Por Guillermo Robles Ramírez

            Veo y me enteró por los medios de comunicación, la agotadora tarea que realizan algunas organizaciones protectoras de los derechos humanos; que ponen a disposición de los migrantes centroamericanos sus refugios o albergues.  Así como sus constantes y permanentes llamados de las autoridades estatales para que los ciudadanos, es decir, mexicanos, no se porten mal con los migrantes.

            Lo mismo sucede con la Iglesia Católica, y esa constante lucha que hace para que no se discrimine a los migrantes; aunque aquí, precisamente en nuestro Estado de Coahuila, hay casos reales y constantes de la explotación laboral en el campo y no se hace nada.

            No estoy en contra de la labor de esas organizaciones particulares y de las acciones del clero, pero si en desacuerdo de que éstas dan el remedio y se quedan con el trapito, es decir, tanto que insisten de que se respeten los derechos humanos de los migrantes, particularmente los que proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras y no intervienen con las explotaciones que se registran aquí en nuestras tierras o fueros.

            El problema no es nuevo, data de hace años y se repite constantemente y me refiero a la contratación en circunstancias y situaciones además de inhumanas, mezquinas y llenas de total injusticia social desde hace años y cada vez que se inicia la temporada de cosechas como es la de algodón, melón, uva, tomate, sandía y otros productos que requieren de pizcas o cosecha a mano.

            Cada año, repito, de Veracruz y Tabasco, además de otras Entidades sureñas, pero preferentemente de las dos mencionadas, los sembradores y comerciantes de productos agrícolas, “importan” cientos y hasta miles de jornaleros campiranos para levantar las cosechas según la temporada.

            Como antecedente tenemos el rescate de los 25 jornaleros agrícolas menores de edad originarios de Veracruz en el 2018, o también los 54 niños y adolescentes rescatados por autoridades del gobierno de Coahuila de la explotación laboral en un campo agrícola en la cabecera municipal de Ramos Arizpe; menores de edad que provenían de otras regiones de la República Mexicana.

            Con una gran facilidad los traen con el imán y mentira de que se les dará un salario arriba de 150 o 200 pesos diarios; techo, comida y otras atenciones que a final de cuentas se reduce no solo al incumplimiento de un salario más bajo que el ofrecido, sus campamentos o albergues llamados “techos” parecen ratoneras por lo amontonado e inmundicias que tienen que soportar, pues ya están aquí y qué pueden hacer, es la frase repetitiva de esos jornaleros del campo “importados” del Sur.

            La historia se repite año por año y como esta gente traída a levantar cosechas agrícolas no sale de ese entorno campirano o rural, aguantan hasta que terminan de levantar los productos del campo, es decir, su sufrimiento y condiciones infrahumanas solo ellos las conocen y los patrones que los contratan y explotan miserablemente, pues no salen a las calles a mendigar la ayuda del prójimo.

            De su existencia siempre han sabido nuestros jerarcas católicos, los líderes de los albergues para migrantes centroamericanos, pero defender injusticias de trabajadores mexicanos no atrae reflectores para esos “voceros de las víctimas de la discriminación de las autoridades mexicanas”, al menos así hacen su propaganda los que velan por los centroamericanos que van de paso por Torreón, Saltillo, Piedras Negras o Acuña.

            Recuerdo que en el 2015 hubo un pequeño escándalo riña, que se puso de manifiesto que en la empresa, instalada en Parras de la Fuente, Coahuila, conocida como la “tomatera” trajo para levantar su cosecha buen número de jornaleros agrícolas originarios de Veracruz, con la promesa de pagar 150 pesos diarios; “techo digno”, “buena” alimentación, salud “digna” y otras cosas más que han sido incumplidas y que el sueldo ofrecido quedó en 100 pesos al día; el techo “digno” se convirtió en un hacinamiento antihigiénico e inseguro y la alimentación quedo en “buena, pero para nada y menos para consumo humano”. De servicio médico, ni se diga, porque ni siquiera un miserable curita, un Vick VapoRub o Mentolato, reciben para atender un desgraciado catarro o una simple herida.

            Para que dan tantos brincos nuestras autoridades laborales, eclesiásticas y los protectores de los centroamericanos, si aquí en la Entidad hay mucha tela de donde cortar o que hacer si de hacer el bien se trata, hay que velar por nosotros mismos, es decir, los mexicanos; pero ante los hechos tal parece que como  no atrae los reflectores de los medios de comunicación y/o redes sociales, nadie quiere hacer nada a excepción de las autoridades del gobierno de Coahuila, que no solo los rescatan sino hacen algo al respecto para evitar la explotación laboral en los campos agrícolas y fábricas de Coahuila. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org