¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero!

¡Pero cuestan tanto!

Groucho Marx

Julian Santiesteban

Antes de que concluya mayo -y el actual periodo ordinario de sesiones-, la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, deberá aprobar la reforma que establece el mes de enero para iniciar el proceso electoral de 2024 en lo local, aunque a nivel federal inicie desde septiembre de este 2023. La medida ha generado reacciones adversas desde el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), cuya consejera presidenta, Rubí Pacheco Pérez, ha confrontado abiertamente a la legislatura, señalando la “inexperiencia” de los legisladores y exigiendo que el presupuesto del organismo que dirige desde diciembre de 2022 no se toque; pero un revelador documento evidencia que sus altos mandos y estructura se asignaron jugosos sueldos que explican, por mucho, el abultado gasto de un órgano electoral que ha dado más decepciones que certezas en la organización de las elecciones quintanarroenses.

La decisión pudiera postergarse al periodo ordinario que inicia en septiembre, pero el tiempo estaría ya encima, pues la norma local señala que el periodo inicie en octubre. Cancelar de último momento, sería incluso irresponsable. Pero por partes, con la modificación del calendario electoral, el Ieqroo dejaría de recibir unos 55 millones de pesos, lo cual -pues cómo no- ha indignado a los favorecidos burócratas. Dichos recursos, si acaso regresan, sería hasta el 2024. De hecho, a nivel nacional, en el recién renovado Instituto Nacional Electoral (INE), su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a finales de abril pasado, apenas al asumir el cargo, pidió a la estructura de esa instancia construir un proyecto de presupuesto racional y acorde a las necesidades reales del Instituto; “sin los errores del pasado, ni excesos de los recursos”; aunque eso en lo local, pues nomás no parece hacer mella.

Por cierto, a pesar de que ahí en el Ieqroo se despachan “con la del mole” a la hora de cobrar sueldos y compensaciones, aun las llamadas “extraordinarias”, la consejera profesional se ha confrontado prácticamente con todos los partidos políticos, pues -aseguran- de manera discrecional les ha retenido los recursos de sus respectivas prerrogativas, fundamentalmente porque han osado criticarla por los “gustitos” que le gusta darse, con cargo al erario, faltaba más, y porque desde que asumió, se ha encerrado a “piedra y lodo” en sus oficinas, sin realizar tareas propias del encargo, con las diferentes fuerzas políticas.

A detalle, el 27 de diciembre de 2022, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó su Manual de Percepciones, dejando como públicos los datos de las percepciones, desde su “burocracia dorada” hasta los de menor nivel estructural; y vaya que vale la pena laborar en esa instancia, pues además de los estímulos ordinarios (vacaciones, cuatrimestres, bonos por antigüedad, entre otros muchos), se otorgan pagos por cumpleaños, apoyos escolares, para la adquisición de lentes o graduación, canasta y bono de pavo navideño, seguro de vida, sólo por mencionar algunos.

Como el documento es público, el escribiente puede -sin violentar alguna norma que atente contra privacidad- señalar que los consejeros perciben, en promedio, 95 mil pesos mensuales, la secretaria unos 84 mil y los directores y directoras alcanzan casi 50 mil pesos mensuales. Insiste el escribiente, todo esto como pagos ordinarios. A esto se suman “bonos” y “percepciones extraordinarias”, también contempladas en el señalado reglamento. Y vaya que hay contraste al interior, ¿sabe cuánto gana un auxiliar administrativo? Apenas alcanza los 6 mil 500 pesos mensuales; ¿Aún les incomoda el adjetivo de “burocracia dorada”? hay que tener muy poca… consideración, para tanta disparidad.

De prima vacacional, se otorgan 24 días de salario y, de aguinaldo, “nomás” 60 días de sueldo (si la ley contempla que el aguinaldo debe ser por lo menos 15 días, los “afortunados” empleados del Ieqroo reciben 300 por ciento más que ello). Pero si de disparidad se trata, ¿sabe cuánto se le paga a cada consejero por concepto de Seguro de Vida? En promedio, 45 mil pesos para directores/as y consejeros/as; mientras que, para los trabajadores de menor rango, existe un “seguro colectivo”, que en promedio es de 4 mil 300 pesos por cada uno de ellos… “Imperceptible” la diferencia, ¿No lo cree?

Así pues, con esas percepciones, era evidente que la acomodada burocracia electoral reaccionaría de manera adversa a la determinación que el Congreso está a punto de tomar en las próximas dos semanas, pero como se ha señalado en participaciones anteriores, la determinación legal solo hará legal lo que por decreto se ha hecho ya en los últimos tres procesos electorales. ¿no pueden? Pues que renuncien, ¿o no?

COMENTARIO MORBOSO

Fuentes de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) hicieron llegar al escribiente que demostraría que, el gobierno estatal, junto con los municipios, tiene toda la capacidad para rescindir la concesión otorgada a Aguakán, para la distribución y cobro de agua potable en el norte de Quintana Roo y que, si no se ha hecho, ha sido simplemente porque no se ha querido hacer, y no porque no haya “caminos legales” o que no esté clara la responsabilidad de cada una de las partes, como engañosamente se ha sostenido públicamente.

En los últimos años de la administración de Carlos Joaquín González se iniciaron procesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, por diversos incumplimientos, entre los que destaca la falta de obra pública y, como consecuencia, la insuficiente cobertura del servicio en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres; sumado a que no tienen un plan quinquenal de obra aprobado -requisito fundamental para mantener la concesión-

De acuerdo con la información proporcionada, el TJA habría otorgado a la CAPA la razón, por lo cual se aplicarían sanciones a Aguakán por 800 y mil 200 millones de pesos ¿nota ya el lector que los montos son, por mucho, por cientos de millones, superiores a lo que pagó Aguakán, para que le extendieran la concesión hasta el año 2053? ¿Qué falta entonces? Hacer efectiva la determinación del TJA. Luego entonces, si lo que se desea es que Aguakán se vaya, se tienen todos los elementos a la mano… gobierno estatal y municipios. A menos que por “alguna razón” (de esas muy conocidas), se quiera mantener a la gravosa empresa operando; pero eso, ya no será por incapacidad jurídica, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.