Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir

Francisco de Quevedo

Por Julian Santiesteban

En noviembre de 2017, el Partido Acción Nacional (PAN) y su aliado, el de la Revolución Democrática (PRD) aprobaron la Ley de Asentamientos Urbanos de Quintana Roo, apodada de inmediato “Ley Casitas”, por las dimensiones que contempla para la edificación de viviendas por parte de desarrolladores. Esa normatividad, le valió, a finales del mismo año, el Premio Nacional de Vivienda al entonces gobernador, Carlos Joaquín González. Ahora que Morena gobierna la entidad y luego de que ya se explotaran los “beneficios” de la señalada ley desde el poder; el albiazul, con su única diputada, pretenden revertir lo que ellos mismos aprobaron, asegurando que, volviendo a las medidas originales, se garantizan -ahora sí- viviendas dignas. Hágame el “refabrón cavor.”

La diputada panista Cinthia Millán Estrella, en las consideraciones de su iniciativa, presentada la semana anterior, asevera que el objetivo es “darle justicia a los trabajadores para que accedan a una vivienda digna, de acuerdo a los parámetros de la ONU”; olvidando que su partido y ella misma avaló la Ley Casitas, que establece viviendas con frente de seis metros de frente y 108 metros en total de superficie, por debajo, evidentemente de los parámetros que aduce. Pero, sobre todo, aprobó los proyectos –o por lo menos no reclamó- la edificación de por lo menos cuatro fraccionamientos en Chetumal, con esas dimensiones, denominados “Flamingos.” Lo “curioso”, además, es que la iniciativa de ley llega en la víspera del inicio del proceso electoral, cuando los políticos suelen prometer “el oro y el moro”; aunque ya en el poder pues… Ley Casitas.

Ahora bien, ese “ladinismo político” está no sólo de los panistas, que ahora pretenden revertir normatividades que tantos “beneficio$” les dieron, sino también del lado “moreno”, de algunos por lo menos, pues en la campaña de 2022, la ahora diputada de Morena-PT-PVE, Elda Xix Euán, del Distrito XIV, en entrevista radiofónica, aseguró al escribiente que impulsaría una iniciativa para revertir las dimensiones de vivienda de la Ley Casitas, promesa que, evidentemente ha quedado en el olvido, pues como reza el dicho “El Poder sólo respeta al Poder” y, a los “señores del dinero” no hay quien los importune ni con el “pétalo” de una modificación legislativa, sobre todo ahora que hay que acudir a ellos, para que colaboren en las campañas…

Pero si se quieren encontrar más antecedentes de lo “cómoda” o “benéfica” y, en el mejor de los escenarios, intrascendente, que esta normatividad ha sido para los legisladores/as locales, a pesar de lo gravoso socialmente hablando, debe el lector remitirse a la legislatura anterior, la XVI, en la cual por primera vez en la historia quintanarroense hubo mayoría de Morena y los partidos aliados, pero era aun la administración de Joaquín González y, aunque allá por octubre de 2019, en la comparecencia del entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable (Sedetus), Carlos Ríos Castellanos, a propósito del tercer informe de gobierno del gobernador Joaquín González, algunos legisladores/as cuestionaron la señalada ley, señalando que “va en detrimento del concepto de vivienda digna”, al final, la norma permaneció intocada.

La única modificación fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional el Artículo 5, fracción I, que exigía entregar al estado el 20 por ciento de las superficies que los municipios recibieran como áreas de cesión en los nuevos fraccionamientos y facultaba al gobierno estatal a exigir una “constancia de compatibilidad territorial”, a excepción de eso, ni la anterior legislatura, ni la actual, ni la Sedetus, realizaron modificación alguna.

Ahora bien, es fundamental destacar que, la adecuación de la ley vigente, claro que es fundamental, sobre todo en cuanto a sus dimensiones (el Programa Nacional de Vivienda establece que las recámaras deben tener por lo menos 9 metros cuadrados, la sala comedor 15 metros cuadrados y las cocinas 4 metros cuadrados, condiciones no cumplidas en los actuales de vivienda popular en Quintana Roo, revisar: https://www.gob.mx/conavi/documentos/criterios-tecnicos-para-una-vivienda-adecuada-conavi

). Además, la ONU señala que, para que la vivienda sea “adecuada”, las recámaras deben estar destinadas para no más de cuatro personas. Con la actual normatividad quintanarroense, resulta un eufemismo.

Así pues, no es que la iniciativa presentada sea inadecuada, por el contrario, pero es una muestra evidente de utilitarismo discursivo en tiempos electorales y, para infortunio de quienes tienen como única opción la adquisición de las viviendas populares actualmente construidas, no hay por ahora, intención de modificación por parte de quienes toman realmente decisiones en lo local. La condena de los menos favorecidos…

COMENTARIO MORBOSO

Este lunes inicia la inscripción para todos aquellos militantes de Morena que deseen alcanzar alguna candidatura para diputaciones locales o presidencias municipales en todo México. Veinte mil 263 cargos de elección popular serán renovados y para Quintana Roo el plazo es del 4 al 6 de diciembre. Muchas especulaciones han habido en torno a la reelección o renovación de los cargos a votarse y los llamados a la unidad que, en la disputa por el poder, equivalen a los “llamados a misa”, es decir, acude el que quiere, pero no necesariamente se cumple. De los seleccionados/as, encuestados/as y a la postre designados/as, depende por mucho el futuro del régimen y, por lo pronto, las “patadas bajo la mesa” están a todo lo que dan. Es eso, el poder, lo que al final está en juego, comienza, ahora sí, la batalla interna; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.