Cuando un político mexicano se atrevió, durante un proceso electoral, a cuestionar el actuar de las instituciones del país, mandándolas incluso “al diablo”, sus competidores se dijeron ofendidos, utilizaron el discurso de la patria mancillada, enfilaron incendiarios discursos en contra de quien osó ofender aquellas instancias que los mexicanos han construido para darse “un buen gobierno y democracia”; pero lo cierto es que, por lo menos con las instituciones electorales, todos los actores políticos del país, sin excepción, se han encargado de generar tal erosión en dichas instancias, que ni su refundación generará nunca certeza a los mexicanos sobre su actuar.

En el discurso, la reforma político electoral estuvo pensada para abaratar elecciones, para garantizar imparcialidad en las instituciones electorales, para construir normas más justas y para brindar a todos los actores políticos la certeza de que, quienes organizan los comicios, lo hagan apegados a los principios que les dan fundamento y sin sesgar su actuación en favor de uno u otro.

La realidad fue absolutamente diferente: los procesos se encarecieron, las normas han generado un complicadísimo entramado que ha ocasionado que el Instituto Nacional Electoral (INE) cometa graves yerros en su actuación, asumiendo tareas de los órganos comiciales electorales –que no desaparecieron como era el objetivo, duplicando además la burocracia-; y todos los partidos, sea desde el INE o la Cámara de Senadores, para el caso de la designación de magistrados electorales, aprovecharon el clásico “cuotismo” partidista; aunque un poco más elaborado.

Eso sí, como estrategia general, todos los actores políticos acusan al árbitro de parcialidad; de que son los magistrados y consejeros instrumentos del poder, que tienen demasiada “cercanía” y sumisión con los gobernantes o partidos; fama por cierto bien ganada, pero nada de ello ocurrió a sus espaldas; muy por el contrario exigieron que así fuera. ¿Y que con ello no se manda al diablo a las instituciones?

¿Algún partido puede decirse engañado con la designación de esos funcionarios? Para el caso de Quintana Roo, y ahora que militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Acción Nacional (PAN) o de la Revolución Democrática (PRD) esperan que el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) resuelva las impugnaciones a sus coaliciones; ¿no recordarán que sus senadores avalaron la designación y reelección de magistrados, a pesar de su cuestionable trayectoria pública y su relación filial con ex gobernadores? Todos mandaron al diablo a las instituciones y lo siguen haciendo; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.