Acciones y polémicas por derrame tóxico en ríos de Sonora

México (PL) El dictamen de una comisión gubernamental para la evaluación  y resarcimiento de los daños causados por el derrame tóxico en dos ríos de Sonora, al noroeste de México, fue un paso importante para enfrentar las consecuencias de esta catástrofe.
A mediados de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto designó un grupo para atender el considerado peor desastre ambiental en la historia de la minería mexicana, a fin de valorar la situación y empezar la subsanación de las afectaciones.
La mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, el 6 de agosto pasado derramó en el río Bacanuchi, confluente con el Sonora, 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, debido a la falla en el amarre de un tubo y la falta de una válvula.
Ese “descuido” provocó la contaminación del Sonora, afectado en 190 kilómetros, y Bacanuchi, en 64 kilómetros, y de pérdidas millonarias para el campo y la industria de siete municipios -Arizpe, Aconchi, Banamichi, Baviácora,  Huépac, San Felipe y Ures-, donde la actividad económica está prácticamente detenida.
Suman más de 20 mil sonorenses de esos municipios con carencia de agua potable desde entonces, surtidos con pipas de agua que preservan en los llamados tinacos,  depósitos de gran capacidad de almacenamiento, pero insuficientes.
Hay que agregarle el daño a la salud de cerca de una veintena de personas, por intoxicaciones leves, dermatitis y gastroenteritis, debido a la ingesta de agua, en tanto uno de los casos requirió hospitalización.

PARA REMEDIAR CONSECUENCIAS

El Grupo México informó la creación de un fondo de dos mil millones de pesos (150 millones de dólares) para la reparación de los daños, fideicomiso constituido con cuatro aportaciones de la empresa, en etapas.
Este fondo es una aportación independiente de las multas que las autoridades impongan en el caso tras el análisis de los daños en el ecosistema, y el monto podría incrementarse si el comité de expertos así lo determina, anunció Juan José Guerra,  secretario de Medio Ambiente.
La comisión gubernamental constituyó el comité técnico del fideicomiso que se encargará de la distribución del fondo en las diversas áreas de atención, como es el área de la salud y el abasto de agua.
Comprar plantas potabilizadoras, miles de tinas para los municipios, contratación de pipas adicionales forman parte del programa, así como habilitar nuevo pozos, si son fuentes seguras de agua permanente.
Como los perjuicios económicos son fuertes, se prometió resarcimientos a productores agrícolas y pecuarios, además de acciones de saneamiento básico, monitoreos preventivos, visitas de verificación, y se creó un comité de seguridad en salud.
Visitas de inspección, el veto del uso de los pozos a 500 metros de estos ríos, el análisis de más de mil 600 muestras de agua, sistemas de control, y un plan de remediación ambiental, entre otras medidas, conforman la estrategia que se sigue.

¿NUEVOS DERRAMES?

Sin embargo tres de las 12 represas mineras en la zona presentan filtraciones, confirmó el 21 de septiembre Protección Civil, las cuales desbordaron en arroyos que confluyen al río Bacanuchi y desembocan en el Sonora, por lo cual se activan protocolos y se coordinan operaciones, aunque según expertos las medidas aplicadas son las suficientes.
Con anterioridad, el 6 de septiembre, el gobierno del estado de Sonora presentó una denuncia ante la Comisión Nacional del Agua -respaldada por una serie de fotografías- porque el represo provisional de Buenavista del Cobre, construido para contener el derrame, tenía un equipo que bombeaba tóxicos al río.
Carlos Jesús Arias, quien dirige la Unidad Estatal de Protección Civil local, asegura que el 24 de agosto sobrevoló la zona afectada  y al llegar al sitio donde construyó un borde para contener el primer derrame, descubrió unas bombas que trasvasaban contaminantes hacia el río Bacanuchi.
Además, el Grupo México hace ampliaciones en Buenavista del Cobre, sin presentar como exige la ley un diagnóstico de riesgo, plantea Arias, quien suspendió las labores de trabajo de esa planta.
“Fuimos de nuevo a constatar legalmente que continuaba la obra y nos negaron el acceso frente a un notario público, quien atestiguó la falta, así que ahora iremos con la fuerza pública a clausurarlos, indicó.
El alerta se extendió el 22 de septiembre a Estados Unidos, por otro derrame tóxico de una represa de la mina Buenavista del Cobre al río San Pedro, que cruza de México a la nación norteña.
Este asunto continúa, entre acciones a favor de la ecología, el control del medio, medidas para el abastecimiento del agua, la atención a la población y denuncias y polémicas acerca de este gran desastre ambiental.

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