México es uno de los países que más leyes tiene aparte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también somos la primera nación que cuenta con el mayor número de Diputados locales y federales al igual que Senadores y Legisladores.

Tantos representantes del pueblo concentrados ante todas las Cámaras locales y federales en donde en teoría defienden los intereses de los ciudadanos pero no solo eso sino también la protección de los mismos.

Mucho se ha hablado de ambas situaciones, es decir, muchos diputados, senadores y legisladores que mantener no solo sus sueldos ostentosos sino también sus canonjías reflejadas en pago de impuestos, gastos médicos, dietas, etc., y a cambio de ello la ciudadanía no recibe nada por ser sus representantes, pues el nivel de pobreza va en aumento, muchos desempleados, profesionistas sin oportunidad de trabajo por la mala planificación estructural a un desarrollo económico de acuerdo a las necesidades propias del país; pero sobre todo para la gente más vulnerable no tienen algo tangible para mitigar sus propias frustraciones e impedimentos para sacar adelante lo más elemental.

Por otro lado, existen demasiadas leyes que nunca se ponen en práctica en su totalidad y aquellas que parecieran funcionar siempre con el obstáculo de los huecos legales o simplemente la misma burocracia las hace complejas cuando no debería de serlo.

En su mayor parte, quienes nos representan ante las Cámaras y pecando de prejuicioso da la impresión que para justificar su existencia laboral se han convertido en un maquilador de iniciativas y reformas a leyes que en teoría o al menos su primera impresión son bien intencionadas, otras reinventan el “hilo negro” y aquellos que son buenas aunque no son tratadas de fondo como aquella realizada y aprobada ante el Congreso local de Morelos y Chiapas, sobre la campaña realizada para la eliminación de venta de alimentos chatarras en escuelas como una medida preventiva de combatir la obesidad infantil, misma que fue desechada o mejor dicho invalidada por la Suprema Corte de Justicia al determinar que los congresos estatales no pueden regular la venta de alimentos y bebidas al interior de las escuelas, por ser competencia de la federación.

Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer nuevas leyes que no queden bailando en el aire o simplemente hacer una para justificar el trabajo o como suele suceder en la mayoría de ellos no determinan los mecanismos y presupuestos para poderse llevar a cabo.

Ahí tenemos un caso concreto en nuestra entidad en donde el día lunes de esta semana el Congreso del Estado de Coahuila saca una nueva Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar en Coahuila, en donde el tema realmente sí es importante, sin embargo, no deja de quedar incompleto y mencionando simplemente algunos puntos en ella se encuentra la inhabilitación de los directores que no den atención oportuna en los casos de “Bullying”, aunque en un principio jurídicamente no existe el concepto como tal por lo tanto no hay delito bajo ese término. Pero para echarle más leña al asunto tampoco viene estipulado como causa de destitución o despido ante la Ley Federal de Trabajo, ni contrato sindical.

Ahora bien también dentro de ésta misma nueva ley ya aprobada se contempla lo siguiente, “todas las instituciones deberán de contar con personal capacitado”.. “la ley obliga a la Secretaría de Educación a crear un Plan de Prevención del Acoso Escolar que incluirá pláticas y el otorgamiento de información a los alumnos”…. “los directores serán los encargados de aplicar el plan y tendrán que ser revisados cada dos años”.. “la SEDU tendrá que crear un Plan de Intervenciones en casos de Acoso Escolar…así como tener a disposición de todas las escuelas un protocolo de capacitación para el personal escolar, y la creación de un Registro Estatal para Control del Acoso Escolar”.

Estos son solamente algunos de los puntos mencionados en la nueva ley recién aprobada en donde deja más preguntas e inconclusos para poder darle seguimiento o que simplemente se cumpla.

Alguna preguntas que pudieran surgir son ¿Quién será el personal capacitado?, es decir, serán nuevas contrataciones, quién las va a certificar. ¿De qué manera se le va a obligar a la Secretaría de Educación a crear un Plan de Prevención de Acoso y un Plan de Intervenciones en casos de Acoso Escolar?, en otras palabras quién va a desarrollar éste tipo de manuales y de dónde saldrá el presupuesto para su elaboración e impresión de las mismas e instituirlas dentro de la SEDU. Lo mismo sucede sobre la disposición en cada escuela sobre ese mismo protocolo, dicho de otra manera la carencia de recursos y sobre todo el origen del mismo para poder realizar la logística que se pretende hasta para la creación de un padrón de control de acoso. Y lo más grave de todo esto es que dentro de la misma Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar en Coahuila existe una anticonstitucionalidad en donde se hace mención que los infractores de acoso escolar se les impondrán diversas sanciones, desde una amonestación hasta la expulsión del plantel siendo esta última imposible de realizar sin el consentimiento de los padres de familia o tutor porque se contrapone con el Artículo 3 de la Constitución Mexicana y además viene como tratado internacional en los Derechos de los Niños: “El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales”. Definitivamente nuestros diputados y legisladores se han convertido en puros maquiladores de leyes sin fondo. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org