Una de las frases más ciertas que he leído, lo es sin duda la del escritor Irlandés George Bernard Shaw, cuando dijo que “La política es el paraíso de los charlatanes”.

Es que después de escuchar el discurso del jueves del presidente Enrique Peña Nieto, no puedo más que concluir que el gabinete federal, comenzando por el titular del ejecutivo, lo conforman un atajo de charlatanes.

Lo anterior, pues el gran anuncio presidencial, que se supone que se daría el jueves en materia de seguridad, se vio reducido a un discurso de presentación de una serie de ideas inconexas y recicladas.

El anuncio del presidente careció de un elemento esencial, la autocrítica. El presidente no reconoció que a dos años del inicio de su sexenio, su estrategia ha fallado, que la violencia no sólo no se redujo, sino que se multiplicó, pues la lucha de los diversos grupos del crimen organizado creció al punto en que las plazas fueron disputadas palmo a palmo entre ellos, ante la mirada de la autoridad que en el mejor de los casos fue pasiva, y en el peor, fueron integrados a la nómina de la delincuencia.

El gobierno no fue capaz de reconocer que llegó al poder, o bien desconociendo la magnitud real del problema de violencia que se agudizó en el sexenio calderonista; que sobrepasó su estrategia, o bien, y es muy probable, que llegó sin una estrategia para combatir al crimen, y que ahora no la está cambiando, sino la está generando… y la está generando mal.

Lo está haciendo mal, porque las medidas tomadas por el ejecutivo son, en gran parte, medidas legislativas que recaen en la cancha del congreso, el cual está regresando a ser una oficina de trámite para ejecutar la voluntad del presidente. Enrique Peña Nieto, al no haber reconocido su responsabilidad en el fracaso, no se replantea el tomar medidas dentro de sus facultades como titular del ejecutivo, y así dar una respuesta inmediata a la crisis que vivimos.

Es un contrasentido político el que al anunciar nuevas medidas, se reciclen viejas propuestas, que en unos casos fueron objetadas por el PRI hace años cuando las proponía el PAN, mientras que en otros, son procedimientos legislativos ya iniciados. Preocupante es el anuncio de la Clave Única de Identidad, pues es un proyecto ya existente, que ya nos costó y que, sin razón alguna, fue suspendido con la entrada de esta administración.

Grave error del presidente el planear los pasos a seguir, partiendo de la absurda generalización.

En este aspecto, son dos los puntos más estúpidos del contexto del discurso presidencial. Primero es un hecho que carece de sentido el proponer una ley que faculte la intervención federal de los gobiernos municipales, sin reparar en que no todos los municipios son Iguala, la gran mayoría de los municipios de México trabajan bien, en paz y cumplen con su obligación de proporcionar servicios públicos, y que, con sus limitaciones, día a día luchan contra la delincuencia. Es una estrategia con fines de intervención política y que tiene serias deficiencias como un asunto de seguridad.

Lejos del rimbombante anuncio, debe quedar claro que no todos los municipios son guarida de criminales y es perverso el generalizar. Como decía Jacinto Benavente, “Lo peor que hacen los malos, es obligarnos a dudar de los buenos”.

Y es que, aunado a ello, el gobierno de la república continúa con la estúpida creencia de que el pobre es delincuente y por ello hace una extraña introducción de políticas sociales en su anuncio de seguridad.

El presidente se vuelve a presentar como un tipo incapaz de ejercer las atribuciones que su investidura le confiere y no hubo en su discurso el anuncio claro y conciso de una acción contundente, ni para atacar el problema de la criminalidad, ni para combatir la corrupción.

Enrique Peña Nieto volvió a retomar esa faceta de gran legislador con la que inició su sexenio, pero sin el entusiasmo, empuje y rumbo claro de hace dos años. Y no se ha dado cuenta que los pasos correctos apuntan por otro camino, por una cosa tan sencilla y elemental:

Mientras México siga siendo un país en el que las leyes no se imponen, la solución no está en generar más leyes.

El gobierno sigue exhibiendo su fracaso en la procuración de justicia, mostrando que el ejecutivo priísta mantiene aún un rostro represor. La detención de once personas por los hechos violentos de hace una semana en el palacio nacional, su consignación por absurdos delitos graves y su internamiento en penales federales de alta seguridad, muestra la intención presidencial de reprimir una protesta, la liberación de estos detenidos, por falta de elementos, sólo puede ser evidencia de un arrepentimiento inconcebible o, lo que sería peor, una detención masiva de inocentes, seguida de una pésima integración de la averiguación previa.

Peña Nieto ha acusado recibo del reclamo de la sociedad que exige que ya nada siga igual, sin embargo, no hay una respuesta a este reclamo social. Las dependencias del ejecutivo muestran una profunda incompetencia y es difícil ahora mismo, el determinar qué es más necesario, si cambiar a os secretarios, que se han visto rebasados por las circunstancias, o modificar la estructura de las dependencias. Se hizo una supersecretaría de gobernación, a la que se le dieron todas las facultades de la extinta secretaría de seguridad pública, pero no ha podido dar resultados. Parece ser un paquete que le quedó grande al secretario Osorio Chong.

El proyecto presidencial presentado el jueves, tiene visos claros de ser un ataque al federalismo y va en contra de estrategias internacionalmente probadas. Proponer una intromisión federal en los ayuntamientos, generalizando una infiltración criminal en ellos, cosa que no existe. Se retira del control municipal a las fuerzas policiacas, aun cuando a nivel mundial, por el contrario, se pretende acercar a la policía a los ciudadanos y el municipio es el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía.

Se generará un mando único estatal, con un solo cuerpo policial, dependientes de secretarías estatales de seguridad pública, que no están libres de actos de corrupción, que no están profesionalizadas y que parece que no están a la altura del reto que se les avecina.

No se anunciaron medidas concretas, y todo apunta a que la policía corrupta, solo se cambiará de uniforme.

No hubo un solo anuncio concreto, que realmente fuera novedoso y que representara un cambio de rumbo de la política del gobierno. La cédula de identidad ya existe y los operativos federales en tierra caliente, no son nuevos y hasta ahora, han sido poco efectivos.

En la pacificación de Ciudad Juárez y Tijuana, mucho del éxito se debe a una policía municipal que se fortaleció.

A la estrategia del presidente, le está faltando estrategia, la voluntad de generar un cambio que trascienda, acciones que revolucionen el momento, que integren a la sociedad en la lucha anticrimen, desde una óptica civil del problema y de su solución.

La redefinición de las facultades en materia penal, debe comenzar con que el presidente reconozca sus atribuciones y las ejerza. Se espera del gobernante, que gobierne y no que sólo legisle.

El momento de actuar es ahora, pues la falta de medidas concretas nos orilla a dejar nuestro futuro resumido en una pregunta… y ahora… ¿Quién podrá defendernos?