No hay nada tan cierto en el mundo como
 la muerte y los impuestos
Benjamín Franklin

Por Julian Santiesteban

La utilización de empresas outsourcing de manera irregular será a partir de 2020 considerado crimen organizado y será delito grave y federal; la aplicación de esa norma tendrá profunda incidencia en el turismo, principal actividad económica de Quintana Roo, pero no necesariamente para mal de los que dependen de la misma, sino precisamente para posibilitar el crecimiento efectivo de la misma y como generadora de desarrollo en el sector.

Tan sólo para 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que los hoteles “todo incluido” de todo el país evadieron más de mil 500 millones de pesos de impuestos –ya se imaginará lo que ha ocurrido en los tres años subsecuente-, pero para el caso de Quintana Roo, centro vacacional donde se ubican la mayoría de estos hoteles en México, las autoridades difundieron en ese entonces que entre el 40 y 60 por ciento de ellos había dejado de pagar el llamado Impuesto al Hospedaje; situación que ha sido posible por la falta de regulación en la operación de ese tipo de negocios.

Ante los señalamientos del SAT, aun en la administración federal de Enrique Peña Nieto, los hoteleros se dijeron ofendidos porque se les señaló como evasores fiscales; pero la instancia recaudatoria fue aún más lejos, pues señaló que los llamados “Todo Incluido” no pagan el Impuesto Sobre la Renta ni el Impuesto al Valor Agregado, cuando los turistas pagan con tarjeta de crédito sus reservaciones desde fuera del país; aún más, no dan prestaciones laborales porque utilizan las empresas outsourcing o “pagadoras”, sin que hasta ese momento hubiera instancia alguna que lograra regularizar su operación.

Parece entonces que el juego de simulación terminará, pues la utilización irregular de las empresas outsurcing, de acuerdo al dictamen que aprobará esta semana el Senado de la República, será considerada una amenaza a la seguridad nacional y delincuencia organizada, equiparada al terrorismo, acopio de armas, narcotráfico y secuestro, por lo que se aplicará la prisión automática sin derecho a reducción de pena, si le parece una exageración, baste señalar que, en Quintana Roo, en el 2017 la XV Legislatura aprobó una normatividad que prohibía la utilización de estas empresas y, como se habrá visto, no ocurrió absolutamente nada.

Así que, desde 2020, sólo se podrán utilizar para contratar profesionales especializados y temporales; nada de simular con empleados de limpieza o todos los empleados operativos de hoteles, se acabó la evasión, ojalá que los trabajadores obtengan sus prestaciones y no, por el contrario, haya despidos masivos en el sector turístico.

COMENTARIO MORBOSO

Aguakán se queda, aun con su inoperancia y mal servicio, con sus sobrecobros e indiferencia ante demandas; tan sólo porque los recortes presupuestales federales en materia de agua potable y drenaje han sido tan constantes y severos que, aunque no se admite públicamente, para el caso de Quintana Roo, entre los factores que han impedido el colapso en la obra pública es precisamente la tributación       que realiza la concesionaria.

Juan Carrillo Soberanis, alcalde de Isla Mujeres, lanzó amenaza de que revocarán concesión; luego de que el Cabildo aprobó por unanimidad dar formal aviso a la empresa concesionaria por incumplimiento en el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. El alcalde señaló las deficiencias e irregularidades de los trabajos realizados en la carretera a Punta Sur y el incumplimiento del acuerdo de entrega de obra; pero aun así, la expectativa mejor es hacer cumplir a la empresa, no correrla.

Esto, porque en su momento también se quejó la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, recalcando que el municipio que gobierna, al separarse de Benito Juárez, no estaba obligado a ratificar la concesión a Aguakán, incluso solicitó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que creara el organismo municipal; sin embargo, los años han pasado y no ha vuelto a recordar la solicitud, ¿aún estará vigente la petición?

Baste por último señalar que, ni siquiera el gobierno federal ha mantenido su postura de no permitir la participación de la iniciativa privada en el sector agua; la iniciativa del primer presidente de la mesa directiva del Senado en la cuarta transformación, Martí Batres Guadarrama ha sido congelada, tanto, que en el Acuerdo Nacional de Infraestructura del Sector Privado presentado la semana anterior por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se contemplan 12 acciones en materia de agua potable y saneamiento por parte de concesionarios diversos en todo el país, 4 en la primera etapa 2020-2022 y 8 en la segunda 2022-2024; eso sí, ninguno en Quintana Roo.

Finalmente, como el escribiente lo dijo desde hace tres años; Aguakán se queda, muy a pesar de los agravios a los ciudadanos y para regocijo de municipios y gobierno local, por los recursos que les ha aportado y les seguirá entregando; los de a pie seguimos pagando; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.