Francisco Tomás González Cabañas

En Argentina asistimos, a un acuerdo entre todos los espacios políticos con representación parlamentaria para llevar a cabo un nuevo intento de reforma política, que en el presente caso, apunta a lo meramente electoral, para suspender o eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Independientemente de que podamos estar de acuerdo con el trámite, en este documento, queremos dejar en claro, que solamente se trata de eso: una tramitación menor.
Cansados y aburridos, partiendo del obvio diagnóstico que la vinculación entre votantes y votados, debe ser restablecida o resignificada, pese a los destellos de supuestas confrontaciones ideológicas o de fondo, aumentadas por el aparato mediático o de redes, se pretende instalar en la opinión pública y sobre todo en la publicada o «posteada» que nuestros representantes, tratarán algo importante en el seno del legislativo, bajo los presupuestos de modificar las reglas electorales, suspendiendo o eliminando las primarias, exigiendo o demandando a los candidatos no estar bajo condena del judicial y demás maquillajes que no hacen, ni por asomo al fondo de la cuestión. 
Sobran las excusas para no llevar a cabo una discusión conceptual o basal acerca de uno de los temas más fundamentales de las democracias actuales, como la nuestra. Una de las más fuertes y utilizadas, es mera y obtusamente, procedimental. Cuando desde espacios como el nuestro, que no están financiados ni directa ni indirectamente por el erario público, con el sólo fin de contribuir, patriótica y democráticamente a entendernos mejor políticamente, se descartan in limine nuestras palabras, en primer lugar por ser un compendio largo, en segunda instancia porque no surgen de la inteligencia artificial y finalmente, se nos achaca que para lo pretendido se necesitaría una reforma constitucional, una instancia que siquiera aceptan pensarla en llevarla a cabo alguna vez. El problema en la política, entendida desde la consideración de los individuos que la conforman y que participan de ella, es final y lamentablemente, que no se quiere pensar. Nosotros, sin embargo, estamos para ello, pidiéndoles desde ya disculpas a quiénes esta actividad de lo humano les pueda molestar, y rogándoles en el caso de que detenten poder, que no usen el mismo para perseguirnos o cancelarnos por el mero hecho de hacerlo. 
Creemos en este comunicado que la función del intendente, del jefe comunal o alcalde, debe ser reformulada y recategorizada. 
La división administrativa del estado nunca debió haber sido ordenadora de lo político. Un ciudadano en Argentina, es gobernado por un intendente, por un gobernador y por un Presidente. Representado, a su vez, por ediles locales, legisladores provinciales y legisladores nacionales. Todos votados libre y directamente en elecciones periódicas. 
La función de un intendente, jefe comunal o alcalde, es meramente administrativa o procedimental. No existe potestad política alguna que puedan ejercer estos gobernantes. Al no haberse fijado este discernimiento, recae en la ciudadanía la falsedad ideológica que se vota a alguien para que tome acciones políticas, cuando en verdad no las puede hacer bajo ningún concepto dado que no forma parte ni de sus funciones, ni cuenta con las atribuciones para ello. 
Un intendente, puede a lo sumo crear una tasa municipal o modificar una existente, determinar el horario o los modos de organizar los servicios elementales que son su responsabilidad ínsita, como la recolección de basura, la limpieza o creación de espacios públicos o la organización de eventos bajo su auspicio, que bien lo realizan organizaciones no gubernamentales, privados o finalmente áreas de la administración provincial o nacional. 
Estos ídolos de pies de barro, no hacen más que generar confusión y alimentar las falsas expectativas de una ciudadanía que precisa de respuestas concretas a sus demandas y no ser confinada a la maraña administrativa-política que termina por no brindar respuestas concretas y efectivas. Es decir: ¿Cuán efectivo puede resultar que el intendente de un pueblo de 700 habitantes, tenga un secretario de salud municipal, a quién se debe pagar, para que cree como gran acierto en su función o la de su jefe, una campaña para repartir preservativos, cuando en verdad la función del jefe comunal, es más básica, sencilla, lineal y económica, garantizando que los programas de políticas públicas dimanados de la provincia y la nación, lleguen efectiva y eficazmente a su comuna?
Un ciudadano cuando vota un Intendente, cree, piensa, siente y así le hacen saber, que vota a alguien con una capacidad de atender asuntos que no están ni dentro de sus funciones o atribuciones. Ni normativas, presupuestarias ni políticas. 
Un jefe comunal, jamás podrá llevar a cabo acciones públicas, que excedan el marco de su rol meramente administrativo, cuasi delimitado a la figura de un delegado o intermediario, entre el gobernador, sus funcionarios y el presidente y sus áreas de gestión y la gente o la ciudadanía. En el caso de que lo pretenda realizar, se cae en la situación actual dónde se difumina la función esencial del jefe comunal, convirtiéndolo en un político, en la consideración negativa del término, que disputa poder faccioso o sectorial para lograr el único y desleal cometido de manejar y no administrar un botín más grande, de manera, siempre, discrecional. 
Un intendente no es más que, de acuerdo a nuestro compendio normativo y nuestra organización republicana,  un «quinta columna» administrativo, un funcionario jerarquizado por el voto popular. 
No pretendemos evitar la elección ciudadana de los intendentes, lo que sí proponemos es que los mismos sean propuestos a consideración del voto de la ciudadanía de la siguiente manera. 
El gobernador de cada provincia, en cada municipio, convocará a los 4 partidos políticos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la última elección de tal distrito. Esos partidos, elevarán, por intermedio de sus organismos deliberativos correspondientes, un candidato a intendente para la localidad. Los ciudadanos deberán elegir entre esos 4 candidatos. Quedará en claro, de esta manera, sin afectar la voluntad electoral, el rol y la función de los intendentes, de ser básica y prioritariamente, funcionarios votados, pero funcionarios al fin, administrativos, en el marco de las políticas públicas que defina el gobernador y a nivel nacional, el presidente. Ambos, votados, también por la ciudadanía, y con la atribución de establecer políticas generales y trazos políticos, que luego se desarrollan en la dinámica de las administraciones o el funcionariado. 
Además de dejar en claro el rol y la función de un elemento basal de lo democrático, como la figura del intendente, será mucho más propicio ser de esta manera, receloso, cuidadoso o responsable en los gastos que lleva a cabo el estado, a título de beneficio para la ciudadanía. 
Repensar de esta manera la arquitectura de la división del estado, facilitará la tarea de aquellos que ideológicamente creen en que reducirlo es agrandar la nación, y para los espacios que no crean en esta posición, igualmente les resultará atinente el poder generar una administración más eficiente, como presente (en esa eficiencia y no en lo simbólico de tener tantos funcionarios jerarquizados en nombre del mismo bien común) y por sobre todo una comunicación más clara, leal y real con la ciudadanía o el electorado.
Club Mundial de Filosofía. Francisco Tomás González Cabañas. Argentina.