Thomas Jefferson decía que “ningún gobierno puede sostenerse sin el principio del temor, así como el deber. Los hombres buenos obedecen a este último, pero los malos solamente al primero”.

La realidad del país nos muestra lo atinado del expresidente norteamericano, pues hoy vemos una debilidad institucional, que es síntoma de un gobierno que se tambalea. El presidente Peña Nieto, tal vez recibió, en 2012, un país convulsionado y violento, pero es una incomprensible falta de acción para imponer la fuerza de la ley, mediante el uso adecuado de los recursos del Estado, la que hace que la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa, sus consecuencias y principalmente, sus antecedentes, sean atribuibles al gobierno de la república.

Y es que el terrible caso sucedió en Iguala, nos ha permitido reflexionar acerca de la gestión del Presidente y a partir de ahí, notar las enormes deficiencias que existen en la gestión del ejecutivo, advertir que la política se ha antepuesto a la aplicación de la ley, reduciendo a casi nada la vigencia del Estado de Derecho; además de que, por otras acciones, hemos visto la dimensión de la corrupción en el gobierno y que para la clase política nacional, lo menos importante es la voz del ciudadano.

Parece ser que la instancia federal de procuración de justicia tuvo conocimiento de los vínculos de José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala, con la delincuencia organizada y sin embargo, no se tomaron medidas para investigar lo denunciado.

Esta omisión sólo se puede entender si analizamos el contexto en el que se dio y la calidad de los personajes que intervinieron, pues el equipo del procurador lo conforman abogados muy capaces, y él es un conocedor de la política, un viejo lobo de mar.

Así, si vemos que los tiempos de la denuncia de René Bejarano, coinciden con los tiempos de mayor actividad del pacto por México, es sencillo inferir que el gobierno federal optó por no actuar, pues la presidencia municipal de Iguala no solo era una posición perredista, sino que el alcalde era miembro de la corriente Nueva Izquierda, la que ocupaba, y sigue ocupando, la presidencia nacional del partido del sol azteca, de ahí que una investigación que desencadenara una consignación penal, hubiese descarrilado la mesa de negociación de la que se sirvió Peña Nieto para sacar adelante su agenda reformista.

Y es que el detalle está en que a el gobierno, aun teniendo innumerables recursos, técnicos y humanos de inteligencia, los utiliza más para el espionaje político, que para favorecer el sistema de seguridad. Es increíble que la llamada telefónica de una diputada perredista proponiendo un negocio, en un claro conflicto de intereses, puede ser interceptada y convenientemente utilizada en el momento de la discusión legislativa de la ley de telecomunicaciones a la que esta legisladora se oponía, pero no se pudo saber cómo, cuándo, con quién y de qué hablaba el alcalde perredista, de quien se sabían sus vínculos, incluso familiares, con miembros de la delincuencia organizada.

Así se gestó una masacre, un crimen en el que intervinieron quienes, paradójicamente, estaban encargados de proteger a la población. Ha quedado bastante claro que, en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, las policías de Iguala y de Cocula, tienen mucha responsabilidad, al punto de ser quienes privaron de su libertad a los normalistas y los entregaron al grupo criminal dueño de la plaza. Una muestra del fracaso de la profesionalización y la depuración de los cuerpos policiacos, pues no se siguieron lineamientos y protocolos internacionales, que garanticen un proceso de control honesto, transparente y blindado en contra de la corrupción.

Y es que las policías son uno de los principales problemas para el restablecimiento del Estado de Derecho. Los cuerpos de seguridad son corruptos, ineficaces y ni saben hacer su labor.

La muestra más sencilla de la incompetencia de los cuerpos de seguridad, se da en todas las marchas y manifestaciones que, a partir de los hechos de Iguala, se han agudizado.

Es cierto, en las manifestaciones se han desbordado los ánimos y se ha hecho presente la violencia, la cual siempre es reprobable y más en un evento en que se reclama ésta; los manifestantes deben entender que la sangre ni se limpia con sangre; es tan absurdo como querer quitar la tierra, con un baño de lodo. Pero más allá de esto, la responsabilidad gubernamental está en el hecho de que no se ha sabido contener los actos de violencia en estas marchas. El ataque de los vándalos a la sede oficial del ejecutivo, el Palacio Nacional, es la imagen más preocupante de un gobierno débil. Nadie creerá que el gobierno puede protegernos del crimen organizado, violento y sanguinario, cuando no se puede proteger a si mismo de un grupo de vándalos.

Los eventos se vuelven más preocupantes, dadas las coincidencias que las rodean. Una sede presidencial atacada en el momento en el que el ejecutivo, contra toda lógica, parece salir huyendo.

En un acto que demostró poco tacto, el presidente viajó a China y Australia para participar en una serie de encuentros de líderes mundiales, precisamente cuando lo que más se resiente en el país e la ausencia de liderazgo.

En lo que es el momento más difícil en el corto tiempo de gestión, en el que sus acciones como gobernante son cuestionados, al igual que su honestidad y su honradez, sobre todo a partir del escándalo por la mansión, propiedad de su esposa, que le han dejado una imagen bastante dañada ante la sociedad, el presidente buscó un poco de oxígeno en el extranjero, sin tomar en cuenta que, como decía el dramaturgo español Alejandro Casona, “irse es como sustituirse por el recuerdo, y eso puede ser peligroso”.

Así, Peña Nieto se fue y dejó la imagen de un tipo insensible e incapaz, dejando más dudas que respuestas, dejando el asunto de los normalistas con una teoría no comprobada y que se pretende acreditar con dos bolsas de cenizas. Se fue, causando una gran pena a los familiares de los estudiantes, sin darles una certeza, pues no hay prueba alguna, aún, de que esas cenizas pertenezcan a estos.

El presidente abandonó cobardemente, a su país, a sus ciudadanos que necesitamos quien sea el líder que se requiere para reconstruir esta nación que día a día se queda más maltrecha, mas hundida y más desesperada. Fue una canallada que nos dejara en manos de un gabinete con personas que hoy, ya se cansaron.

El presidente y sus secretarios de estado, podrán justificarse en los compromisos adquiridos, la presencia mexicana en el exterior, pueden justificar su cansancio con falsos sentimentalismos, pero la realidad es que ni tienen justificación, ni merecen consideración, ellos no son las víctimas, ellos han dejado crecer a los victimarios.

Y es que la estrategia de este ejecutivo, es victimizarse para justificar su incapacidad de proteger a las verdaderas víctimas. Enrique Peña Nieto habla de fuerzas ocultas que pretenden desestabilizar a México y a su gobierno, pero parece no darse cuenta de que el país no tiene estabilidad y que el faro de la gobernabilidad tiene una luz muy pequeña.

Al final el presidente volvió al discurso viejo, al ir a presumir a la cumbre de la APEC los logros del Pacto Por México, de un instrumento extinto y sin posibilidades de renacer, pues entre la clase dirigente de la política nacional, no existe confianza de unos para otros, además de que, hábilmente, se ha procurado una división al interior de los partidos y esta es tal que los legisladores, particularmente los senadores, son ahora opositores de sus propias dirigencias nacionales.

Los partidos políticos arrastran hoy un desprestigio enorme, causado por la degradación de la política y el ejercicio del poder. Es injusto, además de irreal, que se pretenda culpar únicamente al PRD, cuando el ambiente violento se da en todos los partidos, se le crucifica al sol azteca por el caso de Iguala, pero se mantiene libre al alcalde de Cocula, que es priista. Igual que muchos de los municipios de Michoacán, donde el regreso del PRI al poder, permitió una perversa alianza del gobierno con el crimen.

Y es que la persecución del criminal comienza por evitar que éste tome el poder.

La clase política es una casta que se preocupa por sus intereses personales y de grupo; buscan el poder para poderse servir y no se llega con planes de desarrollo, sino con estrategias de negocio.

La vergonzosa revocación del fallo de la licitación del ten México – Querétaro, ha exhibido a un gobierno corrupto, oscuro y hasta cierto punto, estúpido.

Es increíble que, antes de que el fallo fuera revocado, el propio secretario de comunicaciones, afirmara ante senadores que el fallo quedaba firme. Es evidente que el espionaje del gobierno supo del escándalo que estallaría por la casa de la primera dama y la reposición de la licitación, se hizo para aminorar los daños.

Sin embargo, la medida no puede dejar tranquilo a nadie, pues evidencia que el gobierno no tiene empacho en torcer la ley para su beneficio, en este caso, revocar el fallo de la licitación sin causa legitima, sólo para cuidar su imagen.

Pero el asunto de la “casa blanca” va más allá. Vimos que el presidente y su esposa no tienen buenos modales, dieron una explicación, como sin os hicieran un favor a los mexicanos, nos llenan de reproches, se hacen las víctimas y lo más probable es que nos digan mentiras.

La señora presenta documentos que son dudosos, por decir lo menos. Un contrato privado para una operación de millones de dólares, que ampara una compra – venta que legalmente, debe elevarse a escritura pública, máxime por la hipoteca que se constituye.

Ahora resulta que la esposa del presidente, que como candidato firmó sus compromisos ante notario público, no considera necesario ir con uno para comprar un bien inmueble.

El presidente debe de reconocer que es momento de cambiar de estrategia, hacer política y no buscar publicidad; si no puede ser honrado, que por lo menos sea honesto. La tragedia de Iguala ha cambiado la vida del país, porque evidenció la realidad nacional, el gobierno debe asumir su responsabilidad y detonar un cambio, pues cuando el dolor de la masacre pase, es un hecho que nada puede seguir igual.

No es momento de exigir la renuncia de Peña Nieto, pero sí de exigirle resultados, que se constituya como lo que es, el dirigente de esta nación, que rompa compromisos con fuerzas retrogradas y que imponga una agenda y una estrategia propia, pues los movimientos desestabilizadores que él acusa, comienzan a tener éxito, debido a la ausencia de líder, al vacío que se ve en la presidencia.

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