Por Julian Santiesteban 

Un hombre competente es un hombre  

que se equivoca según las reglas 

Paul Valéry 

A días de que se anuncie el inicio del nuevo ciclo escolar, seguramente no presencial, entrada la segunda mitad de 2020 y, con la desaparición de la Oficialía Mayor del gobierno de Quintana Roo, la industria textil estatal atraviesa por su peor crisis, y la pérdida de unos cinco mil empleos ocurrirá antes de que concluya el año, pues a los males de la pandemia y la contracción económica se sumará la no licitación de uniformes escolares por casi 200 millones de pesos. 

Desde mayo pasado, la industria textilera de Quintana Roo lanzó un llamado de auxilio para mantener los cinco mil empleos –directos e indirectos- que genera, al pedir que la elaboración de uniformes escolares se llevara a cabo; pero la respuesta lapidaria la dio el hoy ex oficial mayor del gobierno, Manuel Alamilla Ceballos: no hay presupuesto y, si lo hubiera, la prioridad es atender la pandemia. El proyecto quedó suspendido en espera de tiempos mejores, esos que no llegaron, pues incluso la dependencia estatal fue desaparecida y, por los próximos dos meses, se estará en análisis de las tareas que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) asumirá, para luego de ello someter a votación del Legislativo, no antes de octubre de 2020. 

Si las autoridades federales determinan –como seguramente ocurrirá esta semana- que el ciclo escolar 2020-21 iniciará de manera no presencial, los uniformes no tienen razón de ser; si a eso se suma la intención del gobierno federal de concentrar el gasto, el proyecto de uniformes es menos que innecesario; pero si a eso se suma que la dependencia estatal que recibe los recursos y su titular, Ana Vázquez Jiménez, enfrenta actualmente una revuelta de maestros que exigieron de manera formal su destitución, la prioridad no está precisamente fijada en evitar el colapso de la industria textil…pero colapsará. 

Luego entonces, los dos mil empleos directos y tres mil indirectos de los textileros se sumarán a la estadística de pérdidas de empleo, esta sí por consecuencia directa de la no inversión del gobierno federal, porque, independientemente de la polémica local con respecto a las nada claras licitaciones que hiciera la ahora desaparecida Oficialía Mayor, es importante recordar que los recursos son federales. Que se justificaban y todo resultaba legal sí, pero habría que aprender a distinguir entre transparencia y honestidad, si todo estuviese bien, la instancia gubernamental seguiría existiendo, pero ese es otro tema. 

Como se observa, son muchos los fenómenos que rodean a la cancelación de la compra de uniformes; tantos, que por momentos da la impresión de que la compra en sí misma parece ser el menor de los problemas, pero no necesariamente es así, pues en realidad se trata de la consecuencia de yerros acumulados. Ciertamente, la pandemia es el fenómeno menos controlado, el que pudiera no haberse previsto y cuya postergación tiene postrada la economía nacional. Las negativas consecuencias, sin embargo, ocurren por la manera en que los gobiernos gestionan los imponderables y los problemas que se les presentan, a partir de lo que debieran ser planes y proyectos instrumentados para asumir las situaciones, sin que se evidencie una errónea improvisación…se supone que en el gobierno están los mejores, los más preparados. 

Y finalmente, la industria textil tendrá el impacto ya señalado, como tantos sectores que han sido impactados en el país; si el ciclo escolar volviera a ser presencial para 2021, habrán de tomarse dos medidas sencillas, o se “reciclan” los uniformes ya confeccionados, con intercambios espontáneos entre los padres de familia, o se cancela su utilización en los planteles educativos, total el daño ya está hecho. 

COMENTARIO MORBOSO 

Un juicio sin juicio… 

El intento de juicio político en contra de la muy cuestionada –con razón- presidenta de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, está a punto de dar un vuelco en favor de la munícipe, que enterraría no sólo la intentona del Legislativo, sino que anularía demasiado temprano la explotación de su mal gobierno para efectos electorales; y nos es que haya infinidad de temas por señalar, el problema es que se comenten errores tan básicos, que hace dudar del conocimiento que tienen los legisladores de las normas que rigen su actuar. 

Lily Campos Miranda, presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura presentó la demanda de juicio político, lo cual la llevó a excusarse del cargo por convertirse en juez y parte; sin embargo al separarse de la presidencia, la comisión que encabeza nombró, específicamente para atender el caso de Laura Beristain Navarrete, a su homólogo Edgar Gasca Arceo. Si esa comisión analizara el caso de la munícipe, el juicio sería nulo de origen, porque aun cuando sea ex profeso para ese juicio, la integración de la Comisión debe ser avalada por el pleno de la legislatura. Primer error. 

Segundo, el jueves 23 de julio, Karina Mayela Casas Gutiérrez, directora de Substanciación, Consultiva y de Análisis Jurídico de la Contraloría municipal de Solidaridad interpuso dos juicios en contra de la resolución JDC/008/2020 del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), por medio del cual se ordena al ayuntamiento de Solidaridad reinstalar en su encargo al delegado de Puerto Aventuras, Tomás Flores Benítez; porque según el órgano electoral, se violentaron derechos electorales al ser destituido por el ayuntamiento, y al privarle del cobro de su dieta también se violentaron derechos de naturaleza electoral. La interpretación es aberrante, pero en ese sentido resolvió el Tribunal. 

La impugnante destaca que el Teqroo no debió resolver un tema administrativo como electoral, simplemente porque la naturaleza es diferente y no tiene facultad, pero aun así lo hicieron. De hecho, una de los tres magistrados, Claudia Carrillo Gasca, votó en contra de la resolución precisamente con esos argumentos. Es previsible que el caso llegue a Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ahí, como ya es deporte, el Teqroo sea exhibido. Se va a caer esa resolución y, con ello, el motivo de petición del juicio político impulsado por Lily Campos Miranda. ¿Nota ahora el lector los errores cometidos? ¿Pues quiénes son sus asesores, de plano? 

Y si, la administración de Laura Beristain es el mejor ejemplo de los malos gobiernos que se dicen de Morena, pues trasgreden todos sus principios, porque roban, mienten y traicionan al pueblo, pero pues si los atacan con esas pifias, ¿no será que sus contrincantes están peores? Así ni a cual elegir en 2021, así se observa desde aquí desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.