automáticamente se extinguiría en la calle. Todo siguió igual, porque la estrategia fue la misma, las fuerzas armadas son el pilar de la lucha anticrimen, al igual que en el pasado y sigue buscando descabezar a los grupos, en vez de atacar otros sectores de la mafia. Aunque se dijo que se haría otra cosa, en realidad se hace lo mismo. La realidad los descubre, porque lo que se ve, es muy claro. Digan lo que digan, curva que se endereza, es recta.

Pero quizá una de las principales fallas del gobierno de la república, es la muy deficiente depuración de los cuerpos de seguridad pública, situación que no es privativa del gobierno federal. Es alarmante el número de delitos en los que tienen participación las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, pero más preocupante es que las corporaciones militares o de seguridad pública, actúan sin respeto por los derechos humanos.

Falló la depuración policiaca, porque las unidades encargadas de la inspección y supervisión policial, no están haciendo su trabajo.

No sólo es el PRD, con el caso de Iguala y la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la normal de Ayotzinapa, caso en el que la policía municipal es, presuntamente, la artífice de las detenciones arbitrarias y luego, de la cobarde entrega de los detenidos a uno de los más sanguinarios grupos de la delincuencia organizada.

Es el caso del PAN, con los sucesos que se dan en Puebla, no solamente con el asunto de Chalchihuapan, donde una pésima reacción de los elementos policiacos, desencadenó en la

muerte de un niño. La falla está en la Unidad de Asuntos Internos de la propia Secretaria de Seguridad Pública del Estado, que ve acumularse denuncias contra el personal, sin tomar medidas. Es inquietante que, en el caso de los policías acusados de la muerte del menor, no haya encontrado responsables, como también es inquietante el hecho de que vea acumular denuncias en contra de Oscar Ramírez Martínez, el Director del Penal Estatal, por extorción, amenazas y por asociarse con ex policías presos, para generar turbios negocios al interior del Centro Penitenciario, sin hacer nada al respecto.

Muy lamentable es que la estupenda gestión administrativa de Rafael Moreno Valle y su gran proyecto político, hoy carguen con la mancha del abuso del personal de Seguridad Pública, que ni siquiera es atribuible a su Secretario, Facundo Rosas, quien tiene una pulcra carrera, con éxito en las delicadas tareas encomendadas, (tanto en el estado como en la federación), sino por un grupo de funcionarios de medio pelo, que los subieron a un ladrillo y se marearon.

Pero el caso más preocupante, es del PRI, pues en el Estado de México, Tamaulipas y Michoacán, han mostrado cómo los miembros de las policías, también estaban al servicio de los grupos criminales, con la agravante de que, en el caso de Michoacán, optó el gobierno federal por enviar un comisionado que terminó persiguiendo a un grupo de delincuentes, legalizando a los integrantes del bando contrario, institucionalizándolos en un grupo de fuerza rural, que son solamente, criminales con uniforme.

Y es que estos criminales uniformados, son el común denominador en los gobiernos priistas. El gobierno federal tiene el lastre de estar convirtiendo al glorioso ejército mexicano, en un colectivo de asesinos. El caso Tlatlaya, es la muestra de que los derechos humanos no forman parte de la agenda gubernamental. Confirmando ya que la línea de investigación es la del homicidio, es necesario llegar al fondo y averiguar quién ordenó la ejecución extrajudicial y sancionar a los responsables. El reto es encontrar a los culpables, sin encubrirlos con chivos expiatorios.

Y es que urge llegar al fondo del asunto, pues el que la semana pasada, en Tamaulipas, hubiera 19 presuntos delincuentes muertos, en un solo día, en enfrentamientos con el ejército es, cuando menos, sospechoso.

El problema, que no es nuevo, es que a base de billetazos, el crimen compró influencia en los gobiernos y pervirtió la moral de los servidores públicos. Hoy, nadie crece en el servicio civil, si no es porque tiene un amigo influyente, o, como en los viejos tiempos, tiene un pariente, que es amigo del sobrino del chofer del funcionario.

El gobierno de la república, debe cambiar el discurso y comenzar a hablar con la verdad. Si van a buscar a los 43 de Ayotzinapa, que use toda la información de inteligencia con la que cuente y hable claro con los familiares. No puede buscar en fosas, a los que dice que están vivos. Pero también debe de hacer un balance real de las cosas. No se recuperará la paz, con saber el destino de los normalistas de Guerrero, ni siquiera con encontrarlos vivos. Es necesario saber cuántas fosas hay, quienes están sepultados en ellas, pero sobre todo, encontrar a los culpables.

Es necesario reconocer las enormes deficiencias en el combate al crimen. El buscar detener a los capos, ha generado la multiplicación exponencial de las células criminales, que se apropian de pequeñas plazas, en las que el trasiego de droga, es un negocio secundario, pues han hecho del secuestro y la extorsión, sus principales fuentes de ingreso.

Es momento de atacar frontalmente a la corrupción. Javier Sicilia decía hace poco, que parece que “el PRI pensó que podía administrar el infierno”. Si así lo pensaba, es evidente que no, y que el infierno, se extiende por todo el país, pues la tolerancia a la corrupción ha creado una situación en que el gobierno no puede apagar el fuego y no quiere prevenir el incendio.

La impunidad debe ser erradicada, pues estamos en un México que, como dijera Pablo Neruda, tenemos “El Fuero para el gran ladrón y la cárcel para el que roba un pan”.

La renuncia de un gobernador, es una sanción política y hasta económica, pero inútil, si no viene acompañada de una investigación judicial.

No vamos a sacar a los delincuentes de las calles, mientras los sigamos metiendo al gobierno.

Vivimos un Estado de Terror y México está sangrando, y este gobierno de discursos, carece de argumentos e ideas para revertir la situación.

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