*Verdadera Dimensión
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Por Rafael Loret de Mola

Apenas se designó a Luis Donaldo Colosio candidato del PRI a la Presidencia en noviembre de 1993, el ex mandatario luis echeverría, desde su heredad de San Jerónimo y ante un apretado grupo de contertulios variopintos –un empresario, un político y un escritor entre otros-, se permitió una reflexión sobre el pasado y el futuro del país:

–La verdadera dimensión de un político –expresó sin requiebros en la voz-, la otorga el ejercicio del poder. Sólo entonces podemos medirlo.
Él mismo confesaba, aunque no fuese esa su intención, las limitantes que debió asimilar durante el largo preámbulo a la nominación esperada. Más todavía cuando quien le señaló pasó a la historia como uno de los personajes más autoritarios de la segunda mitad del siglo XX: gustavo díaz ordaz. Es fama que éste no dejaba ni respirar a sus colaboradores en su presencia y a algunos los trataba francamente mal, desdeñoso y mordaz. Quizá por eso Echeverría agregó sobre el perfil del nuevo abanderado del entonces partido invencible:

–Se parece a mí. Ha sido muy discreto como secretario de Estado. Ya tendrá tiempo para hablar.
¡Y lo decía quien se había caracterizado por su irrefrenable locuacidad! El horizonte, dada esta condición, no resultaba nada halagüeño y no teníamos, al alcance cuando menos, refugio alguno.

De acuerdo al modelo presidencialista, estructurado por la Carta Magna para legitimar y aglutinar la representación del Estado y el ejercicio del gobierno en una sola voluntad, son escasas las salidas de la sociedad ante los excesos de quien desempeña la titularidad del Ejecutivo. No hay recursos jurídicos válidos, aunque técnicamente existan, ante la constancia de impunidad que delinea el cauce del sistema político mexicano. De esta forma, las querellas contra los mandatarios, lo mismo ayer y hoy, no dejan de ser pasajes anecdóticos anclados en la ironía popular. Hay mofa, no justicia aun cuando la descalificación colectiva sentencie a los predadores.

Pongamos ejemplos. Al propio echeverría, señalado como genocida por su intervención en la matanza de Tlatelolco, se le procesó sin alcanzar castigo, salvo una prisión domiciliaria que le vino bien por cuestiones de edad y salud, con una cauda de consideraciones políticas que determinaron el uso electoral del caso –en vísperas de los comicios de 2006- para luego zanjarlo sin el menor rubor. Esto es: se aprovechó el escándalo para escarnecer a los herederos del nefasto priismo presidencialista y después se bajaron las cortinas con el propósito de no interrumpir la continuidad sustentada con el aval de los viejos aliados del establishment perfectamente reacomodados después de la primera alternancia.

También josé lópez portillo fue denunciado, por peculado, bajo el alegato de haber hecho uso incorrecto de los empréstitos signados bajo su mandato puesto que no había constancia alguna de haber sido destinados a “causas de utilidad pública” como reza el ordenamiento superior. El maestro Ignacio Burgoa Orihuela, cuya presencia se añora, instrumentó la querella, armada sin el menor resquicio visceral y con apego a derecho del que fue él uno de sus mayores especialistas, sin que se le diera continuidad a la misma. El presidencialismo, sencillamente, obró para desdeñar el asunto y archivarlo sin la menor intención de proceder legalmente. Primero la consigna; después la ley y quienes están destinados, supuestamente, a aplicarla.

Seguimos: miguel de la madrid fue señalado por acaparar millones de dólares depositándolos en bancos de Suiza. Tal se publicó en la columna de Jack Anderson, en The Washington Post y medio centenar de periódicos sindicados, dando lugar a un enérgico reclamo de la Cancillería cuando no se trataba de una afrenta proveniente de las fuentes oficiales sino de un espacio periodístico respetable –así fuera para exaltar la libertad de expresión-. Se sugirió entonces que el mandatario procediera a denunciar al informador. Éste se dijo listo para responder en tribunales y de la madrid, en cambio, alegó que, como presidente de México, no podía someterse a “una soberanía ajena” para ser juzgado. Pero tiempo después, al cesar como mandatario, tampoco promovió juicio alguno y optó por apostar a favor de la amnesia colectiva.

Por las Alcobas

carlos salinas fue el primero de los ex mandatarios, todavía intocables, a quien se pidió declaración ministerial específicamente sobre el asesinato de Colosio. Y rindió testimonio con todas las ventajas: en la embajada de México en Dublín, Irlanda, hacia donde acudieron los ministerios públicos con cargo al erario, por supuesto. Hasta el día de hoy no se ha descrito el tenor de lo expresado por salinas en torno al suceso. Tampoco se conoce la declaración prestada, tiempo después, en abril de 1999 –se cumplen veintiún años ya-, por el entonces mandatario en funciones, ernesto zedillo, respecto al mismo proceso. Para ambos el cobijo de la impunidad ha sido más que un modus operandis.

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INSISTO: NO PUEDE SEGUIRSE NEGANDO, DE MANERA DISCRECIONAL, EL NECESARIO JUICIO DE LA HISTORIA CONTRA LOS GRANDES PREDADORES, VIVOS O MUERTOS. NI PRETEXTAR POR LA ANCIANIDAD LA AUSENCIA DE JUSTICIA. VALE, SÍ, ASUMIR EL CAOS DE NUESTRO PASADO INMEDIATO PARA ACOMPAÑAR A QUIENES SEÑALAN AL IMPERATIVO DE DEFENDER Y PRESERVAR LA SOBERANÍA POPULAR. ES OBLIGACIÓN DE CADA UNO PONER LAS COSAS EN SU LUGAR; ¿PERO CÓMO HACERLO SI SE CUBREN LAS ESPALDAS UNOS A OTROS, SEÑOR PRESIDENTE?