México (PL) El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zaid Ra’ad Al Hussein, visitó México invitado por el presidente Enrique Peña Nieto, y su conclusión fue que el país vive una profunda crisis en la materia.
Al funcionario de Naciones Unidas no le faltaron interlocutores. En tierra mexicana se reunió con representantes de organizaciones civiles, víctimas de violaciones, familiares de los desaparecidos y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Del lado oficial se vio las caras con los más importantes cargos del ejecutivo y los poderes del Estado. Fue recibido por el jefe de Estado, los secretarios de Gobernación, Defensa, Relaciones Exteriores y el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Igualmente tuvo encuentros con la procuradora general de la República, senadores federales, con el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Comisionado Nacional de Seguridad.
Al Hussein reconoció que en los últimos cuatro años tuvieron lugar desarrollos legislativos que pavimentaron el camino para leyes generales respecto a dos de los problemas más apremiantes: la desaparición forzada y la tortura.
Refirió también avances que incluyen la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley General de Víctimas, la Ley de Amparo y más recientemente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Federal de Procedimientos Penales.
De sus encuentros gubernamentales encomió la información recibida sobre medidas de políticas públicas como la adopción del Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018), protocolos para investigar la tortura y las desapariciones, así como programas de alerta de géneros y para encarar los retos migratorios.
Pero en una concurrida conferencia de prensa, poco antes de abandonar el país y tras reunirse con el jefe de Estado, el Alto Comisionado afirmó que «a pesar de este progreso dirigido a construir un sólido marco de derechos humanos  (…)  mi visita ha sido aleccionadora en cuanto a las realidades cotidianas de millones de personas en México».
Subrayó entonces que no es el funcionario, ni la ONU, ni los representantes del Estado quienes juzguen y califiquen lo que se ha hecho en el país, si ha sido suficiente o no. «Sólo la gente puede hacer esto, especialmente aquellas personas en mayor desventaja, las víctimas del delito o las familias de éstas son quienes tienen la credibilidad para emitir este juicio», enfatizó.

ASESINATOS, DESAPARICIONES… IMPUNIDAD
Convino entonces en que «muchas de las personas con las que he hablado ilustraron una imagen muy desalentadora -y consistente- de una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos».
Las propias estadísticas indican que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca investigados. Ello explica que la ciudadanía se sienta insegura pese a que en los dos últimos años bajaron las tasas de homicidios y secuestros.
Tampoco sorprendió que Al Hussein, en declaración oficial, afirmara que hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México.
De ello hablan otras estadísticas que él calificó de «impactantes» para una nación que no se encuentra en medio de un conflicto armado. Entre diciembre de 2006 y agosto de 2015 fueron asesinadas en México 151 mil 233 personas, incluidos miles de migrantes en tránsito.
En el informe oficial de la visita del Alto Comisionado de la ONU se consigna que desde 2007 hay al menos 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas.
Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes, añade el texto.
El Comisionado condenó aquí la violencia de «los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado que han hecho miserable la vida de mucha gente en varios de los 32 estados de la República».
Pero a continuación acotó que muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, «ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado».
Un caso a la vista es el crimen de Iguala, ciudad del estado de Guerrero donde en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías municipales asesinaron a seis personas, hirieron a más de una veintena y desaparecieron (en unión del cartel Guerreros Unidos) a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Es por ello que entre las conclusiones de su visita a México, Al Hussein subrayó que el corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que movilizan estos grupos está cooptando o corrompiendo instituciones clave,» y en algunas regiones, reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel».
La masacre de Iguala -indicó- es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo del país. De manera particular, puso de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero.
Según el Comisionado, es insuficiente el quehacer gubernamental para salvaguardar los derechos humanos de la población. En tal sentido hizo algunas recomendaciones, entre ellas fortalecer de manera urgente las procuradurías y la capacidad de la policía para ejercer sus funciones de seguridad pública.
También adoptar un cronograma para el retiro de los militares de las funciones de seguridad pública, un tema controvertido pues las Fuerzas Armadas están en la primera línea de la batalla contra el crimen organizado aunque sin un marco legal establecido para ello.
Finalmente Al Hussein instó al gobierno mexicano a implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales sobre el crimen de Iguala, así como considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.
Para el funcionario de la ONU, la situación de los derechos humanos en esta nación es trágica y lamentable. Demanda, apuntó, voluntad y sentido de urgencia. En la materia, México fue reprobado.