México, 26 oct (PL) Mientras el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, reiteró que su gobierno trabaja con determinación en la búsqueda de 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace hoy un mes, familiares de las víctimas respaldados internacionalmente exigen su localización.
Otra demanda era la licencia del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, que ocurrió hace tres días, y hoy asume en el cargo, de forma interina, Rogelio Ortega, secretario general de la Universidad Autónoma de la entidad, según medios de prensa.
Peña Nieto dijo hace dos días que el gobierno federal colaborará con el nuevo gobernador de Guerrero para restaurar la seguridad y el desarrollo de ese estado porque el reto común «es redoblar esfuerzos para acelerar el desarrollo y asegurar que el estado de derecho impere en todo el territorio nacional».
No obstante en la entidad federal guerrerense organizaciones que integran la Asamblea Nacional Popular (ANP) acordaron que continuarán su plan de acción «radical» hasta que aparezcan los estudiantes de Ayotzinapa; de acuerdo con medios de prensa locales, tienen tomados 19 ayuntamientos, de 81 que hay en ese estado.
Pese a las medidas gubernamentales, la detención y consignación de 52 personas entre policías y funcionarios locales, e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, de quien se capturó a su líder máximo, Sidronio Casarrubias, todavía prevalece la incógnita oficial de donde están los estudiantes desaparecidos.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, dio a conocer el recuento y el móvil de los hechos, el modo de operar, y los motivos del grupo delictivo, de la policía y funcionarios de Iguala y Cocula, el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias.
Durante la noche del 26 de septiembre pasado era el propósito disuadir a un grupo de personas para no hacer presencia en el evento de celebración donde estaban el alcalde de Iguala, José Luis Abarca; y su esposa, María de los Ángeles Pineda, con motivo de un informe de ésta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, que ella presidía.
Esa noche, estudiantes de la normal de Ayotzinapa llegaron en dos autobuses al municipio guerrerense de Iguala, donde tomaron por la fuerza dos unidades más, pues querían recaudar fondos por «boteo» para financiar sus estudios y un viaje a la capital de México a fin de participar en la marcha del aniversario 46 de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre.
Según las investigaciones de la PGR, Abarca ordenó a la policía local «enfrentar» a los estudiantes, los agentes persiguieron y dispararon contra los camiones en los que iban los normalistas, y causaron la muerte de tres de ellos y de otros tres civiles: un futbolista menor de edad, un chofer de autobús y una ama de casa.
Tras la agresión, los policías llevaron a los detenidos a su cuartel y, posteriormente, ayudados por policías del vecino municipio de Cocula, los entregaron en Pueblo Viejo al cártel de los Guerreros Unidos, con el aval de Casarrubias.
Murillo dijo el martes pasado que se tienen identificados a tres miembros de Guerreros Unidos, quienes recibieron de los policías de Cocula y de Iguala a los detenidos y «conocemos el camino por los que fueron internados y las fuerzas federales se encuentran en su búsqueda».
Guerrero es el estado con mayor presencia de cárteles, células y pandillas vinculadas al narcotráfico en México, revela un detallado mapa que elaboró la Procuraduría General de República, difundido esta semana por la revista Contralínea.
La publicación argumentó que son cinco grandes organizaciones criminales -Los Zetas, el Cártel del Pacífico, los Caballeros Templarios, el cártel de la Barbie y los Beltrán Leyva-, los cuales controlan a otras 21 de menor tamaño.
Entre éstas últimas se encuentra la de Guerreros Unidos, supuestamente responsable de las ejecuciones de al menos 17 normalistas, especificó esta publicación dedicada al periodismo investigativo.
La PGR subió ayer a 38 la cifra de cuerpos hallados en fosas clandestinas, con lo que la cantidad de cadáveres localizados hasta la fecha continúa elevándose.
Los primeros exámenes se basaron en pruebas genéticas que entregó la Fiscalía General de Guerrero y resultaron negativos; el peritaje ahora corre a cargo expertos argentinos que tomaron muestras directas de los familiares de los estudiantes desaparecidos y se esperan los resultados.
Al menos 15 mil personas participaron el 8 de octubre en una primera megamanifestación en la capital federal, en protesta por la desaparición de los normalistas; siete días después, estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM) realizaron un paro de 48 horas.
El 22 de octubre alrededor de 50 mil manifestantes en Ciudad de México efectuaron otra megamarcha, a la que se sumaron en territorio nacional protestas en Iguala, Morelia, Oaxaca y Chiapas.
Mientras, alumnos de la Asamblea Interuniversitaria acordaron una tercera megamanifestación a nivel nacional el viernes 31 de octubre, en coordinación con trabajadores de la educación del país y la población en general, en demanda de la localización de los alumnos de Ayotzinapa y para que hechos como estos no se repitan.