Por Guillermo Robles Ramírez

Durante esta semana se ha comentado de todo entre diferentes grupos sociales en donde los padres de familia se han quejado amargamente sobre los abusos en las escuelas particulares y una que otra pública.

Principalmente colegios privados de kínder, primaria y secundaria vuelven al viacrucis de cada inicio escolar, no siendo la excepción el iniciado para este 2024-2025, en donde los abusos y arbitrariedades se cometen en inscripciones, colegiaturas, y útiles escolares, así como uniformes.

Una película que se repite cada ciclo escolar, aunque por recomendaciones no ha faltado por parte de las autoridades, tal parece que instituciones educativas son inmune a ellas, y más a la desaparición de oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor, decisión tomada exclusivamente por parte del poder Ejecutivo sin preguntarle al pueblo qué es lo que realmente quería. Es así que han quedado vulnerable este sector de la población.

Cuando no ha sido el alza en las inscripciones lo es en la cuota mensual, igualmente lo es en la obligación que imponen esas instituciones educativas del sector privado para comprar uniformes asignados a proveedores señalados como oficiales, si no son de ahí no se garantiza la aceptación de los estudiantes, así como la incorporación del logotipo de la institución y en ocasiones hasta personalizado con el nombre de la estudiante o el estudiante. Lo mismo continua sucediendo con el calzado e incluso con algunos utensilios y textos que son complementos de aquellos libros oficiales asignados por la Secretaria de Educación.

Si bien es cierto que la educación privada coadyuva a la falta de capacidad del gobierno federal o estatal para tener suficientes escuelas para dar cabida a los millones de escolapios mexicanos, también es cierto que muchos padres de familia hacen su esfuerzo económico por buscar un centro educativo de paga para poder ofrecer a sus hijos una mejor calidad de educación. Pero sin importar el motivo o la decisión de pagar un particular, éste no debe de abusarse de la buena fe y disponibilidad de parte de esos padres de familia, o mejor llamados clientes de colegios particulares puesto que cuenta con toda las características y elementos de un contrato entre un particular y un prestador de servicio.

Antes cuando existía oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor, era la autoridad que visitaban personalmente a cada una de las escuelas que anunciaban aumentos en colegiaturas y cuotas específicas, en las que dentro de esas verificaciones hacían recorrido en las instalaciones para ver cuáles eran las condiciones físicas del inmueble, capacidad magisterial, etc., todo aquello que justificara lo que se pretendía cobrar, sin embargo, ahora no existe eso, así que es un robo al despoblado aplicando el dicho popular, “él que quiere azul celeste, que le cueste”.

No debe olvidarse y esto que quede bien claro, que los colegios o escuelas privadas son prestadores de servicios y quedan dentro de las normativas establecidas por Profeco, o al menos cuando existían sus subdelegaciones, y en consecuencia, los padres de familia que son quienes pagan los servicios, son los clientes de esas instituciones, por tanto tienen todos los derechos, mismos que se han visto limitados a la falta de no existir en dónde acudir físicamente, quedando solamente la vía civil o mercantil, pero siendo honestos y pensando con lógica es un contrato de dos particulares en donde no se le está obligando al cliente que pague antes de recibir el servicio.

Puede resultar crudo y rudo el tomar el tema en esos términos, pero es más crudo y rudo que el servicio que se da a los hijos no represente lo que sus papás pagan en muchos de los casos con bastante sacrificio. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org