El hombre padece pocos males, si se exceptúan los

que él mismo se atrae por el abuso de sus facultades

Jean Jacques Rousseau

Por Julian Santiesteban

Quintana Roo sigue teniendo el Congreso estatal más caro del país, con respecto al número de habitantes; es el séptimo más oneroso por presupuesto general y mantiene a una “obesa” burocracia que lo ubican en el sexto más grande a nivel nacional. Esto, no sólo no se justifica por la cantidad población y, menos, por la terrible baja productividad legislativa y contribución al equilibrio social.

Todo lo anterior no es apreciación personal del escribiente, sino señalamientos sistemáticos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), desde hace por lo menos una década. Hay vicios que no han cambiado. En 2014, el IMCO señaló por primera vez la carga presupuestal que representan los Congresos estatales y, aunque en apariencia ha habido una mejoría en cuanto a los montos que se asignan, en el Informe Legislativo 2023, hay recomendaciones fundamentales que han sido ignoradas y que así seguirán; entre ellas, que los Poderes Legislativos estatales sean verdaderos contrapesos, que analicen realmente los presupuestos antes de aprobarlos, que haya monitoreo constante del gasto y que se apliquen realmente sanciones a la mala utilización de recursos públicos y que lo malversado realmente se recupere. ¿le parece al lector que, en algo, ha contribuido el Congreso de Quintana Roo para ello?

Primero el derroche: Sin menoscabar los derechos adquiridos de por parte de los trabajadores del Legislativo local, hay que señalar que el Congreso de Quintana Roo tiene una obesa burocracia que no se justifica por ningún motivo: Ni por la cantidad de legisladores, ni por la cantidad de población estatal, ni por la carga de trabajo que debieran tener, pero no tienen. Hasta el 2020, el Legislativo tenía 620 trabajadores, con menos de dos millones de habitantes (cifras que, obviamente están desfasadas, pero son las disponibles). En contraste, entidades como Coahuila y Aguascalientes, con un millón más de habitantes, tenían menos de cien personas trabajando en sus Congresos. ¿Nota ya? 7 veces menos. Aquí un dato más clarificador, Yucatán y Campeche asignan menos de seis millones de pesos por diputado en su presupuesto anual; ¡Quintana Roo asigna 19.2 millones de pesos por diputado!

¿Quiere más datos? El de Quintana Roo, es el Congreso más caro de México, con respecto al presupuesto anual de todo el estado, con el 1.6 por ciento del total (el de Yucatán representa apenas el 0.4 por ciento y Campeche el 1 por ciento). El presupuesto de los Congresos en México, incluyen el de los órganos de fiscalización, en donde puede verse también una profunda asimetría; pues mientras San Luis Potosí y Coahuila entregan los recursos al 50 por ciento, en lo local, el Legislativo “absorbe” el 70 por ciento de ellos y entrega a la Auditoría Superior de la Federación, el restante 30 por ciento. Ciertamente, hay entidades con mayores desigualdades, como Durango, el peor nacional, donde apenas se entrega el 6.7 por ciento del total.

La asimetría presupuestal es importante destacarla porque Quintana Roo entrará, en lo que resta del 2024, a la renovación de buena parte de la estructura del sistema estatal anticorrupción, con la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, además, la Auditoría Superior del Estado. De la primera son evidentes las deficiencias en el desempeño de Rosaura Villanueva Arzápalo; mientras que, en la segunda, es loable la tarea desempeñada por Manuel Palacios Herrera, con sanciones específicas a instancias estatales y municipales, a pesar, como ya se dijo, de esa “estrechez” presupuestal. Ojalá que la renovación de la legislatura permita también mejorías sustanciales en la asignación de recursos.

Y es que por estas fechas, en la agenda pública, de cara a la renovación de la legislatura, se discute la modificación de la Ley Orgánica, para que una sola fuerza política tenga el control del Congreso. Esta es la tercera colaboración en que el escribiente destaca -con datos-, que dicha modificación está enfocada al “agandalle” puro y duro, por parte de un partido político, desplazando además a quienes han sido sus aliados, mientras las normas administrativas se mantienen intocadas, lo que no permite la profesionalización del personal, ni la mejora en los procesos. Es decir, el retroceso es claro, para mantener el anacrónico control político y el discrecional manejo de recursos y personal. ¿Cuál transformación entonces?

Por cierto, el estudio 2023 del IMCO propone que se establezcan procesos de revisión permanentes de los informes de las finanzas públicas. Además, que haya sanciones a los diputados y funcionarios públicos para que las comparecencias sean obligatorias para ambos (y que estos ejercicios sean revisiones reales a los presupuestos y ejercicio público); pero también que, en los portales del Legislativo, haya micrositios en donde se pueda consultar de manera clara todo lo relativo al control presupuestario. ¿nota ya como sí se puede profesionalizar la acción legislativa? Sólo es dejar la simulación, para que haya avances; pocos, pero reales.

Pero mientras sigan simulaciones normativas, seguiremos con legisladores que reciben 40 mil pesos en vales de gasolina, 40 mil para pago de renta de vivienda, cien mil pesos para pago de “casa de gestión” y todo ello sumado a sus “dietas” y “bonos” … hasta ahí no ha llegado la cuarta transformación. La XVII ha sido una legislatura para el olvido, por su pésimo desempeño, pero no por ello deben olvidarse sus excesos; sobre todo, porque la XVIII tendrá la oportunidad de ser realmente una representación ciudadana…si es que quieren. Al tiempo.

COMENTARIO MORBOSO

Solidaridad, como municipio, cumplió 31 años este 28 de julio. Y todo está en calma. Fue el epicentro de la batalla electoral más cruenta, en el pasado proceso y el resultado favoreció a Morena. Con ese resultado, a partir del próximo 30 de septiembre, los 11 ayuntamientos de Quintana Roo serán de la 4T. Pero el discurso de batalla se ha ido y no se observa uno de revancha o de cobro de “cuentas pendientes.”

Por el contrario, el signo fue de paz y lo dio la jefa política estatal y gobernadora, Mara Lezama Espinosa, quien de buen talante (evidentemente, tiene todo por celebrar) acudió a la sesión solemne de Cabildo, pero no sólo eso, mandó un mensaje de altura política. De reconciliación, de visión de futuro. Reconoció a los fundadores del municipio. A la gente que de todos lados llegó a fundar este centro turístico: “Las bases de este municipio están hechas por gente valiente, buena y trabajadora”; pero además reveló que, en septiembre próximo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, entregará títulos de propiedad a unas 4 mil familias que habitan en la emblemática colonia Colosio de Playa del Carmen. Vaya emblemática acción.

La humildad se muestra en la victoria. Es entonces cuando hay que mostrar serenidad y estatura. Es en esos momentos cuando el carácter, la mesura y hasta la formación personal se nota. Mara Lezama Espinosa tiene, además, una habilidad natural que se ha notado. Ojalá lograse inyectarla a todos sus colaboradores, pero es obvio que resalta y se hizo patente este domingo.

Lili Campos Miranda, presidenta municipal saliente agradeció el discurso y le reiteró a la mandataria que será siempre bienvenida. Se nota que, en privado ya hubo una charla. Entre el público estuvo presente la presidenta electa; Estefanía Mercado Ascencio. Las aguas en paz. La transición tranquila y el futuro promisorio. Solidaridad se lo merece; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.